TERCERO: Se observa y a criterio de este Tribunal que se encuentran llenos los extremos del artículo 250 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se acuerda imponer a los ciudadanos Roberto Iván Astudillo Polanco, Jeancarlos José Bello, Alberto Antonio García Pacheco, Ramón Antonio Medina Rojas, ampliamente identificados en autos, tomando en consideración lo solicitado por la Fiscalía del Ministerio Publico una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad de conformidad con el articulo 256 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, la cual consiste en Detención Domiciliaria, la cual el Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia estableció que es una Medida Privativa Judicial de libertad, es por lo que se librará oficio a la Comisaría haciendo la salvedad que vele si cumple o no dicha medida, al verificar que incumplen deberán ser detenidos en dicha comisaría designada e informarle al Tribunal sobre la supervisión y vigilancia del mencionado arresto domiciliari.....

TERCERO: Existiendo suficientes elementos de convicción para estimar que los ciudadanos imputados, podrían ser los autores del hecho investigado por el Ministerio Público, así como el delito atribuido, el daño causado, la posible pena que pondría llevarse a imponer, aunado a que estamos en presencia de uno de los delito imputados en el acto como pluriofensivo, que no solo atenta contra la propiedad sino contra la integridad física y conllevando a poder lesionar el bien jurídico amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que se hace necesario la adopción de medida de coerción personal que restringe el derecho a la libertad todo a los fines de salvaguardar el sistema persecutorio penal y evitar la posible sustracción del imputado de las consecuencias de una eventual decisión, quedando con ello lleno el contenido del ordinal 3° del artículo 250 del Texto Adjetivo Penal, es por lo que en consecuencia se Decreta en contra de los imputados Carlos Ernesto.....

TERCERO: Se observa y a criterio de este Tribunal que se encuentran llenos los extremos del artículo 250 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que se vislumbra el daño causado y por la posible pena que podría llevarse a imponer, se presume el peligro de fuga y la posible obstaculización en la búsqueda de la verdad, en consecuencia se acuerda imponer a los ciudadanos Jack Robert Jiménez Millán Y Melvis Alfonso Granado Narváez, ampliamente identificados en autos, una Medida Privativa Preventiva de Libertad, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250, en sus tres numerales del Código Orgánico Procesal Penal, 251 ordinales 2° y 3° en concordancia con el parágrafo primero ejusdem, ordenándose mantener como sitio de reclusión, la sede del Internado Judicial de la Región Insular. CUARTO: Se ordena la prosecución del presente procedimiento por la vía Ordinaria, conforme al artículo 373 del Código Orgánico procesal Penal.

TERCERO: Considera esta Juzgadora que no se encuentra lleno el extremo del ordinal 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no existe peligro de fuga ni la posible obstaculización en la búsqueda de la verdad, y se acoge el pedimento fiscal por lo que se decreta a favor de los ciudadanos Jaike Rodolfo Deloyo Figueroa Y Yordi Alexander González Machado, plenamente identificados en autos, una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinales 3° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo presentarse cada treinta (30) días por ante la oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y la prohibición de portar armas de fuego. CUARTO: Se ordena seguir el presente procedimiento por la Vía Ordinaria, conforme a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.

TERCERO: Existiendo suficientes elementos de convicción para estimar que el ciudadano imputado, podrían ser autor o en su defecto participe del hecho investigado por el Ministerio Público, así como el delito atribuido por lo que se hace necesario la adopción de medida de coerción personal que restringe el derecho a la libertad todo a los fines de salvaguardar el sistema persecutorio penal y evitar la posible sustracción del imputado de las consecuencias de una eventual decisión, por cuanto por la magnitud del daño causado y la posible pena que podría llevarse a imponer, existe peligro de fuga y la posible obstaculización en la búsqueda de la verdad, quedando con ello acreditado el contenido del ordinal 3° del artículo 250 del texto Adjetivo Penal, es por lo que se Decreta en contra del imputado Jean Carlos José González, plenamente identificado en autos, una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251 ordinales 2° y 3.....

OÍDAS COMO HAN SIDO LAS PARTES Y VISTAS LAS PRESENTES ACTUACIONES, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 4 DEL ESTADO NUEVA ESPARTA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: Vista la solicitud de libertad plena, realizada por la Vindicta Pública, a favor del Ciudadano imputado de autos, por cuanto consideró que nos encontrábamos en presencia de un Ciudadano consumidor, consideración con la cual está de acuerdo esta Juzgadora, tomando en consideración el resultado de las experticias correspondientes, este Juzgado declara la libertad plena del Ciudadanos JUAN CARLOS CARABALLOS y DARLIN JOSE LOPEZ FARIAS, ampliamente identificados en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 44, numeral 1° y 49, numeral 6° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1 del Código Penal, todo ello, en relación al presente caso en particular y concreto. SEGUNDO: Se acuerda la destrucción.....

En consecuencia, este Tribunal tomando en consideración que es una obligación del Estado a través de sus instituciones competentes, garantizar todos y cada uno de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es el derecho a la salud, establecido en su artículo 83, que señala lo siguientes: "La salud es un derecho social fundamental, obligación del estado, que lo garantizará como parte de derecho a la vida... Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud...", siendo necesario para quien aquí decide, la evaluación medica del ciudadano CRUZ JOSE MOYA, por parte de un medico forense, que avale el informe medico del medico privado, en caso de padece la enfermedad descrita por el medico tratante, es por lo que se acuerda el traslado del ciudadano CRUZ JOSE MOYA, titular de la Cédula de Identidad, Nº V-14.686.864 hasta la sede de la MEDICATURA FORENSE de este estado, con las seguridades que amerite el caso, para el día mi.....

Con fundamento en los razonamientos precedentemente expuestos, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decreta: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Rómulo Enrique Rivero Ortega, en su carácter de Defensor Privado del acusado Denny José Moya Moya, en contra de la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nº 01, del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N 01 de este Circuito Judicial Penal, en fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil nueve (2009), en la que declaró sin lugar la solicitud de libertad presentada por el defensor del acusado DENNY JOSÉ MOYA MOYA. titular de la cédula de identidad N° V-25.157.076. Así se declara. Publíquese, regístrese, notifíquese a las parte.....

Con base a las consideraciones anteriores, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, concede el Beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena al penado ciudadano: LISBETH JOSEFINA ALVAREZ venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, titular de la cedula de identidad numero V-13.369.472, residenciado sector 1, calle 5, numero 3-56, la Ermita,detrás del Ince San Cristóbal, actualmente recluida en el Centro penitenciario Femenino de nueva Esparta. Centro penitenciario Femenino de nueva Esparta, por un tiempo de es decir, TRES (3) AÑOS UN (1) MESES Y TRECE (13) DIAS el tiempo que le resta de condena ,contados a partir de la fecha de la notificación del presente auto; el cual cumplirá en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira., debiendo cumplir las condiciones arriba indicada.....

En consecuencia este Tribunal Colegiado de Juicio de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, por los motivos antes expuestos, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE ME CONFIERE LA LEY hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: DECLARA CULPABLE y en consecuencia PENALMENTE RESPONSABLE a los adolescentes IDENTIDADES OMITIDAS, plenamente identificados, de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal Vigente. SEGUNDO: Se impuso la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD prevista en el artículo 628 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el lapso de CINCO (05) AÑOS la cual deberán cumplir los adolescentes en el Centro de Internamiento para Varones "Los Cocos". Queda publicada, la presente sentencia, a los 22 días del mes de febrero de 2010 en horas de audiencia. Cúmplase y remítase al Tribunal de Ejecución de la Sección de Adolescentes de este .....