TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, TUBORES, VILLALBA Y PENINSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.
I.- PARTE DEMANDANTE: ciudadanos ANDRIANNYS ISABEL MARCANO NARVÁEZ y ARCENIO JOSE HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-18.112.377 y V-16.337.326.
ABOGADO ASISTENTE: JESÚS DANIEL RODRÍGUEZ CELIS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 28.468.787, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 323.741.
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO:
En fecha 16-09-2025 (f.10) previa distribución correspondió a este Juzgado el conocimiento del presente asunto.
Mediante auto de fecha 18-09-2025 (f. 11) se le dió entrada a la presente demanda y se le asignó la nomenclatura alfanumérica correspondiente T-1-M-MÑO-2025-3609.
Por auto de fecha 22-09-2025 (f. 12), el Tribunal admitió la demanda por DIVORCIO (DESAFECTO) y ordenó notificar mediante boleta al ciudadano Fiscal del Ministerio Público con competencia en materia Civil y de Familia, a los fines que dentro del lapso de tres (03) días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación informe a este Tribunal, lo que ha bien tuviera opinar sobre la presente solicitud.
En fecha 09-12-2025 (f. 13) se emitió cómputo a los fines de verificar el vencimiento del lapso para la consignación de los medios y recursos necesarios para la práctica de la notificación de la representación de la Vindicta Pública.
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA.-
Por ser la perención de la instancia una institución de orden público que puede ser declarada por el Tribunal aún de oficio, tal como lo establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, pasa a verificar si efectivamente, en el presente proceso se ha operado la misma, y lo hace de la siguiente forma:
Dispone el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”.Subrayado del tribunal.

El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”.
En ese contexto el Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 06-07-2004 la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…”
En efecto, de lo anterior se discurre que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el demandante a través de consignación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La Sala Civil se avocó a la perención breve, criterio que ha sido reiterado hasta la actualidad, con el distintivo de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se repite- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal, y en torno a la segunda la carga procesal de lograr la citación de los demandados para el desarrollo del proceso hasta su término.
En este caso en concreto, se observa que una vez admitida la demanda, los demandantes, plenamente identificados, no comparecieron en autos -con diligencia alguna- posterior a esa actuación, bien sea haciéndose asistir de abogado o mediante apoderado verificado con mandato, acatando la exigencia contenida en el fallo que arriba se explanó, aun cuando en el mismo auto de admisión se reseña y se advierte de la consecuencia de la desatención de dicho cumplimiento, ciertamente en el caso de marras, no es necesaria la práctica de la citación a la parte demandada por tratarse de una solicitud de Divorcio de mutuo acuerdo, empero sí se ordenó notificar a la Fiscalía del Ministerio público, mediante boleta de notificación, como requisito irrefutable para la procedencia de la ruptura del vínculo matrimonial peticionado, siendo supletoriamente aplicable a la necesaria notificación fiscal cuyo logro exige que las partes pongan a disposición del funcionario (Alguacil) los medios de transporte necesarios para lograrlo. Así se establece.-
Aclarado lo anterior, es forzoso para esta juzgadora indicar que la parte accionante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión de la presente demanda que lo fue el día 22-09-2025 (f. 12); según se evidencia de cómputo emitido, no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la notificación de la Representación de la Vindicta Pública en la presente causa, denotando su falta de interés en el impulso procesal; todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

IV.- DISPOSITIVA.-
Por los anteriores señalamientos, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA.-
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar, a los veintitrés (23) días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026). Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,

Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO. EL SECRETARIO,

Abg. MANUEL VASQUEZ CHACIN.
NOTA: En esta misma fecha (23-01-2026), siendo las 01:30 p.m, se dictó y publicó la anterior decisión. Conste.
EL SECRETARIO,

Abg. MANUEL VASQUEZ CHACIN.

EEP/MVC/alb.
Exp. T-1-M-MÑO-2025-3609.-