Este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, Empresa INTEGRAL DE SEGURIDAD, C.A., representada en este acto por su Apoderado Judicial, abogado SCHLAYNKER FIGUEROA, en contra de la decisión dictada en fecha 09 de Agosto de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de ésta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: Se revoca la decisión dictada en fecha 09 de Agosto de 2004 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de ésta Circunscripción Judicial. TERCERO: Se acuerda remitir la presente causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial a los fines de que fije nuev.....

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: UNICO: LA PRESCRIPCION DE LA ACCION, instaurada por el ciudadano HILDEGARDIS RODRIGUEZ, por COBRO DE BOLIVARES (LABORAL), contra la empresa CONSTRUCTORA COCCORESE, S.R.L.; ambas partes plenamente identificadas.

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR FALTA DE PAGO.-EXPEDIENTE DE COMISION EMANADO CON OFICIO N° 9157-280, DEL JUZGADO DEL MUNICIPIO MANEIRO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA (PAMPATAR).- ASUNTO: MEDIDA PREVENTIVA DE SECUESTRO.- OBSERVACIONES: EXPEDIENTE DE COMISION DEVUELTO AL TRIBUNAL COMITENTE DEBIDAMENTE CUMPLIDA LA MISION DEL TRIBUNAL, CON OFICIO N° 218-2004, CONSTANTE DE QUINCE (15) FOLIOS UTILES, EN FECHA: 02-09-2004.-

EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: En cuanto a la calificación del Procedimiento, este Tribunal comparte la calificación fiscal, ya que el modo de aprehensión y del compendio probatorio aportado se encuentran elementos suficientes para determinarlo. En consecuencia se acuerda decretar el PROCEDIMIENTO ORDINARIO de conformidad con lo dispuesto en los artículos 551 al 561 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se ordena remitir el presente expediente a la Fiscalía Séptima del Ministerio Publico, a los fines legales consiguientes ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO En cuanto a la calificación fiscal dada al delito de ROBO GENERICO, previsto en el artículo 457 del Código Penal, comparte la misma, en virtud de que de los hechos enunciados por el ministerio público y adminiculados con las actas policiales hacen presumir fundados indicios de la participación del adolescente IDENTI.....

En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Se REVOCA el auto de avocamiento de fecha 18 de Agosto de 2.004 (folio 53 de la pieza III del expediente), SEGUNDO: ME AVOCO al conocimiento de la presente causa, a los fines de la prosecución del proceso, la cual seguirá su curso normal una vez transcurridos diez (10) días de despacho, contados a partir de la última de las notificaciones realizadas a las partes, de conformidad con lo pautado en los artículos 174 y 233 del Código de Procedimiento Civil, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 14 eiusdem. ASI SE DECIDE. Cúmplase.

PRIMERO: Con lugar la demanda que por EJECUCIÓN DE HIPTECA sigue El BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL C.A., contra los ciudadanos MARCELINO HERACLIO GÓMEZ FERMÍN Y DORIS DEL VALLE RODRÍGUEZ DE GÓMEZ SEGUNDO: Se acuerda la continuación de la ejecución hipotecaria constituida sobre el inmueble identificado en el documento hipotecario, procediéndose conforme a lo establecido en el primer aparte del artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, limitando la ejecución a las siguientes cantidades: a.- La cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (Bs. 3.715.874,90) que corresponde a catorce (14) cuotas de amortización, vencidas y no pagadas desde el 30 de Enero de 2002 hasta el 28 de Febrero del 2003; ambas fechas inclusive. b.- Los intereses por concepto de mora derivado de la falta de pago de cada una de las catorce (14) cuotas del préstamo vencidas desde el 30 de Enero de 2002 hasta el 28 de Febrero 20.....

V.- Decisión En merito de las consideraciones precedentemente expuestas éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Administrado Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: Primero: Sin Lugar el recuso de apelación interpuesto por la abogada Blanca González Nava en su carácter de apoderada judicial de la demandada Inversiones Maastricht C.A contra la sentencia de fecha 22.10.1999 dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial. Segundo: Se confirma en todas y cada una de sus partes el fallo apelado dictado en día 22.10.1999 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Tercero: Se condena en costas del recurso a la apelante de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil por haberse confirmado .....

este Tribunal provee de conformidad con lo solicitado y en consecuencia le imparte su Homologación, de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, asimismo ordena levantar la medida de Enajenar y Gravar dictada por este Tribunal en fecha 30 de julio del 2003,

Por lo anterior, y en virtud de que es deber del Juez vigilar estrictamente los presupuestos procesales para decretar medidas cautelares innominadas; en este caso y por todo lo anteriormente expuesto, considera este Tribunal IMPROCEDENTE el decreto de la medida cautelar innominada solicitada. Así se decide.-Cúmplase.

...este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de este Estado, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley conforme a lo establecido en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y dejando a salvo en todo caso los derecho de terceros, declara al ciudadano PABLO HERNANDEZ MILLAN, plenamente identificado en autos, como el UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, de su causante, RAFAEL ENRIQUE HERNANDEZ ORTEGA.- Tómese nota de este decreto en el Libro Diario y devuélvase originales de estas actuaciones a los interesados.-