TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.

La Asunción, 02 de abril de 2013
Años 202º y 154º

ASUNTO Nº OP02-J-2009-000441
MOTIVO: Divorcio 185-A (Perención).-

Se inicia la presente causa en fecha 30.10.2009 con solicitud de Divorcio de conformidad con el Artículo 185-A del Código Civil, presentada por los ciudadanos SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES e INIRIDA DEL VALLE GARCIA MARIN, titulares de las cédulas de identidad números V-6.912.657 y V-7.803.467, respectivamente; asistidos por el abogado en ejercicio Francisco Balestrini Moronta, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.055, de cuya unión nació el adolescente (IDENTIDAD OMITIDA), la cual es admitida en fecha 03.11.2009, oportunidad en la cual se ejerció despacho saneador a objeto de que los solicitantes dieren cumplimiento al Parágrafo Primero del artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto a señalar como se ha venido ejecutando la Obligación de Manutención y el Régimen de Convivencia Familiar desde el momento de la separación, y para que consignasen copia certificada del acta de matrimonio y copia de la partida de nacimiento del adolescente in comento, sin lo cual no es posible darle continuidad al asunto. Ante el incumplimiento de lo requerido, en fecha 01.03.2011 se ordenó la notificación de las partes con la finalidad de que procedieren a realizar la subsanación ordenada, o en su defecto indicasen su deseo de continuar con la tramitación del presente procedimiento. Consta de autos, que la ciudadana INIRIDA DEL VALLE GARCIA MARIN fue debidamente notificada en fecha 10.03.2011 y que la notificación del ciudadano SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES fue con resultado negativo, por ser desconocido en la dirección de habitación aportada. Ello así, el Tribunal mediante actuación de fecha 15.03.2011 ordenó oficiar al Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y al Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitando último domicilio y movimiento migratorio del referido ciudadano; respecto de lo cual se recibe respuesta por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) en fecha 03.05.2011, informando el domicilio del ciudadano SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES, ordenándose en fecha 10.05.2011 su notificación en los mismos términos y condiciones de la boleta de notificación librada en fecha 01.03.2011. En fecha 03.06.2011 se recibió comunicación procedente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), en la cual informan los movimientos migratorios del ciudadano SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES, de los cuales se desprende la salida del Territorio Venezolano del mencionado ciudadano, quedando el Tribunal en cuenta de su contenido en fecha 08.06.2012. La notificación ordenada en fecha 10.05.2011 respecto del ciudadano SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES resultó infructuosa, toda vez que el alguacil se trasladó en viarias oportunidades a la dirección señalada, encontrando la casa N° 2-123 de la Urbanización Puerta del Sol cerrada. En fecha 29.09.2011 mediante comunicación la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central del Ministerio del Poder Popular, Relaciones Interiores y Justicia, informa el domicilio registrado en sus archivos del ciudadano SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES, a tal efecto, el Tribunal en fecha 05.10.2011 ordena su debida notificación, exhortando al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines de lograr la notificación del referido ciudadano. Mediante actuación de fecha 07.12.2011, el Tribunal ordenó recabar las resultas del exhorto, lo cual fue ratificado en fecha 02.02.2012, por no constar de autos las resultas del exhorto para la notificación del ciudadano SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES. Se recibe ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial, en fecha 10.02.2012 las resultas del exhorto conferido al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas con resultado negativo. Ante la imposibilidad de notificar al ciudadano SIMON ROMERO y aunado al hecho, de la no comparecencia de la ciudadana INIRIDA GARCIA, aún cuando ésta fue debidamente notificada, el Tribunal en fecha 14.02.2012 instó a los ciudadanos SIMON ABIGAIL ROMERO MENESES e INIRIDA DEL VALLE GARCIA MARIN, conforme a las facultades legales conferidas en la Ley a comparecer ante este Circuito Judicial en horario de atención al público, a objeto de que realicen la subsanación ordenada o en su defecto, manifiesten si desean continuar con el presente procedimiento, pero es el caso que desde la fecha indicada no consta de autos ni del Sistema Juris 2000 que los interesados hayan realizado la subsanación correspondiente, ni que hayan comparecido para manifestar la continuidad del presente procedimiento, menos aun, que hayan consignado los instrumentos fundamentales para darle continuidad al procedimiento; oportunidad desde la cual ha transcurrido más de un (01) año, evidenciándose de autos una absoluta inactividad imputable a las partes, por lo que considera este Tribunal que se han cumplido los supuestos contenidos en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, configurándose la Perención, y como consecuencia de ello la extinción de la Instancia. La perención se basa en una condición objetiva, la cual consiste en el transcurso de un (01) año de inactividad procesal de las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. En este sentido, la Sala Político Administrativa de Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 01855 de fecha 14.08.2001, partiendo del dispositivo contenido en el articulo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, deduce que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso; dejando establecido además que siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución. También la Sala de Casación Civil del mas Alto Tribunal de la República, en sentencia N° 369 de fecha 15 de noviembre de 2000, ratifica doctrina respecto a la perención de la instancia, cuando hace alusión a sentencia signada con el N° 211, de fecha 21 de junio del 2000 de dicha Sala, correspondiente al expediente N° 86-485, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, que dejó sentado lo siguiente:
“…La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil…”.
La Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes, no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido, no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Ello conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, por cuanto las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como anomalía social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; más entonces, al abandonar el mismo, las partes hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por auto-composición procesal.
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de la Sala Constitucional, sentó criterio en relación a la perención, indistintamente cuáles sean las partes en el proceso, por lo cual podemos incluir a los niños y/o adolescentes, cuando estableció:
“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el Artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”
Expuesto ello, y tomando en consideración que desde la fecha indicada no consta de autos ni del Sistema Juris 2000 que se haya instado la continuidad del juicio, consumándose con ello una absoluta inactividad de las partes, es en base a tales consideraciones, que este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA:
a) CONSUMADA LA PERENCIÓN y, por tanto, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en el presente proceso, de conformidad con lo establecido en los Artículos 267 y 269 del Código del Procedimiento Civil, aplicados por remisión del artículo 452 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
b) Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatorias en costas.
c) Notifíquese.
Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el Articulo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente, en La Asunción a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil trece (2013). Años 202º de La Independencia y 154º de La Federación.
La Jueza.

Carmen Milano Vásquez La Secretaria

Merlyn Prieto Velásquez
Conforme a lo ordenado se dio cumplimiento en autos.
La Secretaria

Merlyn Prieto Velásquez
CMV/MPV/mgm*.-