TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.
La Asunción, 20 de junio de 2.019
209º y 160º

De la revisión de las actas que conforman el presente expediente se observa lo siguiente:
- que en fecha 10.04.2019 (f. 161), se dictó auto mediante el cual se designó a la abogada GLADIS GARCÍA FONT, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 221.460, como defensora judicial de la parte demandada, ciudadanos AIRAN JOSÉ MILLÁN MARCANO y ANDRÉS JOSÉ MILLÁN MARCANO.
- que en fecha 08.05.2019 (f. 163 y 164), se libró la boleta de notificación a la defensora judicial designada.
- que en fecha 14.05.2019 (f. 165 y 166), el alguacil de éste Juzgado consignó la boleta de notificación debidamente firmada por la abogada GLADIS GARCÍA FONT.
- que en fecha 17.05.2019 (f. 167), compareció la abogada GLADIS GARCÍA FONT, quién mediante acta aceptó el cargo y juró cumplirlo bien y fielmente;
- que de acuerdo al cómputo que antecede, en fecha 17.06.2019 venció el lapso para dar contestación a la presente demanda.
Realizado el anterior recuento, emerge de las actas que en la presente causa se designó como defensora judicial a la abogada GLADIS GARCÍA FONT, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 221.460, quien fue debidamente juramentada mediante acta de fecha 17.05.2019 y que llegada la oportunidad procesal para que la parte demandada, ciudadanos AIRAN JOSÉ MILLÁN MARCANO y ANDRÉS JOSÉ MILLÁN MARCANO, representados por la referida defensora contestara la demanda, ésta no lo hizo a pesar de que dicha conducta omisiva no está permitida, por cuanto la misma como auxiliar de justicia especial está obligada a defender a sus representados y por lo tanto, debe indudablemente concurrir a aquellos actos que requieran de su presencia para ejercer su representación y defensa.
Respecto a los deberes y obligaciones del defensor judicial, se ha pronunciado de manera reiterada en diversos fallos la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, y de igual manera lo ha hecho con relación a la actuación que debe tener el juez ante la deficiente actuación de dicho auxiliar de justicia, pudiéndose invocar la sentencia emitida por la referida Sala en fecha 19.05.2015, con ponencia de la Magistrado Carmen Zuleta de Merchán, expediente N° 15-0140, donde se estableció lo siguiente:
Ahora bien, en relación a la actuación que deben tener los jueces y juezas ante la deficiente actuación de los defensores ad litem, se pronunció esta Sala en sentencia N° 531 del 14 de abril de 2005, (caso: Jesús Rafael Gil Márquez), siendo ratificada en varios fallos (vid. N°937/2008, 305/2014, entre otras) mediante el cual dispuso en lo siguiente:
“…Señala esta Sala que la designación de un defensor ad litem se hace con el objeto de que el demandado que no pueda ser citado personalmente, sea emplazado y de este modo se forme la relación jurídica procesal que permita el desarrollo de un proceso válido, emplazamiento que incluso resulta beneficioso para el actor, ya que permite que la causa pueda avanzar y se logre el resultado perseguido como lo es la sentencia; el abogado que haya sido designado para tal fin juega el rol de representante del ausente o no presente, según sea el caso y tiene los mismos poderes de un apoderado judicial, con la diferencia que, su mandato proviene de la Ley y con la excepción de las facultades especiales previstas en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, mediante el nombramiento, aceptación de éste, y respectiva juramentación ante el Juez que lo haya convocado, tal como lo establece el artículo 7 de la Ley de Juramento, se apunta hacia el efectivo ejercicio de la garantía constitucional de la defensa del demandado a la que se ha hecho mención.
Sin embargo, en el caso de autos, el abogado designado como defensor del demandado no cumplió con los deberes inherentes a su cargo, puesto que se evidencia del estudio hecho a las actas, que una vez aceptado el cargo y juramentado para el cumplimiento de dicha actividad, su participación en la defensa de los derechos de su representado fue inexistente, ya que el mismo no dio contestación a la demanda interpuesta y ni siquiera impugnó la decisión que le fue adversa a dicho representado; por lo que visto que el defensor ad litem tiene las mismas cargas y obligaciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil con respecto a los apoderados judiciales, esta negligencia demostrada por el abogado Jesús Natera Velásquez, quien juró cumplir bien y fielmente con los deberes impuestos, dejó en desamparo los derechos del entonces demandado.
Aunado a lo anterior, considera esta Sala que el Juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, más aún cuando éste no se encuentra actuando personalmente en el proceso y su defensa se ejerce a través de un defensor judicial, pues como tal debe velar por la adecuada y eficaz defensa que salvaguarde ese derecho fundamental de las partes, por lo que en el ejercicio pleno de ese control deberá evitar en cuanto le sea posible la transgresión de tal derecho por una inexistente o deficiente defensa a favor del demandado por parte de un defensor ad litem.
Asimismo, ha sido criterio de la doctrina que el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil constriñe al juez a evitar el perjuicio que se le pueda causar al demandado, cuando el defensor ad litem no ejerce oportunamente una defensa eficiente, ya sea no dando contestación a la demanda, no promoviendo pruebas o no impugnando el fallo adverso a su representado, dado que en tales situaciones la potestad del juez y el deber de asegurar la defensa del demandado le permiten evitar la continuidad de la causa, con el daño causado intencional o culposamente por el defensor del sujeto pasivo de la relación jurídica procesal en desarrollo; por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional –visto que la actividad del defensor judicial es de función pública- velar por que dicha actividad a lo largo de todo el iter procesal se cumpla debida y cabalmente, a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido.
En el caso bajo análisis observa esta Sala que, si bien es cierto que el Juzgado Primero de Primera Instancia realizó todo lo conducente en un principio para la tutela del derecho a la defensa del demandado, como lo reflejan sus intentos de citación, y vista su imposibilidad el posterior nombramiento de un defensor ad litem, aquel al avistar el cúmulo de omisiones por parte del defensor judicial que devenían en una violación del derecho a la defensa del demandado ausente, debió en la oportunidad de dictar su decisión de fondo, como punto previo, reponer la causa al estado en que dejó de ejercerse eficientemente la defensa del demandado, actividad que podía perfectamente realizar atendiendo a lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, con la declaratoria con lugar de la demanda, con fundamento en la confesión ficta del demandado –por la omisión del defensor ad litem- vulneró el orden público constitucional, cuya defensa indiscutiblemente correspondía a dicho órgano jurisdiccional
…
dado que con esta última decisión se arribó a la consideración de que esa deficiente o inexistente defensa por parte del defensor judicial vulnera el derecho a la defensa de quien representa, derecho que en virtud de su importancia debe ser protegido en todo momento por el órgano jurisdiccional, se estima que el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, no debió con su decisión convalidar la actuación del defensor ad litem, ya que la misma dejaba en franca indefensión al ciudadano Jesús Rafael Gil Márquez y atentaba contra el orden público constitucional, razón por la cual y dado que esta Sala en todo momento está llamada a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se anulan todas las actuaciones realizadas en la primera instancia a partir y se repone el juicio al estado de que se ordene una nueva citación del demandado en dicha instancia. Así se decide.” (Resaltados añadidos).

Siendo entonces que se determinó en el fallo parcialmente trascrito, y en ello debe insistir esta Sala, que ante la defensa deficiente del defensor ad litem, tal como no contestar la demanda, no promover pruebas, no impugnar el fallo que le fue adverso a su defendido, ó como en el presente caso no ser diligente en localizar a su defendida, cuando conocía la dirección de residencia de la misma todo lo cual lesiona el derecho a la defensa, y que en virtud de su importancia corresponde ser protegido por el órgano jurisdiccional cuidando que dicha actividad a lo largo de todo el proceso se cumpla debida y cabalmente, en virtud que “la actividad del defensor judicial es de función pública”, y a fin de que el justiciable sea real y efectivamente defendido. Consecuencialmente al advertir el jurisdicente que tal falta de diligencia y omisiones generadas por parte del defensor judicial deviene en lesión al derecho a la defensa, debió el Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el presente caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reponer la causa al estado en que se dejó de hacer una defensa eficiente, es decir, que el defensor demostrara que fue en busca de su defendida, y actuar en función de una debida contestación a la demanda, y no como lo hizo declarar con lugar la demanda y consecuente entrega del inmueble, estableciendo que el defensor “no esgrimió argumento alguno en el cual basara sus alegatos y desvirtuara lo afirmado por la parte actora”, con lo cual vulneró el referido Juzgado el orden público constitucional y desconoció el criterio establecido por esta Sala Constitucional. Así se declara.
Como se desprende del extracto parcialmente copiado, el juez como rector del proceso debe proteger los derechos del justiciable, y más aún cuando éste se encuentre representado por un defensor judicial, evitando la transgresión de su derecho a la defensa como consecuencia de una deficiente o inexistente actuación de dicho auxiliar de justicia, bien sea porque no fue diligente en localizar a su defendido, no contestó la demanda, no promovió pruebas, no impugnó el fallo que es desfavorable a su representado, o cualquier otra situación que sea en perjuicio del demandado, por lo cual corresponde al órgano jurisdiccional velar por el correcto cumplimiento de su actividad a lo largo del iter procesal. De igual manera, se estableció en dicho fallo que la consecuencia inmediata que genera la actuación ineficaz u omisiva que sea desplegada por el defensor judicial en perjuicio de su defendido durante el desarrollo del proceso, debe generar la reposición de la causa al estado en que se dejó de hacer ejercerse eficientemente la defensa del demandado.
Precisado lo anterior, se observa del cómputo que antecede, que la defensora judicial dentro de la oportunidad establecida en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil, no compareció a dar contestación a la demanda incoada en contra de sus representados, sino que con posterioridad al vencimiento de dicho lapso, procedió a consignar un escrito mediante el cual opone las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo cual obviamente, de acuerdo a los parámetros establecidos en el fallo supra transcrito, genera una clara limitación al derecho a la defensa de sus defendidos, por lo cual, se impone a ésta juzgadora la obligación de dejar sin efecto su designación.
En virtud de lo anteriormente expuesto, éste Tribunal en cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 206 y 310 eiusdem, declara la nulidad de las actuaciones realizadas a partir del día 10.04.2019, fecha en la cual la abogada GLADIS GARCÍA FONT fue designada como defensora judicial y se repone la causa al estado de que se designe un nuevo defensor judicial, con el propósito de que éste como auxiliar de justicia ejerza la defensa en forma real y efectiva y le garantice a la parte demandada, ciudadanos AIRAN JOSÉ MILLÁN MARCANO y ANDRÉS JOSÉ MILLÁN MARCANO, el pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales conforme a lo previsto en los artículos 29, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por lo cual, se designa en su lugar a la abogada HEMILY MICHELLE RIVAS GARCÍA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 237.400, a los fines de que comparezca por ante éste Tribunal al tercer (3°) día de despacho siguiente a que conste en autos su notificación, con el objeto de que acepte el cargo y en caso contrario presente su excusa. En ese sentido en virtud del criterio emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17.04.2005, una vez que se verifique la correspondiente aceptación de la mencionada defensora ésta asumirá la defensa de la parte demandada, ciudadanos AIRAN JOSÉ MILLÁN MARCANO y ANDRÉS JOSÉ MILLÁN MARCANO, y a partir de ese momento se iniciará el lapso de los veinte (20) días de despacho siguientes para dar contestación a la demanda incoada en contra de sus representados. Asimismo, se le advierte que según sentencia emitida el 07.04.2006 por esa Sala, la cual estableció que la consecuencia inmediata que genera la actuación ineficaz u omisiva que sea desplegada por el defensor judicial en perjuicio de su defendido durante el desarrollo del proceso se circunscribe a la declaratoria de nulidad de todo lo actuado y la consecuente reposición de la causa al estado de que se proceda al nombramiento de un nuevo defensor de oficio con miras a que defienda los intereses de la parte accionada.
En atención a lo precedentemente resuelto, se ordena librar boleta de notificación una vez sean suministradas las copias simples del libelo de la demanda y del auto admisión emitido en fecha 11.08.2017, para su certificación. Cúmplase.
LA JUEZA TEMPORAL,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ PAOLINO.
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abg. YANETTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

CFP/YGG/nv.-
EXP. N° 12.221-17.