esta Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, y Ejecución, habiendo constatado de autos la documentación necesaria a los fines de conceder dicha autorización, prescinde de la celebración de dicha audiencia, y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad que le confiere la Ley, considera procedente y ajustado a derecho, Primero: Declarar con Lugar la Solicitud de Autorización Judicial, incoada por la ciudadana Maria Alejandra Mora Campos, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.381.219, en beneficio de la niña"Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes". Segundo: Autorizar a la ciudadana Maria Alejandra Mora Campos, antes identificada, para que acuda ante la autoridad competente, a realizar los trámites necesarios tendentes a la tramitación y obtención del Pasaporte, ante las Oficinas del Servicio Ad.....

En tal virtud, este Despacho Judicial, admite la misma por no ser contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos los referidos acuerdos, considerándolo como asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido los Artículos 315 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes respectivamente. Señalando esta Instancia a las partes intervinientes en el presente caso, que el incumplimiento del acuerdo conciliatorio celebrado, acarreará la sanción dispuesta en el Artículo 245 ejusdem, que establece: "Quien incumpla un acuerdo conciliatorio realizado.....

Considera esta Juzgadora que se encuentran llenos los extremos del artículo 236 en su 2° ordinal, toda vez que de las actas aportadas, existe la convicción de que los hoy imputados son autores o partícipes del delito que se les imputa, ello tomando en consideración el contenido del acervo probatorio fiscal, los cuales dimanan de: Acta policial de fecha 14 de junio de 2013 suscrita por la Estación Policial de Antolin del Campo, donde se evidencian las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos; Acta de denuncia presentada ante la Estación Policial de Antolín del Campo de Inepol, por el ciudadano Alía Antonio Arismendi González; Acta de Entrevista a la ciudadana Yannira José Velásquez Salazar, de fecha 14 de junio de 2013; de las actas de lectura de derechos de los imputados, experticia No. RN 417-006-2013 suscrita por Carlos Mosqueda, a los objetos recuperados, Inspección Técnica No. 472-06-2013 con fijación fotográfica de vivienda, del registro de cadena de.....

Así las cosas, considera el Juez que suscribe que por cuanto la parte querellante desde esa oportunidad, hasta la fecha en que se produce el presente fallo, no ha realizado actuación alguna tendiente a impulsar el presente procedimiento, ha transcurrido mas de un (01) año de absoluta inactividad, operando de esta manera el supuesto establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. De manera tal que, resulta forzoso para este Juzgado Superior DECLARAR CONSUMADA LA PERENCIÓN y, por consiguiente, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial conjuntamente con Amparo Cautelar presentado por el ciudadano RONALD PIÑERUA contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Jueza del Tribunal Tercero de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos FRANK ADNER FERNANDEZ PEREZ y RORAIMA JOSEFINA RODRIGUEZ LARA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-6.483.998 y V-9.975.903 respectivamente, contraído en fecha seis (6) de septiembre de 2002 ante el Registro Civil del Municipio García del Estado Nueva Esparta, inscrito bajo el N° 38, folios 75 al 76 de los Libros de Registro Civil de Matrimonios correspondiente al año 2002.

Este Juzgado declaró Desistido el Recurso de Apelación de conformidad con lo establecido en el artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y condenó en costas a la parte apelante de conformidad con lo establecido en el artículo 62 Ejusdem. Asimismo se acordó remitir la presente causa al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, una vez vencidos como se encuentren los lapsos legales.

Por lo antes expuesto, este Tribunal del Municipio Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Extinción de la Acción por pérdida de interés procesal de la parte solicitante, ciudadano HENSO EDUARDO SÁNCHEZ ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 18.401.753.- SEGUNDO: Se da por terminado el procedimiento y se ordena el archivo del expediente.

Por lo antes expuesto, este Tribunal del Municipio Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Extinción de la Acción por pérdida de interés procesal de la parte solicitante, ciudadana DAMELIS JOSÉ MILLÁN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.381.343.- SEGUNDO: Se da por terminado el procedimiento y se ordena el archivo del expediente.

En tal virtud, esta Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, ADMITE la misma por no ser contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos el referido acuerdo, considerándolo como asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido los Artículos 315 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En tal virtud, esta Jueza del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, ADMITE la misma por no ser contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos el referido acuerdo, considerándolo como asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido los Artículos 315 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.