TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARIÑO, GARCÍA, TUBORES, VILLALBA Y PENINSULA DE MACANAO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.

I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. -
DEMANDANTE: ciudadana MAYRA ESTHER MARVAL SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-10.285.020.-
DEMANDADO: ciudadano LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-10.285.539.-
ABOGADA ASISTENTE: FRANK REINALDO MARVAL SALAZAR, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 155.213.-
II.- RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO:
La presente solicitud fue recibida por distribución en fecha 23-10-2024 (f.13), dándosele entrada por auto de fecha 25-10-2024 (f. 14) bajo el Nº T-1-M-MÑO-2024-3572.
Por auto de fecha 25-10-2024 (f.14 ) el Tribunal admitió la presente demanda, se ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público, para que compareciera dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a su notificación, y expusiera lo que ha bien tenga opinar en relación a la misma. Una vez sean suministradas las copias fotostáticas para su debida certificación de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante diligencia de fecha 01-11-2024 (f. 15) la parte demandante, ciudadano LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVÉ, arriba identificado, con la debida asistencia jurídica, puso a disposición los emolumentos necesarios para la notificación del Fiscal del Ministerio Público.
Mediante diligencia de fecha 01-11-2024 (f. 16) el alguacil de este Tribunal dejó constancia que la parte actora le proveyó emolumentos necesarios para la reproducción de las copias y se comprometió a trasladarlo para la práctica de la notificación del Ministerio Público
En fecha 05-11-2024 (f. 17 al 18) se dictó auto mediante el cual este Tribunal vista la consignación de las copias simples para la notificación del Fiscal del Ministerio Público, ordenó se librara la boleta de notificación.
En fecha 06-11-2024 (f. 19 al 20) el alguacil de este Tribunal consignó boleta de notificación del Fiscal del Ministerio Público debidamente recibida y firmada por la ciudadana PAULIMAR GONZÁLEZ, en su carácter de Secretaria de la Fiscalía Octava (8va) del Ministerio Público Especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instituciones Familiares de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.
En fecha 07-11-2024 (f. 20 al 21), compareció mediante diligencia la abogada LUISETH DEL VALLE RONDÓN HERRERA, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V- 12.015.735, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.828, Fiscal Provisorio Octava del Ministerio Público Especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescente, Civil e Instituciones Familiares de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta y dió su opinión favorable en la continuidad del presente Divorcio, se dejó nota secretarial al efecto.
Estando dentro de la oportunidad legal correspondiente, este tribunal pasa a decidir la presente causa bajo las siguientes consideraciones:
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.
Se desprende de las actas procesales que conforman el presente expediente, que el motivo del mismo es la solicitud de DIVORCIO fundamentada en la sentencia Nº 1070 de fecha 09-12-2016 dictada en el expediente Nº 16-916 con ponencia del Magistrado JUAN JOSE MENDOZA JOVER, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; formulada por los ciudadanos MAYRA ESTHER MARVAL SALAZAR y LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVÉ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-10.285.020 y V-10.285.539, respectivamente debidamente asistidos por el abogado FRANK REINALDO MARVAL SALAZAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 155.213.
Alegan los solicitantes en su libelo de la demanda que en fecha 27 de junio de 1990, contrajeron matrimonio civil ante la Prefectura del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, según consta del Acta Nº 359, inserta en los libros de Matrimonios de dicho Registro Civil correspondiente al año 1990, la cual anexaron en copia certificada, marcada con la letra “A”; Igualmente indicaron que durante el tiempo que duró la relación matrimonial procrearon dos (2) hijos que llevan por nombre LUIS CARLOS E INGRID CAROLINA HERNÁNDEZ MARVAL, que el último domicilio conyugal lo establecieron en La Urbanización Luisa Cáceres de Arismendi, Torre A4, Apartamento 43, Avenida la Auyama, Porlamar, Municipio Mariño del estado Bolivariano de Nueva Esparta. Ahora bien, exponen los solicitantes que desde el año 2013, en adelante surgieron diversas situaciones complejas tanto de índole laboral, como personal que nos fueron distanciando de manera progresiva e irreversible, todo comenzó a colapsar y afloraron nuestros sentimientos reprimidos y la tolerancia desapareció, nos fuimos transformando en total desconocidos, sin intereses comunes. Ya no afloraban las características personales individuales que nos atrajeron a unir nuestras vidas, el desamor se hizo presente y el temor a escalar a sentimientos nocivos, nos obligó a desvincularnos del lecho matrimonial e inicial nuestras vidas en cuartos distantes, sin interacción afectiva, ni intimidad conyugal, solo nos ocupamos de edificar una vida con interese no inclusivos y hemos entendido el carácter irreversible de esta situación, que se ha extendido por un periodo que supera los diez (10) años.
Las pruebas fundamentales de la demanda:
1).- COPIA DEL ACTA DE MATRIMONIO, expedida en fecha 19-12-2006, por la Prefectura del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, según consta del Acta Nº 359, inserta en los libros de Matrimonios de correspondiente al año 1990, contrajeron matrimonio civil los ciudadanos MAYRA ESTHER MARVAL SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.285.020 y el ciudadano LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.285.539.

IV-MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
Del estudio de las actuaciones que corren en autos se desprende, en primer lugar, que en el escrito libelar los solicitantes del divorcio ciudadanos MAYRA ESTHER MARVAL SALAZAR y LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVÉ, supra identificados, lo plantean conforme a lo establecido en la sentencia Nº 1070, de fecha 09 de Diciembre de 2016, emanada de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a sentencia, en la cual se efectuó la interpretación constitucional, como se refiere seguidamente:
“… Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe seguir surtiendo efectos en el mutuo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos -si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. En este sentido la Sala en la precitada sentencia destacó lo siguiente:
Se ha dicho en contra del divorcio que el mismo atenta contra la estabilidad de las familias constituidas por el matrimonio, y que el Estado debe estar interesado en evitar que el divorcio se produzca, persuadiendo a los cónyuges del mantenimiento del vínculo conyugal. Al
respecto, considera esta Sala que este tipo de afirmaciones en los actuales momentos merecen ser revisadas, pues las máximas de experiencia explican que no es el divorcio per se el que fragmenta la estabilidad de las familias, sino otros elementos de facto perturbadores que a la postre obligan a las parejas a decidir la disolución del vínculo que los une, a través del divorcio.
En ese sentido, sin temor a equívocos puede asegurarse que atenta más contra la familia una separación de la pareja, como consecuencia de una situación conflictiva prolongada, cargada de insultos, de irrespeto, de intolerancia y de humillaciones, sin canalizarse jurídicamente, a la que terminan acostumbrándose sus miembros; que el divorcio, como un mecanismo jurídico válido para poner fin a una situación dañina familiarmente donde se relajan los principios y valores fundamentales en la familia como son, la solidaridad, el esfuerzo común y el respeto recíproco entre sus integrantes, tal como lo preceptúa el artículo 75 constitucional.
De tal manera, que no es el divorcio sino los hechos que lo demandan los que atentan contra la familia.
De suerte pues que no es manteniendo una unión matrimonial e impidiendo el divorcio como se subsanan los conflictos familiares, y se persuade a las parejas para la convivencia pacifica y el bienestar familiar.
Así, la institución del divorcio con las formalidades de ley surge para disolver el vínculo matrimonial con todas las dificultades procesales propias que ponen en cabeza del Juez y del Ministerio Público incluso por encima de los cónyuges mismos, la decisión final de la declaratoria “con lugar” o “sin lugar” el divorcio, con todos los efectos absurdos que conlleva un “sin lugar” del divorcio…” (subrayado propio)…”

Del fallo parcialmente transcrito se infiere que el máximo tribunal en Sala Constitucional, ateniendo acertadamente la realidad actual en el aspecto social y respetando al ciudadano común sus derechos constitucionales relativos a la libertad, libre desenvolvimiento de la personalidad individual y a la familia, estableció que en el caso de que alguno de los cónyuges alegue como causal para solicitar la disolución del vínculo matrimonial el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, al ser ambas causales de naturaleza subjetiva y por ende, al no existir posibilidad de discusión en cuanto a los hechos alegados como sustento de la acción, el pronunciamiento que se debe emitir es necesariamente aquel que declare la disolución del vínculo matrimonial.
En ese contexto es importante reseñar que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 30 de marzo de 2017, efectivamente dictó decisión Nº 136, en la cual acogió los criterios jurisprudenciales constitucionales sobre el tema in comento, determinando que cualquiera de los cónyuges que lo desee podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil o por cualquier otro motivo como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que se posibilite obligar a alguno de cónyuges a mantenerse unido en matrimonio, en un vinculo que ya no desea, pues al contrario se verían afectados derechos de carácter constitucional, sociales que son intrínsecos a la persona.
En el presente caso se evidencia que los cónyuges ciudadanos MAYRA ESTHER MARVAL SALAZAR y LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVÉ, supra identificados, manifestaron que fundamentan la presente solicitud en el desafecto, sustentado en el anterior criterio asentado por la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal.
Ahora bien, es propicio para esta juzgadora dejar sentado que en su criterio, la familia es una de las grandes reliquias a cuidar en esta sociedad moderna, sin embargo compuesta como está por individuos sujetos a cambios constantes de toda índole, es decir, sociales, culturales, emocionales, espirituales o cualquier otro aspecto, asiente y concuerda con los ajustes respecto a la figura del divorcio y del desafecto, realizados por los criterios jurisprudenciales que ut supra se refieren, debido a que es en la libertad del ejercicio de los derechos del individuo y el respeto hacia éstos donde radica la felicidad, por cuanto de individuos felices surgen posteriormente núcleos familiares felices y en consecuencia sociedades felices.
Expuesto lo anterior, en el caso de marras se concluye que la presente solicitud fue formulada en virtud del acuerdo de los cónyuges en ponerle fin al vínculo matrimonial que los une, sustentada en el criterio jurisprudencial sobre el “desafecto”, el cual debe considerarse como causal del artículo 185 del Código Civil, haciendo legítima dicha pretensión; que hubo anuencia de la Vindicta Publica respecto a la solicitud de divorcio y que se cumplieron todos los aspectos legales y formales para que este Tribunal proceda a tomar la decisión de declarar la ruptura jurídica del vínculo matrimonial con los efectos que dicho divorcio apareja, tal como se expresará en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.
V.- DISPOSITIVA.-
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio presentada por los ciudadanos MAYRA ESTHER MARVAL SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.285.020 y LUIS JOSÉ HERNÁNDEZ MALAVÉ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.285.539.-
SEGUNDO: DISUELTO el vínculo matrimonial que los unía, contraído por ellos el 27 de junio de 1990, ante la Prefectura del Municipio Sotillo del estado Anzoátegui, según consta del Acta Nº 359, inserta en los libros de Matrimonios de ese Registro Civil correspondiente al año 1990.
TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA CERTIFICADA y PARTICÍPESE, lo conducente a los funcionarios correspondientes, a los fines de que estampen las notas marginales respectivas.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar, a los doce (12) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,

Dra. ENMYC ESTEVES PAREJO
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. RAMSIS RAMOS AROCHA.

NOTA: En esta misma fecha (12-11-2024), siendo las 11:11 a.m., se dictó y publicó la anterior decisión. Conste,
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. RAMSIS RAMOS AROCHA

EEP/RRA.
T-1-M-Mño-2024-3572.