TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Nueva Esparta
205º y 156º

Expediente Nº 24.837.

I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.-
I.1 PARTE DEMANDANTE: sociedad mercantil SEISENBACHER VENEZUELA, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en fecha 03-06-1992, bajo el Nº 458, Tomo IV, Adicional 9.
I.2 APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: abogados en ejercicio ANDRÉS ENRIQUE MATOS RUIZ y DANIEL BRUNO SOÑORA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 70.678 y 66.445, respectivamente.
I.3 PARTE DEMANDADA: ciudadano WERNER LIEBIG, austriaco, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº E-82.296.446.
I.4 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No acredito Apoderado.
II.- MOTIVO DEL JUICIO: RENDICIÓN DE CUENTAS.

III.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS.-
Se inicia el presente juicio por demanda de RENDICIÓN DE CUENTAS, interpuesta por la sociedad mercantil SEISENBACHER VENEZUELA, S.A., en contra del ciudadano WERNER LIEBIG, ya debidamente identificados. Sometida al sorteo correspondiente, en fecha 21-11-2013, la misma fue asignada a este Juzgado.
Por auto de fecha 29-11-2013, se le da entrada al expediente, se admite la presente causa y, se ordena emplazar a la parte demandada.
En fecha 04-12-2013, el apoderado judicial de la parte actora, consigna copias simples para la elaboración de la compulsa de citación.
En fecha 05-12-2013, la parte actora consigna original del poder; asimismo, consigna copias simples para la apertura del cuaderno de medidas.
En fecha 10-12-2013, se libra la compulsa de citación de la parte demandada.
En fecha 12-12-2013, la parte actora consigna copias simples para la apertura del cuaderno de medidas.
Por auto de fecha 17-12-2013, se insta a las partes a consignar acta constitutiva de la empresa a los fines de proveer sobre la medida solicitada.
En fecha 15-01-2014, la parte actora, pone a disposición del Alguacil los medios necesarios para la práctica de la citación.
En fecha 15-01-2014, el Alguacil deja constancia que la parte actora, le proporcionaría de un vehículo para realizar las diligencias pertinentes a la citación.
En fecha 28-01-2014, la parte actora consigna copia certificada del acta constitutiva, y solicita se abra el cuaderno de medidas y se decrete la medida solicitada; siendo acordado por auto de fecha 31-01-2015; se abrió el respectivo cuaderno de medidas.
En fecha 19-03-2014, el alguacil consigna compulsa de citación, en razón de no haber podido localizar a la parte demandada.
En fecha 20-03-2014, la parte actora, solicita la citación de la parte demandada por cartel; siendo acordado por auto de fecha 25-03-2015.
En fecha 28-03-2014, la parte demandante, retira cartel de citación a los fines de su publicación.
En fecha 11-04-2014, la parte actora, consigna cartel de citación debidamente publicado en prensa; siendo agregados al expediente por auto de esa misma fecha.
Por auto de fecha 12-06-2014, se ordena el desglose de la diligencia junto con su anexo, a fin de incorporarlo al cuaderno de medidas.
En fecha 04-07-2014, la parte actora, solicita se practique la citación de la parte demandada en la persona de su apoderado judicial; siendo negada dicha petición por auto de fecha 08-07-2014.
En fecha 01-12-2014, la parte actora, solicita se designe defensor judicial a la parte demandada; siendo negado por auto de fecha 03-12-2015, en virtud de no haberse agotado la citación personal de la parte demandada.
Mediante diligencia de fecha 20-01-2015, la parte actora, solicita se emita cartel de citación a la parte demandada; siendo negado por auto de fecha 23-01-2015, en virtud de que referido cartel fue librado en fecha 25-03-2014, y aun falta cumplir con unas de sus formalidades.
En fecha 25-02-2015, la secretaria del tribunal deja constancia que fijo el cartel de citación en la morada de la parte demandada,

CUADERNO DE MEDIDAS.
Por auto de fecha 31-01-2014, se apertura el cuaderno de medidas; y, se decreta medida preventiva de embargo.
En fecha 10-02-2015, el Alguacil consigna copia del oficio Nº 0970-14.619 debidamente entregado en el Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 11-02-2014, la parte actora solicita se deje sin efecto el oficio librado al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial, ya que la sociedad mercantil sobre el cual recayó la medida se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil Primero, ubicado en La Asunción; siendo acordado por auto de fecha 17-02-2014, y se libra oficio al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo, Marcano y Gómez de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 10-03-2014, la parte actora, solicita se sustituya la medida preventiva de embargo por una medida de prohibición de enajenar y gravar.
En fecha 17-03-2014, se ordena agregar comisión Nº 1106, emanada del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo, Marcano y Gómez de esta Circunscripción Judicial; siendo declarada improcedente dicha solicitud por auto de fecha 19-03-2014.
En fecha 28-03-2014, la parte actora solicita se decrete medida de embargo preventivo; siendo acordada dicha medida por auto de fecha 08-04-2014.
En fecha 156-04-2014, la parte actora solicita se deje sin efecto el oficio librado al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo, Marcano y Gómez de esta Circunscripción Judicial, ya que la sociedad mercantil sobre el cual recayó la medida se encuentra inscrita ante el Registro Mercantil Primero; siendo acordado por auto de fecha 17-02-2014, y se libra oficio al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 29-04-2014, el Alguacil consigna copia del oficio Nº 0970-14.750 debidamente entregado en el Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.
Mediante nota secretarial se le da cumplimiento al auto dictado en fecha 12-06-2014, en la pieza principal y se incorpora al presente cuaderno de medida comisión.
En fecha 25-06-2014, la parte actora solicita se comisione al Juzgado respectivo a los fines de ejecutar la medida decretada; siendo negada dicha solicitud por auto de fecha 27-06-2014.
En fecha 30-07-2014, el Alguacil consigna copia del oficio Nº 0970-14.903 debidamente entregado en el Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo, Marcano y Gómez de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 06-08-2014, se ordena agregar comisión Nº 1108, emanada del Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo, Marcano y Gómez de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 31-10-2014, se ordena agregar comisión Nº 1125, emanada del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolin del Campo y Gómez de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 31-10-2014, se ordena agregar comisión Nº 3.078-2014, emanada del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.

IV.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Vistas las precedentes actuaciones este Juzgado observa que la última actuación de la parte actora fue en fecha 20-03-2014, cuando mediante de diligencia, solicita se emita cartel de citación a la parte demandada, sin que de autos emerja actuación alguna encaminada para impulsar el proceso, habiendo transcurrido en exceso, desde esa oportunidad más de un (1) año, rebasando así de forma clara la inacción el término del año a que se refiere el artículo 267 del Código de procedimiento Civil.

DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

Al respecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”

El procesalista RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, Pág. 329, comenta lo siguiente:
“…La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el Juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia…”

En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 13-06-2001 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Sin embargo, esta Sala observa que, la perención de la instancia opera por inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…”
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de Febrero de 2.004, asentó:
“…La regla legal transcrita impone una sanción de perención de la instancia por falta de actividad de las partes durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada.
En el caso de las perenciones breves, no se puede considerar que exista tal abandono del proceso, sino falta de cumplimiento de los deberes legales que la Ley impone para lograr la citación.
En uno u otro supuesto, por ser la norma analizada de carácter sancionatorio, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica (…) Para declarar la perención no solo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal…”

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 909 de fecha 17-05-2004, asentó:
“... De lo anteriormente expuesto, se colige que la perención ha de transcurrir, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, para realizar actos de procedimiento, aun en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo en los casos en que el tribunal haya dicho “visto” y el juicio entre en etapa de sentencia…”

De los fallos precedentemente transcritos, este Tribunal infiere que la inactividad procesal de las partes conlleva a la falta de impulso o estímulo del proceso que acarrea su penalización y lo extingue.
Sobre ese particular es oportuno indicar que la perención es un instituto procesal, que ha sido previsto como sanción para la parte que ha abandonado el juicio, en perjuicio de la administración de justicia, a la cual ha puesto en movimiento sin interés definitivo alguno. Esta sanción no puede ser utilizada como un mecanismo para terminar los juicios, colocando la supremacía de la forma procesal sobre la realización de la justicia, por cuanto ello atenta contra el mandato contenido en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Nuestro máximo Tribunal, se ha pronunciado acerca de la perención en los términos siguientes: La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio (Artículo 267 ejusdem).
Esta institución procesal encuentra su justificación en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y de su desinterés en la continuación del proceso…” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 2, Febrero de 2003, página 413).
Como se observa, el legislador impone una dura sanción, cuando las partes han actuado de manera negligente durante el proceso, ya que los obliga a actuar bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos.
En este sentido, la Perención de la Instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por ello la función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, en cuanto no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado, es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal.
Consecuente a este fin, la perención esta concebida por el legislador como una norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Por ello, el verdadero espíritu y propósito de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia, siendo preciso determinar el impulso del proceso el cual dependerá de ellas (partes), pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada, porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los lapsos legales, no se puede castigar a las partes por la negligencia del juzgador.
Ahora bien, en el caso de marras, se evidencia que la parte demandante dejó transcurrir más de un año sin darle impulso a la causa, dado que en fecha 20-03-2014, solicita la emisión del cartel de citación a la parte demandada.
Todo lo antes expuesto, determina palmariamente que en el presente caso, transcurrió el lapso legal necesario para que se verificara la perención anual de la instancia, al hallarse la causa en el estado de citación de la parte demandada, y no encontrándose la misma en fase de sentencia, es por lo que ciertamente se cumplen los requisitos de procedencia de la perención anual.
Lo que deja claro, que la causa no se encontraba en estado de sentencia después de “vistos” por informes de las partes, pues como se señaló ut supra, la pérdida del interés procesal no puede manifestarse en la fase de decisión, ya que la renuencia del sentenciador en dictar su fallo no puede ser atribuida a las partes como abandono y por tanto, su inactividad en modo alguno podrá perjudicarlas.
Ahora bien, de la revisión de las actuaciones parcialmente narradas, contenidas en el presente expediente, se observó que la presente causa quedo paralizada en etapa de citación de las partes demandadas, sin que la parte realizara alguna actuación tendiente a la prosecución del procedimiento, evidenciándose que entre el 20-03-2014 al 13-04-2016, han transcurrido tres año (3) años, sin que la parte actora mostrara algún tipo de interés en la continuación del procedimiento.
Aplicando todo lo expuesto al caso que nos ocupa, se observa que efectivamente desde el día 20-03-2014, hasta la presente fecha, ha transcurrido más del año previsto en la norma adjetiva, para que opere la perención de la instancia como sanción, a la conducta omisiva de la parte actora, sin que tal inacción recaiga en cabeza del Tribunal, ya que aún correspondía a las partes probar sus pretensiones y defensas en el lapso probatorio. En consecuencia, no habiéndose ejecutado ningún acto de procedimiento y no encontrándose la causa en estado de sentencia, se concluye que en el presente caso procede la perención de la instancia, con fundamento en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-

V.- DISPOSITIVA

Por las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: La Perención de la Instancia en el juicio que por RENDICIÓN DE CUENTAS, interpusiera la sociedad mercantil SEISENBACHER VENEZUELA, S.A., en contra de los ciudadanos WERNER LIEBIG, todos debidamente identificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese, déjese copia y archívese en su oportunidad.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los trece (13) días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.