TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, Diez (10) de Enero de Dos Mil Trece (2013)
Años: 202º y 153º

ASUNTO: OP02-N-2010-000014
PARTE RECURRENTE: GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: Abogada en ejercicio VICTORIA NAVIA, titular de la cédula de identidad No. 13.735.552, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 40.454.-
PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD CONTRA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 57 EMANADA DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

Se inicia el presente procedimiento mediante escrito libelar presentado por la Abogada VICTORIA NAVIA, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 40.454, en su condición de Apoderada Judicial de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 57, EMANADA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2009, ante el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, el cual fue presentado en dicho Juzgado en fecha 12 de agosto 2009 y en fecha 14 de agosto de 2009, se le dio su respectiva entrada.
En fecha 16 de Septiembre de 2009, el referido Tribunal ADMITE el presente recurso, librando las respectivas notificaciones de ley.-
En fecha 16 de octubre de 2009, la abogado LUCIA SALAZAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.506.339, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 18.378, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, diligenció manifestando que proporcionó al alguacil los medios necesarios para la elaboración de las compulsas con sus recaudos, así como los gastos de transporte para efectuar el traslado a la Inspectoría del Trabajo del estado Nueva Esparta; y, el alguacil en esa misma fecha, dejó constancia de que le fue proporcionado los recursos para realizar las diligencias pertinentes a las citaciones y notificaciones que debían practicarse en el expediente.-
En fecha 19 de octubre de 2009, la abogada VICTORIA NAVIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 40.454, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, diligenció consignando ejemplar de cartel debidamente publicado en el diario últimas noticias.
En auto de fecha 21 de abril de 2010, el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, exhortó al Alguacil del Tribunal, para que explique porque no fueron notificados los trabajadores identificados en actas, si la parte recurrente le proporcionó los medios suficientes para llevar a cabo tales diligencias.-
En fecha 21 de Abril de 2010, el ciudadano EMMANUEL REYES REYES, en su condición de Alguacil del Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, dejó constancia que la apoderada de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, le proporcionó los recursos para realizar la notificación de la Fiscalia del Ministerio Público y al Inspector del Trabajo del Estado Nueva Esparta, pero no con relación a la notificación de los trabajadores JOSÉ ANTONIO GARCIA, YOEL ERNESTO ROJAS RODRIGUEZ y JORGE ALBERTO CAÑAS, titulares de las cédulas de identidad Nos. 6.827.950, 13.668.821 y 12.505.751, respectivamente, en virtud de que no se ha indicado en el expediente sobre su dirección exacta, lo cual es un requisito primordial para hacer efectiva dicha notificación.-
En fecha 05 de octubre de 2010, el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, declara su INCOMPETENCIA para tramitar y decidir el presente recurso, declinando la competencia para el conocimiento del mismo al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.-
En fecha 27 de octubre de 2010, se recibió por secretaria el presente asunto.
En fecha 01 noviembre de 2010, se dio entrada por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
En fecha 05 de noviembre de 2010, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio, se declaró competente para tramitar y decidir el recurso, y ordenó la notificación de las partes, a los fines de fijar la audiencia oral y pública.
En fecha 31 de enero de 2011, comparece por ante este Circuito Judicial del trabajo, el ciudadano Javier Brito, en su condición de Alguacil, quien consignó en forma negativa Boletas de Notificación libradas a los ciudadanos JOSÉ ANTONIO GARCIA, YOEL ERNESTO ROJAS RODRIGUEZ, CESAR MARIA GONZALEZ, JORGE ALBERTO CAÑA y JENYS JOSEFINA GARCÍA ROSAS, por cuanto las referidas boletas no señalan ninguna dirección donde practicarse.
En fecha 07 de febrero de 2011, el Tribunal dictó auto vista la diligencia suscrita por el alguacil en fecha 31 de enero de 2012, instando a la parte recurrente GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, en la persona de Apoderada Judicial Abogada VICTORIA NAVIA, a suministrar el domicilio de los ciudadanos JOSÉ ANTONIO GARCIA, YOEL ERNESTO ROJAS RODRIGUEZ, CESAR MARIA GONZALEZ, JORGE ALBERTO CAÑA y YENYS JOSEFINA GARCÍA ROSAS, a los fines de materializar la notificación ordenada, concediéndosele un lapso de 03 días hábiles a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, contados desde la constancia en autos de haber sido notificado y en caso contrario se procederá conforme al artículo 35 ejusdem, la cual hasta la presente fecha no ha sido suministrada.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien observa esta sentenciadora que luego de revisadas las actas procesales que conforman el presente asunto se pudo constatar que la presente acción se interpuso desde el año 2009, sin evidenciarse actividad procesal alguna por la parte actora, razón por la cual pasa a verificar si operó la perención, por falta de interés procesal del recurrente.-
Al respecto ha establecido la Sala Constitucional mediante sentencia de fecha 28 de Abril de 2009, caso Carlos Vecchio, Rodrigo Ayala Coll y Oscar Lucien, lo siguiente:
“El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).

En este sentido, cabe precisar que igualmente ha establecido la Sala Político administrativa en decisión de fecha 21 de Septiembre de 2010, que la perención de la instancia es un mecanismo anómalo el cual conlleva a la terminación del proceso, en el entendido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención de la instancia, no induce cosa juzgada material, teniendo el accionante que interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta, siempre y cuando se encuentre dentro del lapso legal para su interposición, constituyéndose de esta manera el instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con la finalidad de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.-
De lo anterior se evidencia, la obligación del Juez que entra al conocimiento de una causa, el cual debe declarar la perención de la instancia como consecuencia de la inactividad procesal, que no solo sea atribuible a las partes litigantes sino también al sentenciador, lo que nos revela la intención del legislador para los casos de inactividad procesal, no siendo otra que impedir que los juicios se prolonguen de manera indefinida en el tiempo y eximir a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en los casos presuntamente abandonados por las partes.
Ahora bien, considera oportuno esta sentenciadora traer a colación decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el fallo Nro. 1279, Expediente 07-0167, de fecha 13 de agosto de 2008, en la cual se expresó lo siguiente:
“En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia...”
Señalado esto tenemos que, la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En ambos casos, la función jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida del interés procesal, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento.
De lo anterior se desprende que, entre el decaimiento de la acción y la perención de la instancia existen marcadas diferencias, aún cuando las mismas tienen como finalidad inmediata hacer caducar el proceso. En efecto la perención de la instancia sólo extingue el proceso pero la parte interesada, en principio puede volver a intentar la acción nuevamente. En cambio, el decaimiento de la instancia o decaimiento de la acción, como puede llamarse por sus efectos conclusivos, no sólo extingue el proceso sino que también extingue la instancia, sin que sea posible intentar nueva demanda sobre lo mismo.
Así las cosas, se observa que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, de fecha 16 de junio de 2010), establece la figura de la perención en su artículo 41 el cual señala:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.

En efecto, en el caso de autos la parte actora no dio el impulso procesal requerido, siendo una carga del litigante mantener activo el proceso, debiendo realizar actuaciones que conduzcan a demostrar su interés en que se resuelva la controversia; se desprende de autos que la parte recurrente interpuso el presente recurso de nulidad el 12 de Agosto de 2009, asimismo se observa que en fecha 07 de febrero de 2011, este Tribunal instó a la parte recurrente a consignar nueva dirección de los terceros interesados en el presente asunto, sin que hasta la presente fecha haya realizado ninguna actuación para darle el impulso correspondiente, a los fines de obtener por parte del órgano jurisdiccional una decisión; en consecuencia, al no haber ejecutado acto alguno tácitamente manifestó su intención de no estar interesado en continuar con el procedimiento.
En base a las anteriores consideraciones, este Tribunal acogiéndose a lo establecido en el artículo 41 Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como lo establecido por nuestro Máximo Tribunal, en cuanto a que la perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal, considera que en la presente causa se ha consumado la perención de la instancia por causa de inactividad de la parte recurrente y en consecuencia extinguida la instancia. Así se declara.-

DISPOSITIVA:

Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente acción interpuesta por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 57, EMANADA DE LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2009.-
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión.
TERCERO: Notifíquese a la parte recurrente de la presente decisión.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los diez (10) días del mes de enero de dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
LA JUEZA,

Dra. ROSANGEL MORENO SERRA

LA SECRETARIA,

En esta misma fecha (10/01/2013), siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión, previo los requisitos de ley. Conste.

LA SECRETARIA,