RATIFICA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha ocho (8) de abril de 2004, por el Tribunal Segundo de Control, en contra de los ciudadanos TONY DEL JESUS SUAREZ ALEMAN y ALBERTO AMUNDARAY, por la presunta comisión de los delitos de OCULTAMIENTO DE ESTUPEFACIENTES, previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DE DELITO, previsto y sancionado en el artículo 472 del Código Penal, por persistir presunción razonable de peligro de fuga, en razón de la pena que podría llegarse a imponer y la magnitud del daño causado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250 y 251 ordinales 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes.

RATIFICA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha 27 de abril de 2005, por el Tribunal Cuarto de Control, en contra del ciudadano CARLOS ROSMAR HERRERA GIL, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto en el artículo 458 del Código Penal en relación con los artículo 80 y 82 eiusdem, por cuanto no han variado las circunstancias que soportaron la medida, por la presunción razonable de peligro de fuga, sobre la posible pena a imponer y la magnitud del daño causado, todo conforme a los artículos 250, 251 numerales 2 y 3 y parágrafo primero y 264 del Código Orgánico Procesal Penal.

RATIFICA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada en fecha treinta (30) de octubre de 2005, por el Tribunal Segundo de Control, en contra del ciudadano WILFREDO JOSE MARQUEZ, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto en el artículo 31 tercer aparte de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por persistir presunción razonable de peligro de fuga, en razón de la pena que podría llegarse a imponer y la magnitud del daño causado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250 y 251 ordinales 2° y 3° del Código Orgánico Procesal Penal.