TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
La Asunción, 07 de junio de 2022
212º y 163°

Aperturado el presente cuaderno de medidas por auto de fecha 27.04.2022; siendo la oportunidad para que el tribunal emita pronunciamiento sobre lo peticionado, lo hace en los términos siguientes:
Las medidas preventivas consagrada en el artículo 588 del CPC, albergan como fin ser un medio que garantice la ejecución de la sentencia, todo ello por la urgencia que se le presenta a las partes en relación al tiempo que pueda durar el juicio y que pueda modificarse de manera premeditada la situación patrimonial de las partes, que viene a ser uno de los motivos de las cautelas judiciales.
Aunado a ello todo Proceso Judicial en nuestro país deberá estar regido a la luz de la Tutela Judicial efectiva, bajo la percepción del que acuda a los órganos de administración de justicia deberá hacerlo bajo las mismas condiciones, teniendo como principal obligación del estado garantizar a los particulares el restablecimiento de la situación jurídica infringida, salvaguardando los resultados del vencedor en el proceso.
En este orden de idea, se hace oportuno señalar lo preceptuado en artículo 585 del Código de Procedimiento Civil el cual es del tenor siguiente:
“Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
Del contenido de la norma citada la procedencia de una medida cautelar, tal como lo disponen la norma antes transcrita, está condicionada al cumplimiento concurrente de varios requisitos, a saber: a) Que se presuma la existencia del buen derecho cuya protección se persigue con la cautelar, fumus boni iuris, esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable; y b) Que exista riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo, periculum in mora, es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva o por la insolvencia del ejecutado; es decir, que aun emitido el fallo el mismo será ilusorio; por lo que el solicitante de la tutela cautelar, tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de su pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente; si faltan los elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedencia exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; pero en caso de constatar el Juzgador que dichos requisitos concurren, debe procederse al decreto de la cautelar solicitada.
Ahora bien en el caso de marras, en cuanto a la verificación del fomus boni iuiris, es decir, la presunción grave del derecho que se reclama, considera esta juzgadora, que el mismo, emerge de las documentales aportado por la parte actora junto con el libelo de la demanda; de los cuales en prima fase se evidencia el derecho que asiste a las accionante a litigar, con idénticas posibilidades de que su acción prospere o no en la definitiva; toda vez que de estos instrumentos se infiere, que los mismos contienen las circunstancias que alegan; sin que en esta etapa del proceso puede emitirse un pronunciamiento sobre su procedencia o no; ya que estos contienen elemento meramente presuntivos, que no implican la certeza del derecho reclamados, lo cual debe juzgarse en la definitiva; por lo que solo se aprecian en su en su esencia meramente presuntiva.
En lo tocante al pericullun in mora, entendido como el riesgo que la sentencia definitiva se torne de difícil o imposible ejecución; debido a la naturaleza de la presente causa se hace necesario impedir que se modifique o altere la propiedad de los bienes muebles pertenecientes a la parte demanda, con la que podría responder a lo peticionado por la parte actora; toda vez que en la hipótesis de que la accionante resultare victoriosa en la litis; de haberse enajenado los bienes muebles, podría quedar ilusoria la ejecución de fallo; por lo que se hace necesario el decreto de la medida cautelar solicitada, como garantía de que el fallo pudiere ser ejecutoriado satisfactoriamente.
En base a todo lo antes expuesto y, conforme a lo establecido en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, SE DECRETA Medida de Embargo Provisional sobre bienes muebles que sean propiedad de la Sucesión Gutiérrez, de la ciudadana TERESA GUTIERREZ DE MARQUEZ, quien en vida fuera de nacionalidad venezolana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad Nº V- 4.045.842, y de la Sucesión Marquez, del ciudadano VICTOR MARQUEZ, quien en vida se identificara con la cedula Nº 4.300.151, hasta cubrir la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 185.497,00), que corresponde al doble de la suma demandada, más las costas procesales calculadas a razón del 30% del valor de la demanda; Si la medida recayere sobre cantidades liquidas de dinero, se practicará la misma hasta cubrir la suma de NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs. 92.748.50) que corresponde a la suma demandada, más las costas procesales. Asimismo se advierte a la parte solicitante que una vez que indique el lugar donde se encuentre los bienes muebles que ha bien tengan señalar, para ser embargados preventivamente, se procederá a librar la comisión al Tribunal competente para la ejecución de la medida aquí decretada.
Finalmente, se ordena remitir vía correo electrónico el presente auto en formato PDF, a la dirección de correo alfredorafael40@gmail.com, correspondiente al apoderado judicial de la parte actora, para que tenga conocimiento de su contenido.
LA JUEZA TEMPORAL,

IXORA LOURDES DIAZ.
LA SECRETARIA,

RAIDA PIÑA LOPEZ
ILD/RPL/ygg.
Exp. N° T-2-INST-12.585-22