En razón de las consideraciones anteriormente expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara CULPABLE al acusado WILKINS RICHARD SALAZAR ROSARIO, plenamente identificado anteriormente, de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal vigente y los CONDENA de a cumplir la pena DIEZ (10) AÑOS DE PRISION, mas la ACCESORIA establecida en el numeral 1° del artículo . Y ASI SE DECIDE. Publíquese, regístrese, déjese copia de la sentencia y notifíquese a las partes esta decisión, por cuanto la misma ha sido publicada fuera del lapso establecido. Remítase en su oportunidad legal la presente causa en su estado original al Juzgado de Ejecución respectivo. Dada, firmada y sellada en el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, a los catorc.....

Vistos y analizados los anteriores particulares, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: NIEGA LA SUSTITUCIÓN DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD QUE PESA SOBRE LOS CIUDADANOS RICHARD ALEXANDER GONZÁLEZ Y JORGE LEONARDO ARRIOJAS, POR UNA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, en virtud de no haber variado las circunstancias por las cuales fue decretada la medida de Privación Judicial Prevenida de Libertad en contra del mismo en fecha 11 de octubre de 2011, conforme lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo necesario el mantenimiento de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad para asegurar las resultas del proceso, al encontrarse llenos los extremos establecidos por el legislador penal en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 25.....

esta Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, ADMITE la misma por no ser contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos el referido acuerdo, considerándolo como asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido los Artículos 315 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Señalando esta Instancia a las partes intervinientes en el presente caso, que el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrado, acarrear.....

... éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Pretensión de Nulidad de Venta, intentada, por la ciudadana YERISEL EMIRA DE LA ROSA BALDAN, en contra de los ciudadanos JOSÉ SÁNCHEZ GARCÍA y LISBETH JOSEFINA LÓPEZ ESPINOLA, identificados con las cedulas de identidad números E-82.252.371 y V-13.650.789. NULA la venta del inmueble constituido "por una (01) Pent-House, identificada con el N° 36-A con número Catastral EA6713, ubicado en el Quinto Nivel de anexo de la Torre "A" del Edificio Residencial La Mirage, constituido además por tres (3) puestos de estacionamiento de vehículos y el maletero distinguido con el N° 36-A, ubicados en el Nivel tres (03) del área de estacionamiento del Edificio, el cual esta construido en la Parcela de Terreno N° 18, del Sector M de la Ur.....

En tal virtud, este Despacho Judicial, admite la misma por no ser contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos los referidos acuerdos, considerándolo como asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido los Artículos 315 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes respectivamente. Señalando esta Instancia a las partes intervinientes en el presente caso, que el incumplimiento del acuerdo conciliatorio celebrado, acarreará la sanción dispuesta en el Artículo 245 ejusdem, que establece: "Quien incumpla un acuerdo conciliatorio realizado.....

En tal virtud, esta Jueza del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, admite la misma por no ser contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa del ordenamiento jurídico y tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos el referido acuerdo, considerándolo como asunto pasado en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en los Artículos 315 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Señalando esta Instancia a las partes intervinientes en el presente caso, que el incumplimiento del acue.....

Vistos y analizados los anteriores particulares, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: NIEGA LA SUSTITUCIÓN DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD QUE PESA SOBRE LA CIUDADANA MARIA GABRIELA ROMERO HERNANDEZ, POR UNA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, en virtud de no haber variado las circunstancias por las cuales fue decretada la medida de Privación Judicial Prevenida de Libertad en contra del mismo en fecha 30 de abril de 2011, conforme lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo necesario el mantenimiento de dicha medida para asegurar las resultas del proceso, al encontrarse llenos los extremos establecidos por el legislador penal en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 250, y artículo 251 numerales 2° y 3°, ejusdem. SEGUNDO: Se ordena no.....

En consecuencia en el caso que nos ocupa, que el delito por el cual es procesado el imputado, es uno de los establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, no siendo competente para el conocimiento de los mismos este Tribunal de Control Penal Ordinario, ya que existen Tribunales competentes por la materia para conocer sobre delitos de violencia contra la mujer, se DECLINA LA COMPETENCIA, a los Tribunales de Control en materia de Violencia contra la Mujer a los fines de que conozca el presente proceso, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese el correspondiente oficio de remisión.

En consecuencia en el caso que nos ocupa, que el delito por el cual es procesado el imputado, es uno de los establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, no siendo competente para el conocimiento de los mismos este Tribunal de Control Penal Ordinario, ya que existen Tribunales competentes por la materia para conocer sobre delitos de violencia contra la mujer, se DECLINA LA COMPETENCIA, a los Tribunales de Control en materia de Violencia contra la Mujer a los fines de que conozca el presente proceso, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese el correspondiente oficio de remisión.

En consecuencia en el caso que nos ocupa, que el delito por el cual es procesado el imputado, es uno de los establecidos en la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, no siendo competente para el conocimiento de los mismos este Tribunal de Control Penal Ordinario, ya que existen Tribunales competentes por la materia para conocer sobre delitos de violencia contra la mujer, se DECLINA LA COMPETENCIA, a los Tribunales de Control en materia de Violencia contra la Mujer a los fines de que conozca el presente proceso, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y 69 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese el correspondiente oficio de remisión.