TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial con Competencia en DVM Tribunales de Primera Instancia en Funciones de Control del Estado Bolivariano de Nueva Esparta
La Asunción, 6 de Noviembre de 2016
206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-S-2016-002140
ASUNTO : OP01-S-2016-002140

Visto el escrito presentado por el Abg. CECILIO MUJICA, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Décimo Tercero del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, recibido por este despacho en el día 06 de noviembre de 2016, siendo las 11:00 horas de la mañana, por medio del cual solicita se ratifique la ORDEN DE APREHENSION por vía de excepción, contra el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, Titular de la cédula de Identidad Nº 21.326.315, por la presunta comisión de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA Y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículo 174 del Código Penal, Todo de conformidad con lo establecido en el último aparte del Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Para decidir el tribunal hace las siguientes observaciones:
El Fiscal Auxiliar Décimo Tercero del Ministerio Público, Abg. CECILIO MUJICA, mediante llamada telefónica realizada a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1, Audiencia y Medidas, quien se encuentra de guardia, siendo las 11:30 horas de la noche del día cinco (05) de noviembre de 2016, solicitó orden de aprehensión contra el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, ampliamente identificado en autos, alegando esa representación Fiscal que existen suficientes y fundados elementos de convicción para estimar que el referido ciudadano es autor o participe del hecho imputado, por cuanto el mismo merece pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, ya que los delitos imputados al referido ciudadano, es los delitos de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA Y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículo 174 del Código Penal. Este Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 236 en su último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, ordena la Orden de Aprehensión, solicitada contra el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, manifestándole al Ministerio Público que debe presentar al juez los fundamentos o elementos de convicción fehacientes, que tuvo en cuenta para solicitar la medida.
El día 06 de noviembre de 2016, siendo las 11:30 horas de la mañana, se recibe en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, escrito procedente de la Fiscalía del Ministerio Público de esta Circunscripción, donde fundamenta la solicitud realizada por vía telefónica.
La presente averiguación penal guarda relación con el expediente número OP01-S-2016-00, iniciado el día 06 de noviembre de 2016, aperturado mediante denuncia realizada por la ciudadana , quien manifestó lo siguiente: “Comparezco ante este Despacho con la finalidad de denunciar a mi ex pareja de nombre JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, ya que el mismo llego de viaje el día miércoles 02-11-2016 y me mantuvo retenida, abuso sexualmente de mi, sin mi consentimiento y cuando mas me resistía a tener relaciones sexuales con él, más me golpeaba, es todo”

Fundamenta el Ministerio Público su pedimento en lo siguiente: “…el resultado de la investigación que arrojó los elementos de convicción mencionados en el Capítulo segundo del presente escrito, encontrando que se encuentran llenos los extremos legales consagrados en los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal....”. Del acervo probatorio fiscal, emergen elementos de convicción para estimar seriamente la posibilidad de que el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, sean autor o participe del referido hecho, como son: 1.-DENUNCIA realizada por la ciudadana , de fecha 04 de noviembre de 2016, levantada por funcionarios Adscritos al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalistica, Sub Delegación Punta de Piedra, donde señala los hechos; 2.- Reconocimiento Medico legal y vagino Rectal de fecha cinco (05) de noviembre de 2016, efectuado por el Medico Forense de guardia adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual arrojó como conclusión: “ Presenta hematomas en fase de resolución en ambas mamas (en mama derecha a nivel de cuadrante inferior e interno y en mama izquierda a nivel cuadrante superior interna), hematoma visibles en hombro derecho de 1,5 diámetro, varios de 1x1cm en cara interna del tercio medio del brazo derecho, en cara interna del tercer medio del antebrazo izquierdo de 3x2 centímetros de longitud, en cara anterior del tercio medio del muslo izquierdo de 2x1 centímetro de longitud; contusión equimotica en cara interna posterior del muslo izquierdo y en cara externa del muslo en región izquierda, condición satisfactoria; GINECOLOGICO: genitales externos de aspectos y configuración normal, acorde a la edad, mucosa vaginal eritematosa (enrojecida) con micro laceraciones en toda su superficie centrada en hora 6,7,5 según esfera del reloj; orificio himeneal anular con múltiples lesiones en casi todo su diámetro con desgarro antiguo y cicatrizados, ANO RECTAL: esfínter anal tónico con pliegues anales conservados sin lesiones, 3.- ACTA POLICIAL, de fecha 05 de noviembre de 2016, levantada por Funcionarios Adscritos al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalistica, Sub Delegación Punta de Piedra; 4.- Acta de Inspección Técnico Policial Nº 1353 de fecha cinco (05) de noviembre de 2016, del sitio donde se evidencio los hechos,
Estimando la Fiscalía, que de esas actuaciones surgen elementos de convicción suficientes para estimar que estamos frente a la comisión de un hecho punible perseguible de oficio y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es los delitos de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA Y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículo 174 del Código Penal; al igual para estimar seriamente la posibilidad de que el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT sean autor o participe de los hechos señalados.
Por tratarse de una solicitud de orden de aprehensión, la misma debe cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal y en tal sentido habiéndose acumulado elementos de convicción para estimar que el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, supra identificado, es responsable del delito de los delitos de VIOLENCIA SEXUAL AGRAVADA Y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previstos y sancionados en los artículos 43 de la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y artículo 174 del Código Penal, cuya pena es de diez (10) a quince (15) años de prisión, acreditándose circunstancias suficientes que hacen valedero estimar peligro de fuga, dado la magnitud del daño causado, toda vez que fue afectado el interés superior del menor, y en consecuencia la pena que podría llegar a imponerse al momento de establecerse responsabilidad penal, encontrándose concurrentes los tres elementos fundamentales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la presunción razonable de peligro de fuga establecido en el Parágrafo Primero del artículo 237 Ejusdem, por lo que se considera ajustada a derecho la presente solicitud.
En este mismo orden de ideas, es menester señalar la reciente sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 03 de abril de 2008, y signada con el Nº 181, con ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, la cual establece en cuanto a la orden de aprehensión, amparada en la excepción del último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“ En fecha 18 de enero de 2006, la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira solicitó orden de aprehensión urgente y necesaria para los ciudadanos DOUGLAS ROJAS ALAÑA, JAIRO GUILLERMO RANGEL BRICEÑO, DOCARLY LEONARDO ALVAREZ VERGARA y FRANKLIN ALEXANDER MATERÁN AVILA, por su presunta participación en los delitos de ROBO AGRAVADO, ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, VIOLACIÓN, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, AGAVILLAMIENTO y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO. La representación del Ministerio Público consideró el peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, así como el registro de ingresos penales en el Centro Penitenciario de Occidente, y en el Juzgado Primero de Control, cursa la causa Nº IJU-756-04, seguida a DOUGLAS JOSÉ ROJAS ALAÑA y DOCARLY ÁLVAREZ VERGARA por robo agravado de vehículo Grand Vitara Sport. Por ello solicitó la aprehensión de los mencionados ciudadanos “URGENTE Y NECESARIA POR VIA EXCEPCIONAL para efectuar los reconocimientos en fila de personas con las víctimas”. Así mismo decretó la RESERVA DE LAS ACTUACIONES. (Folios 1 al 4 pieza 1).

En fecha 19 de Enero de 2006, el Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira dictó auto en el que estableció:

“…visto (sic) los fundamentos serios y concluyentes que explana y presenta el Ministerio Público, los cuales se motivarán por auto separado, y por cuanto se dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, se autorizó siendo las once y siete minutos de la mañana (11:07 a.m.) al Fiscal Omar Emerjo Mora Rivas, vía telefónica, la aprehensión de los ciudadanos DOUGLAS JOSÉ ROJAS ALAÑA, JAIRO GUILLERMO RANGEL BRICEÑO, ÁLVAREZ VERGARA DOCARLY LEONARDO y FRANKLIN ALEXANDER MATERÁN AVILA, ya identificados.” (Folio 55 P.1).
“…Observa igualmente la Sala, que la solicitud de aprehensión planteada por la Fiscalía Décima Octava del Ministerio Público y la consecuente Orden de Aprehensión dictada por el Juzgado Segundo de Control del Estado Táchira se sustentaron en el carácter excepcional por urgencia y necesidad, con fundamento en la presunta participación de los hoy acusados DOUGLAS ROJAS ALAÑA y DOCARLY ÁLVAREZ VERGARA, en la comisión de varios delitos de robo agravado, violaciones y agavillamiento, considerando tanto el Fiscal encargado de la investigación como el Juez de Control, que se trata de la persecución de crimen organizado y la evidente comisión continua de dichas modalidades delictivas, fundamentada la aprehensión excepcional por urgencia y necesidad en la parte in fine del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

“Artículo 236. Procedencia (De la privación judicial preventiva de libertad). El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado será conducido ante el juez, quien, en presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el fiscal deberá motivar su solicitud y el juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el juez de juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado cuando se presuma fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo…”. (Resaltados de la Sala).

Es así como en el presente caso, no fue realizado el acto de imputación formal ante la sede del Ministerio Público, en cuanto a los delitos de Robo Agravado, Violación (continuados) y Agavillamiento, por cuanto fue verificada la condición excepcional prevista en el antes transcrito artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, situación que fue debidamente motivada tanto por el órgano encargado de la investigación como por el juzgado de control.

Por ello, la Sala declara SIN LUGAR la presente solicitud de avocamiento, en cuanto a la ausencia del acto de imputación ante la sede del Ministerio Público, por haberse configurado la causal de excepción prevista en el último aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide”.

Este Tribunal Primero de Control, Audiencia y Medidas, por todo lo anterior, y amparado bajo la decisión anteriormente trascrita, estima que los fundamentos esgrimidos por la Fiscalía del Ministerio Público, son valederos y ajustados a derecho para la procedencia de la orden por excepción solicitada, a tal efecto, se ordenó expedir Orden de Aprehensión contra el ciudadano JHONATAN RAFAEL MOYA VICENT, ampliamente identificados en autos, de conformidad con lo establecido en los artículo 236, 237y 238 todos del Código Orgánico Procesal Penal, el cual una vez aprehendido será conducido dentro del lapso establecido en la Ley Adjetiva Penal, ante el Juez de Control, Audiencia y Medidas, quien en presencia de las partes y de la víctima, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosas, si fuere el caso.
De esta manera queda ratificada la Orden de Aprehensión solicitada por el Ministerio Público y otorgada por vía telefónica por este Tribunal el día 05 de noviembre de 2016, a las 11:30 horas de la noche, en virtud de haber presentado dentro de las doce horas siguientes a su solicitud, los fundamentos o elementos de convicción fehacientes, que tuvo en cuenta para solicitar la medida. Provéase lo conducente.-
LA JUEZ TEMPORAL DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDA Nº 1

Abg. DEL VALLE MAGO RODRIGUEZ

EL SECRETARIO,

ABG. VICTOR RONDON