Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se evidencia que el instar de la parte apelante, se detuvo en la presente acción de Amparo Constitucional, pues, la última actuación procesal que realizó a fin de que fuese dictado el fallo correspondiente, es de fecha 11 marzo de 2002, luego de esa oportunidad, la parte accionante no exigió mas justicia, dejó de pedirla a los órganos jurisdiccionales, en tal sentido, si bien la presente causa, se encuentra en segunda instancia, es evidente que la misma se encuentra inactiva por las partes desde hace mas de diez (10) años, con lo que ha operado con creces, el lapso de caducidad de seis (06) meses, al cual se ha hecho referencia en el criterio jurisprudencial antes trascrito, sin que la parte apelante haya comparecido a fin de manifestar su interés en que la misma sea decidida, lo cual hace presumir que la violación o la amenaza de violación que originó la interposición de la presente acción no es actual o inmediata, además de que no se evidencia.....

Sin embargo, luego de esa fecha no existe constancia en autos de que la parte querellante haya realizado actuación alguna tendente a lograr que las notificaciones ordenadas en el referido auto de admisión, fueran debidamente practicadas, transcurriendo así con creces, desde el 29 de febrero de 2012, hasta la presente fecha, mas de un año, excluyendo los lapsos de recesos judiciales del 15 de agosto al 15 de septiembre de 2012 y del 23 de diciembre de 2012 al 07 de enero de 2013, así como el tiempo transcurrido desde el 26 de marzo de 2012 al 21 de mayo de 2012, durante el cual este tribunal no dio despacho a causa de la suspensión de la ciudadana VIRGINIA VASQUEZ GONZÁLEZ, quien se desempeñaba como Juez Provisoria de este Tribunal. De manera tal que, en la presente causa, ha transcurrido con creces el lapso de inactividad requerido conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, para que opere la perención de la instancia.

En concordancia con lo anterior y en virtud de los principios de funcionamiento de la Administración Pública, las empresas, sean éstas públicas, privadas, mixtas o comunitarias que presten un servicio público, deben garantizar a sus beneficiarios un debido acceso al servicio y además la posibilidad de que puedan quejarse por la falta, demora o deficiencia del servicio. Por lo que están obligados a tramitar de manera expresa, oportuna y motivada los reclamos de sus usuarios. En este sentido, existen previstos en nuestro ordenamiento jurídico ciertas herramientas legales, de las cuales pueden servirse las comunidades organizadas para ejercer el control y demandar mejoras en la calidad de la prestación de los servicios públicos.