REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANA DE NUEVA ESPARTA. I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- PARTE ACTORA: ciudadano ALEXANDER AGUSTIN GONZALEZ MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.143.154. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: No acreditó. PARTE DEMANDADA: ciudadana AURISTELA MARIA CONTRERAS SOTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 8.978.768, domiciliada en la calle principal de la población de La Rinconada de paraguachí, Casa s/n, Jurisdicción del Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No Acreditó. I.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.- Se inicia la presente demanda de COBRO DE BOLIVARES (INTIMAIÓN) presentada por el ciudadano ALEXANDER AGUSTIN GONZALEZ MORENO, debidamente asistido de abogado en contra de la ciudadana AURISTELA MARIA CONTRERAS SOTILLO, con fundamento en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil. Recibida para su distribución en fecha 27-07-2015 (f. 4), siendo asignada a este Juzgado en esa misma fecha, quien procedió a darle entrada y anotarla en los libros respectivos el día 28-07-2015 (f. Vto.4), en virtud de la consignación del recaudo señalado en el libelo de demanda (f. 3). Por auto de fecha 30-07-2015 (f. 5 y 6) se admitió la presente demanda y se ordenó la citación de la demandada para que compareciera por ante este Tribunal, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a que conste en auto su intimación, para que apercibido de ejecución cancele o acredite haber cancelado las cantidades de dineros que se mencionada en el dicho escrito, concediéndosele igualmente el termino establecido en el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil. Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones: III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.- LA PERENCION DE LA INSTANCIA El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente: “…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…” De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal. Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte accionante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda emitida el día 30-07-2015 no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición del alguacil el medio de transporte necesario para que se llevara a cabo su traslado, a los efectos de cumplir con la práctica de la citación de la demandada ciudadana AURISTELA MARIA CONTRERAS SOTILLO, y menos aún a suministrar los fotostatos del escrito libelar y auto de admisión con el objeto de que se elaborara la compulsa respectiva. Todo o cual, refleja que en este caso operó de pleno derecho la perención breve de la instancia, dado que la actora tal como quedó plasmado anteriormente no cumplió con la carga de suministrar los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. IV.- DISPOSITIVA Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE INCLUSIVE EN LA PÁGINA WEB DEL TRIBUNAL, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA. Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en La Asunción, a los dos (02) días del mes de octubre de dos mil quince (2015). AÑOS 205º y 156º. LA JUEZA TEMPORAL, Dra. MARÍA A. MARCANO RODRÍGUEZ. LA SECRETARIA Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO NOTA: En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de ley. Conste. LA SECRETARIA Abg. ENMYC ESTEVES PAREJO Exp. Nº 11.892-15 MAM/EEP/pbb.-