TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MARCANO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO NUEVA ESPARTA.

212° y 163°

I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.

DEMANDANTE: CARMELO GIORGIO SAVARINO BARBOZA y OVIDIO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, de estado civil viudo el primero y casado el segundo y de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad Nº V-8.302.673 y Nº V-5.476.420, respectivamente

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado en ejercicio FERNANDO GERARDO VELASQUEZ MARTINEZ, titular de la cedula de identidad Nº V-8.385.498, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 118.669.

DEMANDADOS: MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-2.825.030, Nº V- 5.479.440 y Nº V-8.394.710, domiciliados en la Calle Adrián, Los Millanes, Jurisdicción del Municipio Marcano del Estado Nueva Esparta, respectivamente.

MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.
Mediante escrito presentado en fecha 11/11/2022, por los ciudadanos GIORGIO SAVARINO BARBOZA y OVIDIO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, asistidos por el abogado FERNANDO GERARDO VELASQUEZ MARTINEZ, anteriormente identificados, demandan el RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO RIVADO, basando su solicitud en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, a la cual se le dio entrada bajo el Nº T-M-Mno. 1201/21 en fecha 14 de Noviembre de 2022.

Argumentó la parte demandante en su escrito de demanda, que:

“…en fecha nueve (09) de noviembre de 2019, suscribimos en la ciudad de la Juan Griego, Municipio Marcano del estado Nueva Esparta, documento de compra-venta privado, el cual se adjunta como instrumento fundamental de la pretensión marcado con la letra “A”, con los ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL de GIL venezolana, mayor de edad, viuda, civilmente hábil, titular de la cedula de identidad Nº V-2.825.030, DAYSI NOEMI GIL MARVAL y LUIS RAFAEL GIL MARVAL, venezolanos, mayores de edad, divorciada y casado, en ese orden, civilmente hábiles, titulares de las cédulas de identidad Nros V- 5.479.440 y V-8.394.710 respectivamente, domiciliados en la calle Adrián, Los Millanes, Jurisdicción del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta: que tiene como objeto la venta de un inmueble de una parcela de terreno y las bienhechurías sobre ellas construida, ubicado en el caserío Las Hernández, Municipio Tubores del Estado Nueva Esparta, signado con el código catastral del Municipio Tubores con el número: 7.249; que mide Ciento Treinta y Un Metros (131,00 mts.), de Este a Oeste y Ochenta y Seis Metros (86 mts.), de Norte a Sur; con área aproximada de ONCE MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS METRO CUADRADADOS (11.266 M2) y cuyo linderos son: Norte: con carretera vieja Porlamar-Punta de Piedras; Sur: con Autopista Porlamar-Punta de Piedras; Este: con posesión de la comunidad de Las Hernández; y Oeste con vía de acceso al Caserío Las Hernández. El inmueble objeto de documento privado les perteneció a los vendedores, según consta en documento otorgado por el Juzgado del Distrito (hoy Municipio) Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta en fecha 27 de octubre de 1977, bajo el número: 125, folios 149 al 150 de los Libros llevados por ese Tribunal, y protocolizado según documento inscrito en Registro Público del Municipio Díaz del estado Nueva Esparta, en fecha 17 de enero 1979, bajo el Nº. 24, folio 36 y 37 y su vuelto, Protocolo Primero, y documento de Bienhechurías protocolizado por ante el mismo Registro publico, en fecha 18 de enero de 1979, bajo el Nº. 28, folios 41, 42 y sus vueltos, Protocolo Primero Principal, tal como consta en copia simple Ad efectum videndi que acompañamos con las letras: “B1” y “B2”, y por herencia dejada por el De cujus LUIS EMILIO GIL SALAZAR, quien en vida era portador de la cedula de identidad Nº V-1.327.690, según se evidencia de la declaración sucesoral S-1-H-84 N°. 97608 de fecha 09/09/1991 y de Certificado de solvencia de sucesión H-92 N°. 06910 emitido por la Administración de Hacienda Región Insular del Ministerio de Hacienda en fecha 05/11/1993 del expediente Nro. 1993-321, y documentación que se encuentra agregada al Cuaderno de Comprobante por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Díaz del estado Nueva Esparta, en el Primer Trimestre del año 1994, bajo el N°. 20, a los folios 47 al 52 e igualmente plano de ubicación; documentos que anexamos en copia simple Ad efectum videndi y que acompañamos marcado con los números: “1” y “2”. Así son las cosas, consta en documento privado que pagamos a la entera y total satisfacción de los vendedores, la totalidad del precio de venta convenido en la cantidad de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL UN BOLIVARES (Bs. 22.532.001,00), con el cheque numero: 14347350 de la cuenta corriente numero: 0134-0541-71-5411138951 de la entidad financiera Banesco de fecha 07 de noviembre de 2017: que acompañamos en copia simple marcado con la letra “C”: traspasándose de manera privada la propiedad y posesión del inmueble en cuestión. Ahora bien, por razones de ley, para terminar la negociación definitiva por ante el Registro Público del Municipio Díaz del estado Bolivariano del estado Nueva Esparta; es por lo que acudimos ante su competente autoridad, a los fines de que el documento privado firmado por los vendedores y compradores y con huella dactilares, tenga la fuerza jurídica de documento publico y en consecuencia tenga efecto erga omnes, es decir, efectos frente a terceras personas.

Admitida como fue la demanda en fecha 14 de noviembre de 2022, se ordenó citar a las partes demandadas y se libró boletas de citación. En fecha 23/11/2022, se dan por citado las partes demandadas ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado). En fecha 29/11/2O22, comparece las partes demandadas ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-2.825.030, Nº V- 5.479.440 y Nº V-8.394.710, respectivamente, hábiles en derecho, asistidos por el Abogado en ejercicio, Elvin Rafael Rodríguez Mata, titular de la cédula de Identidad Nº V-20.325.613, Inscrito en el inpreabogado bajo el Nro. 251.452, consigna escrito de contestación de demanda en el cual exponen:

” Nosotros, MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), venezolanos, mayores de edad, hábiles en derecho, titulares de las cédulas de identidad Nº V-2.825.030, Nº V- 5.479.440 y Nº V-8.394.710 domiciliados en la calle Adrián, Los Millanes, Jurisdicción del Municipio Marcano del estado Bolivariano de Nueva Esparta; asistidos en este acto por el abogado en ejercicio, ELVIN RAFAEL RODRIGUEZ MATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-20.325.613, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 251.452, de este domicilio; ante usted con la venia de estilo ocurrimos y exponemos:
De conformidad con lo previsto en los artículos 215 y 216 del Código de Procedimiento Civil, nos damos por citados en el juicio que por reconocimiento de instrumento privado ha instaurado los ciudadanos CARMELO GIORGIO SAVARINO BARBOZA y OVIDIO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, plenamente identificados en autos, cuya acción ha sido sustentada en el contenido del artículo 450 del Código de Procedimiento Civil.
Por tanto, renunciamos al lapso de comparecencia y atención al artículo 358 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pasamos a dar contestación a la demanda en los términos siguientes: Vista la acción intentada por la pare actora, CONVENIMOS en la demanda en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, en consecuencia, RECONOCEMOS EN SU CONTENIDO, FIRMA Y HUELLAS DACTILARES el documento privado de compra-venta suscrito entre las partes litigantes en fecha nueve (09) de noviembre del 2017, el cual tiene como objeto la venta de una parcela de terreno y las bienhechurías sobre ellas construidas, que fue de nuestra propiedad, en el instrumento privado referido.
Por lo precedentemente expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, solicitamos a este juzgado que dé por terminado el presente procedimiento judicial por CONVENIMIENTO TOTAL, y una vez homologado el presente acto de autocomposición procesal se proceda como en cosa juzgada. Así pedimos que sea declarado.”

III.- PARA DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA:
A objeto de providenciar se señala en forma previa, que el Código de Procedimiento Civil, en cuanto al convenimiento expresa:

Artículo 263. “En cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la demanda y el demandado convenir en ella. El Juez dará por consumado el acto, y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin necesidad del consentimiento de la parte contraria. El acto por el cual desiste el demandante o conviene el demandado en la demanda, es irrevocable, aun antes de la homologación del Tribunal”.
Artículo 264. “Para desistir de la demanda y convenir en ella se necesita tener capacidad para disponer del objeto sobre que verse la controversia y que se trate de materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones.”

A su vez, el Código de Procedimiento Civil vigente de manera expresa establece la posibilidad de ejercer la acción de reconocimiento de un instrumento privado, según lo dispuesto en el artículo 450 de dicho cuerpo legal, que dispone lo siguiente: “El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448”.
La legislación venezolana considera que el instrumento privado para que tenga valor probatorio debe estar suscrito por el obligado y en este sentido se ha orientado la Jurisprudencia Nacional al establecer que, si la escritura no está firmada, no hará por tanto fe contra nadie.
Lo documentos privados pueden ser tachados de falsedad antes de ser reconocidos o aún cuando hayan sido. En primer caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en el segundo caso, si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, como constituye una prueba de la verdad de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del Código Civil, donde señala los casos en que procede la tacha del documento privado: “1° Cuando haya habido falsificación de firmas. 2° Cuando la escritura misma se hubiere extendido maliciosamente, y sin conocimiento de quien aparezca como otorgante, encima de una firma en blanco suya. 3° Cuando en el cuerpo de la escritura se hubiesen hecho alteraciones materiales capaces de variar el sentido de lo que firmó el otorgante…”
La parte a quien se opone el documento que haya sido adulterado en la forma expuesta, deberá ejercer la acción de tacha para obtener, si prospera, la decisión que declare la falsedad del contenido del documento.
En tal sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman: “El reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere únicamente a la firma: Si la parte reconoce la firma estampada en el documento, pero alega alteración de contenido de éste, es preciso proceder a la tacha” (Dr. Humberto Bello Lozano, La Prueba y su Técnica).
Dada la naturaleza declarativa de la presente causa, debe necesariamente ser analizada bajo la premisa dispuesta en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, cual es del tenor siguiente:

“La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento”.

La citada disposición procesal se refiere al reconocimiento o desconocimiento de un documento privado cuando el mismo ha sido producido en juicio, dispositivo legal éste, que guarda una estrecha relación con respecto al artículo 1.364 del Código Civil: “Aquel contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente”…
En el caso que nos ocupa, se trata del reconocimiento de un documento privado, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes.
Estos documentos se diferencian entre públicos y privados, porque en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo (documento público), y hacen plena prueba, entre las partes intervinientes en el mismo y ante terceros, mientras que los documentos privados son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio solo entre las partes que los suscribieron.
Los instrumentos privados pertenecen, al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva calificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
El jurista venezolano Dr. Humberto Bello Lozano, en su destacada obra “La Prueba y su Técnica” cuarta edición, p. 252, respecto a los instrumentos privados, señala lo siguiente:

“Los documentos privados pueden ser definidos como aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de acaecimiento realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo en situaciones jurídicas de esa índole. La intervención de sujetos no oficiales, lo particular de la materia documentada, la ausencia de formas o solemnidades, son elementos característicos indispensables en su constitución.

Para Pietro Castro, son las que las partes o terceros, conjunta o aisladamente, extienden sin intervención del funcionario público y las escrituras defectuosas por incompetencia del notario o por otra falta de forma, si están firmadas por los otorgantes.
Según Alsina, vienen a ser los producidos por las partes sin intervención de funcionarios públicos, pudiendo ser otorgados conjuntamente (contratos) o individualmente (correspondencia comercial o cartas misivas).
Siguiendo el pensamiento de la jurisprudencia nacional, con los documentos privados, pueden probarse todos los actos o contratos que, por disposición de la ley, no requieren ser extendidos en escritura pública o revestir solemnidades. Pero esta clase de instrumento no valen para nada por si mismos, mientras no son reconocidos por las partes a quien se oponen o sean tenidos legalmente reconocidos.
Cuando el documento público es defectuoso y no tiene fuerza de tal, ya sea por incompetencia del funcionario o por defecto de forma (artículo 1.358 del Código Civil), tendrá carácter de documento privado siempre que haya sido firmado por las partes.
En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:

Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.

Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
En otro sentido, cuando el reconocimiento del instrumento privado se intente a través de la vía principal, se sigue todo el trámite del juicio ordinario, se apertura el contradictorio, se abre a pruebas; y dependiendo de cómo hubieren quedado trabados los hechos, se deberá probar y sentenciar. Es decir, que en el juicio principal de reconocimiento de instrumento privado, como el caso de marras, como quiera que el actor pretende que el demandado reconozca que el contenido del documento es cierto, al igual que la firma le pertenece, es decir, que es de su autoría; en consecuencia, estos son los hechos, que principalmente se deben probar para poder declarar con lugar la demanda. Claro está, todo depende de las defensas opuestas por el demandado y si las mismas lograren ser probadas en autos y suficientes para enervar la pretensión del actor.
Cabe resaltar, además, que el desconocimiento de un instrumento privado debe ser categórico, expreso, tajante, que de la manifestación clara de la parte contra quien se produjo el instrumento se infiera sin esfuerzo alguno, que se opone, niega o rechaza que el contenido y/o firma del documento privado sea cierto.
Ricardo Henríquez La Roche, en su “Código de Procedimiento Civil, Tomo III, segunda edición actualizada, p. 424, explica en relación al desconocimiento del instrumento, expuso que:

“El desconocimiento es un medio de ataque dirigido a la prueba instrumental y no al negocio jurídico al cual se refiere dicha prueba, de suerte que si se impugna el negocio o contrato, no por ello debe darse por desconocida la firma del desconociente…Mutatis mutandi, si se reconoce el documento, tal reconocimiento se limita al aspecto formal, a la firma y al contenido escritural, a la validez del instrumento, mas no involucra la aceptación del negocio jurídico o contrato que constituye la fuente de prueba (cfr. Art. 1.367 C.C). De suerte que el reconocimiento no es incompatible con la excepción de nulidad o de cualquier otra índole que ataque la validez jurídica del negocio jurídico sustancial acreditado por medio de la prueba documental”.

Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo que solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad.
En este orden, para que un documento privado se asemeje a un documento público, o haga plena fe de su contenido así entre las partes intervinientes en él como frente a terceros, existen dos formas de hacerlo, a saber: 1) mediante el reconocimiento previo o la autenticación, que no es más que la presentación del mismo por ante las notarías o registro, o 2) a través del reconocimiento judicial.
El legislador procesal, a parte del reconocimiento previo o auténtico, consagra otras maneras procedimentales de lograr tal autenticación. El artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, está referido al procedimiento incidental que debe seguir la parte a quien se le oponga un documento privado para reconocerlo. Pero en juicio, ya existiendo contención por conflicto de intereses, por lo que no debe interpretarse que dicha norma es el fundamento legal para activar este órgano de justicia, con la pretensión que sea tramitado una petición de reconocimiento de contenido y firma, por la vía de la Jurisdicción Voluntaria.
Vemos que, cuando se instaura una demanda por motivo de reconocimiento de instrumento privado, la pretensión del actor versa sobre dicho reconocimiento. De esta manera el objetivo que se propone es lograr el reconocimiento del instrumento privado, para que surta los mismos efectos de un documento público, como lo es la oponibilidad a terceros. Es por ello que la demanda debe cumplir con los requisitos del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y se ventila por el procedimiento ordinario.
El documento queda reconocido en dos casos: 1) si el deudor comparece en el tiempo señalado en la boleta de citación y manifiesta expresamente el reconocimiento (tal como sucedió en el presente caso), y 2) que éste no comparezca en la oportunidad señalada.
Ahora, si la firma es negada, el promovente tiene la opción de incoar la acción mero declarativa autónoma a que se contrae el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil o intentar sin más la demanda que se funde en el instrumento privado y oponerlo para su reconocimiento.
Por otro lado, si se produce el reconocimiento expreso del documento privado de compra venta de un bien Inmueble, tal como ha sucedido en el presente caso, debe tenerse en cuenta que el reconocimiento es el acto de declaración o confesión que hace la persona emplazada para ello a favor de otro, la obligación en referencia se encuentra contenida en un instrumento privado que se otorgó, y tiene por objeto hacer que dichos documentos tengan plena validez tanto entre la partes y sus sucesores como lo tendría un instrumento público.
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado observa que una vez admitida las demanda, compareció los demandados asistidos de abogado, y manifestaron que reconocen el contenido y firma del instrumento privado de compra venta del bien Inmueble como documento fundamental de la acción que aparece en original marcado con la letra “A” en el expediente.
Pues al existir el reconocimiento expreso y manifiesto de las partes contra quien obra el procedimiento, acerca del contenido, firma y huellas dactilares del documento privado de compra venta del bien inmueble a que se contrae la presente demanda y al renunciar al lapso de ley que le corresponde y por cuanto el convenimiento ha sido perfilado por la doctrina como aquel acto procesal exclusivo de la parte demandada (sea en forma principal, por reconvención, cita o tercería) en el cual se aviene o está de acuerdo total, completa o absolutamente en los términos en que se ha formulado la pretensión de la parte actora en su demanda (sea en forma principal, por reconvención, cita o tercería), lo cual incluye todas sus circunstancias de tiempo, modo y lugar y obviamente tal avenimiento, no debe sufrir modificaciones de ningún género en cuanto a sus elementos y por cuanto representan motivo suficiente por el cual esta Juzgadora de conformidad con lo preceptuado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de evitar dilaciones indebidas y siendo que el proceso representa un instrumento fundamental para la realización de la justicia, conforme a lo establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consideración al artículo 10 del Código de Procedimiento Civil relativo a la Celeridad Procesal, actuando de manera equitativa en cumplimiento de los fines de la justicia, en el caso planteado considera este Tribunal luego de una revisión exhaustiva a las actas que conforman el presente expediente se pudo constatar que los ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), ya identificados, parte demandada en la presente causa, tienen capacidad para convenir; que no existe evidencia en las actas procesales de que pudiera lesionarse derechos e intereses de terceros diferentes a las partes que celebran el presente convenimiento. ASÍ SE ESTABLECE.
En virtud de que los demandados previamente identificados, reconocieron en forma expresa el contenido, las firma y las huellas dactilares del documento privado presentado por los demandantes y siendo que es un acto procesal que puede efectuarse en todo estado y grado de la causa y por cuanto se encuentran llenos los extremos exigidos en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal declara procedente homologar el convenimiento efectuado y en consecuencia procedente la pretensión de reconocimiento de contenido y firma del documento privado presentado como documento fundamental de la acción que fue consignado marcado “A”, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre GIORGIO SAVARINO BARBOZA y OVIDIO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ya identificados, por una parte, y por la otra, los ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), ya identificados. Y consecuencialmente reconocido el referido documento, de conformidad a los artículos 450, 444, 448 y el 263, 264 y 363 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, teniéndose dicho acto como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE.

IV.- DISPOSITIVA.

En virtud de los razonamientos que anteceden y de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil en concordancia a lo establecido en el artículo 1.363 del Código Civil, éste TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO MARCANO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:

PRIMERO: IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN AL CONVENIMIENTO de la demanda y el RECONOCIMIENTO EN SU CONTENIDO, FIRMA Y HUELLAS DACTILARES DE DOCUMENTO PRIVADO, intentada por los ciudadanos GIORGIO SAVARINO BARBOZA y OVIDIO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, de estado civil viudo el primero y casado el segundo y de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad Nº V-8.302.673 y Nº V-5.476.420, respectivamente, contra los ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-2.825.030, Nº V- 5.479.440 y Nº V-8.394.710 respectivamente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Como consecuencia de la referida decisión, se declara legalmente Reconocido en su contenido, firma y huellas dactilares el Instrumento Privado a que se contrae la presente demanda, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre los ciudadanos GIORGIO SAVARINO BARBOZA y OVIDIO JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, de estado civil viudo el primero y casado el segundo y de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad Nº V-8.302.673 y Nº V-5.476.420, respectivamente, contra los ciudadanos MARIA JOSEFINA MARVAL DE GIL (viuda), DAYSI NOEMI GIL MARVAL (Divorciada) y LUIS RAFAEL GIL MARVAL (Casado), venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-2.825.030, Nº V- 5.479.440 y Nº V-8.394.710 respectivamente, marcado con la letra “A”, teniéndose dicho acto como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

SEGUNDO: De conformidad a lo establecido en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas, por la naturaleza de la decisión.

Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve.

Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Marcano de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar, a los seis (06) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.

LA JUEZ PROVISORIO EL SECRETARIO TEMPORAL,

Abg. LESBIA SUAREZ Abg. LUIS BELTRAN PRIETO.

NOTA: En la misma fecha de hoy se registró y publicó la presente sentencia. Conste.

EL SECRETARIO TEMPORAL,

Abg. LUIS BELTRAN PRIETO.