REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA I.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES.- PARTE ACTORA: ciudadana FRANGELYS MARÍA MARÍN MARÍN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.112.739, domiciliada en la calle Río del Sector El Manglillo, jurisdicción del Municipio Península de Macanao del estado Nueva Esparta. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: No acreditó. PARTE DEMANDADA: ciudadano IBRAHAN JOSÉ MARIN NARVAEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.672.760, domiciliado en la población de la calle mama Justa de la población de Las Cabreras, Parroquia Adrián, Jurisdicción del Municipio Marcano del estado Nueva Esparta. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No Acreditó I.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.- Se inicia la presente demanda de DIVORCIO presentada por la ciudadana FRANGELYS MARÍA MARÍN MARÍN, debidamente asistida por el abogado FELIX MARCANO en contra del ciudadano IBRAHAN JOSÉ MARIN NARVAEZ, con fundamento en la causal 2° del artículo 185 del Código Civil. Recibida en fecha 11-10-2012 por distribución (vuelto del f.02). En fecha 11-10-2012 (f. 03 y 08) la actora con la debida asistencia jurídica consignó los recaudos señalados en el escrito libelar. Por auto de fecha 16-10-2012 (f. 09 y 10) se admitió la presente demanda y se ordenó la citación del demandado para que compareciera por ante este Tribunal, a las 10:00 a.m., del primer día de despacho siguiente pasados que sean cuarenta y cinco (45) días continuos después de su citación, para que tenga lugar el primer acto conciliatorio del proceso, ordenándose igualmente la notificación del Fiscal del Ministerio Público. Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones: III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.- LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente: “…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…” De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal. Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte accionante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes al auto de admisión de la demanda emitido el día 16-10-2012 no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición de la alguacil el medio de transporte necesario para que se llevara a cabo la práctica de la citación del demandado ciudadano IBRAHAN JOSÉ MARIN NARVAEZ, y menos aún a suministrar los fotostatos del escrito libelar y auto de admisión con el objeto de que se elaborara tanto la compulsa respectiva como la boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. IV.- DISPOSITIVA Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, (15) de Febrero del año Dos Mil Trece (2013). Años: 202º y 153° LA JUEZA TITULAR, Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS. LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ.- En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión. Conste. LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ EXP. Nº 11.428-12 JSDC/CF/pbb.-