TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 9 de Febrero de 2012
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : OK01-P-2002-000004
ASUNTO : OK01-P-2002-000004

SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO POR EXTINCION DE LA ACCION PENAL

JUEZ: DRA. EMILIA VALLE ORTIZ
SECRETARIA: Abg..ESTEPHANY ARRIECHE
FISCALIA QUINTA DEL MINISTERIO PUBLICO
DEFENSA PUBLICA PENAL

Juramentada como he sido Jueza Provisoria de este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio No. 2 de este Circuito Judicial Penal, en virtud de la designación realizada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 12 de agosto de 2010, según oficio No. CJ-10-17-16, me ABOCO al conocimiento del presente asunto penal. Se deja expresa constancia que cualquier retardo procesal en la tramitación hasta el día de hoy del presente en el asunto penal no puede ser imputable a esta Juzgadora que hoy se aboca ni a la secretaria que suscribe esta decisión. Revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto; visto el presente asunto que se sigue a la ciudadana LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, este Tribunal de oficio para decidir, hace las siguientes consideraciones:

CAPITULO I
ANTECEDENTES

El presente asunto penal es seguido contra LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, de nacionalidad venezolana, natural de Porlamar, titular de la cédula de identidad No. 11.855.285 de 43 años de edad, de oficio AMA DE CASA, Residenciado en La Guardia, calle Diaz, Sector María Auxiliadora casa número 3-24 color verde, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, por la presunta comisión del delito de Hurto Agravado en Grado de Frustración , previsto y sancionado en el artículo 454 en relación con el último aparte del artículo 80 ambos del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos.

Se observa que el presente asunto se inicia con la presentación de la imputada LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, el 29 de septiembre de 2002, ante el Tribunal de Control No. 1 de este Circuito Judicial Penal , oportunidad en la cual el Fiscal del Ministerio Público precalificó el delito de Lesiones Personales menos graves calificadas, previsto en el artículo 454 en relación con el último aparte del artículo 80 ambos del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos, decretándose una medida cautelar sustitutiva de libertad consistente en presentaciones de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y se acordó seguir el juicio por el procedimiento abreviado.

En fecha 21 de febrero de 2003 la Fiscalía Quinta del Ministerio Público solicitó al Tribunal de Juicio No. 2 orden de captura en contra de la imputada, por cuanto la misma no había comparecido al juicio oral y público las veces que había sido convocada, solicitud que declaró con lugar el Tribunal el 17 de marzo del mismo año 2003.

Ahora bien, dicha captura se materializó el día de hoy, la cual fue hecha por la Dirección de Coordinación Policial del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño, recibéndose oficio No. DG/JS-05087-02-12 de fecha 8 de febrero de 2012, donde informan de la detención de la imputada.

Este Tribunal, revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman este asunto, ha determinado que habiendo sido imputada LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS ante el Tribunal de Control No. 4 por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en fecha 29 de septiembre de 2002, hasta la presente fecha la Fiscalía Quinta no ha presentado acto conclusivo alguno, por lo que la prescripción de la acción penal no ha sido interrumpida en este caso por ningún acto de procedimiento, solo por la órden de captura dictada en fecha 17 de marzo de 2003, es decir que hasta la fecha han transcurrido más de ocho años y diez meses.

CAPITULO III
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

Ahora bien, es preciso señalar que la prescripción, cuyo término ha sido concebido en el derecho de diversas formas, está referida, entre otras, en materia penal, a la extinción de la acción o de la pena, por virtud del transcurso del tiempo. Esto último es importante porque precisa distinguir entre uno y otro caso.

Se entiende que la figura de la prescripción resulta diferente según se trate de la acción o de la pena, ya que en el primer caso, atiende al transcurso del tiempo desde que ocurrieron los hechos imputados y hasta el momento en que tiene lugar el ejercicio de la acción respectiva; mientras que, en el segundo supuesto, esto es, la prescripción de la pena, ésta opera a partir del momento en que se dicta la decisión y hasta el término que fije la ley en cada caso. Ahora bien, los hechos por los cuales imputó a la ciudadana LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, ocurrieron el 27 de septiembre de 2002, por lo que deben acogerse las reglas conforme a las cuales debe computarse el lapso ordinario de prescripción de la acción penal, contenidas en los artículos 108, 109 y 110 del Código Penal, por operar la máxima “tempus regit actum”, en virtud del cual la ley sólo se aplica a los hechos ocurridos durante su vigencia, siendo que de la revisión efectuada a las actas procesales se comprobó que los hechos ocurrieron efectivamente en la mencionada fecha, sin que hasta la presente fecha se haya presentado acto conclusivo alguno, ni acto alguno de procedimiento que la interrumpa desde el 17 de marzo de 2003 fecha en que se dictó la orden de captura.

En tal sentido, el artículo 108 del Código Penal vigente para la fecha en que suceden los hechos señala: “Salvo el caso en que la Ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así….4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de mas de tres años…5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión, de tres años o menos, arresto de mas de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República; …6. Por un año, si el hecho punible solo acarreare arresto por tiempo de uno a seis meses….”

Y el artículo 110 ejusdem dispone. “Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare.

Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

” Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

“La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.”

El Tribunal Supremo de Justicia, ha señalado: “...la prescripción ordinaria en el artículo 108, cuyo curso puede ser interrumpido y que nuevamente comenzará a computarse desde el día de la interrupción conforme al lapso previsto en el citado artículo y la prescripción extraordinaria o judicial que se encuentra contenida en la parte in fine del segundo párrafo del artículo 110 ejusdem y es aquella que se verifica por el solo transcurso de un tiempo determinado, esto es, el de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, siempre y cuando la prolongación del juicio por ese tiempo se haya producido sin culpa del reo, no siendo, a diferencia de la prescripción ordinaria, susceptible de interrupción. Cuando ocurre alguno de los actos previstos en el artículo 110 del Código Penal, se interrumpe el curso de la prescripción y a partir de esa fecha se abre un nuevo lapso de prescripción, pero ello sólo procede para la prescripción ordinaria de la acción penal ya que tales actos interruptores no surten su efecto cuando se dan los supuestos de la denominada prescripción judicial, que se configura cuando el juicio, sin culpa del reo, se prolongara por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo. Asimismo, si el hecho tiene asignado un lapso de prescripción menor de un año, si en ese término a partir del día en que comenzó a correr la prescripción, no se dicta sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal...” (Sentencia Nº 747, Sala de Casación Penal, del 21/12/2007).

Desde la fecha en que se dio inicio a la presente causa a la presente fecha ha transcurrido un lapso nueve años y tres meses; y desde la fecha en que el Tribunal dictó la orden de captura han transcurrido ocho años y diez meses, tiempo superior al previsto por el legislador para que opere la prescripción de la acción penal tanto ordinaria como judicial, y al respecto ha señalado la Sala Constitucional en Sentencia 1118 del 25-6-01: “… debido a que el proceso penal, en caso de fallo condenatorio restringe la libertad, garantiza al reo la extinción del proceso, si éste se prolongase por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo. A esta extinción la llama el artículo 110, prescripción… En realidad, la figura del artículo 110 comentado, no se trata de una prescripción, ya que la prescripción es interruptible, y este término no puede interrumpirse. Más bien se trata de una forma de extinción de la acción derivada de la dilación judicial. A juicio de esta Sala no se trata realmente de prescripciones, sino de extinciones de las acciones, por decaimiento de las mismas, debido a la falta de impulso pleno del proceso, hasta el punto que transcurre el tiempo y no se dictan sentencias definitivas… Se trata de la prolongación del proceso por causas imputables al órgano jurisdiccional, ya que si la dilación es atribuible al reo, el lapso extintivo no corre...”, a criterio de quién decide en este caso, lo procedente y ajustado a derecho, es el decretar el sobreseimiento de la causa, de conformidad con el articulo 318 numeral 3º y 322 del Código Orgánico Procesal Penal y 108 ordinal 6º del Código Penal por extinción de la acción penal, por causa no imputable al reo, y como consecuencia de ello, se debe decretar la libertad plena de LILIBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, toda vez que el delito por el cual fue imputada merece una pena de dos a seis años de conformidad con el artículo 454 del Código Penal vigente para la fecha en que se cometió el hecho (2002) en relación con el artículo 80, es decir que la pena a imponer por ese delito no sería mayor de tres años. Y así se declara y se decide.

Dispone el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 322 lo siguiente:
“Si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento.
Contra esta resolución podrán apelar las partes.”

En consecuencia, de la revisión de las actas procesales que efectuó este Tribunal Unipersonal Segundo de Juicio, comprueba que la dilación procesal ocurrida en la presente causa no le es imputable a la acusada, por lo cual ha operado la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 ordinal 6, 109 y 110 del Código Penal, razón suficiente para que este Tribunal de Juicio del Circuito Judicial Penal del Nueva Esparta declare el sobreseimiento de la causa a favor de LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8° ejusdem y relación al artículo 322 ibidem.” Y así se declara.-

DISPOSITIVA

En suma y con fundamento a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 2 del Circuito Judicial penal del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA: PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL y, en consecuencia EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA contra la ciudadana LISBETH DEL VALLE RODRIGUEZ VARGAS, plenamente identificada, por la presunta comisión del delito de de Hurto Agravado en Grado de Frustración , previsto y sancionado en el artículo 454 en relación con el último aparte del artículo 80 ambos del Código Penal, vigente para la fecha de la comisión de los hechos, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 318 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 48 ordinal 8° ejusdem y relación al artículo 322 ibidem. Se ordena la LIBERTAD PLENA de la mencionada ciudadana, así como el cese de todas las medidas cautelares que pesan sobre ella, y en consecuencia se deja sin efecto la orden de captura No. 006 de fecha 17 de marzo de 2003.

Publíquese, diarícese, regístrese, ofíciese y notifíquese a las partes.-

Dada, firmada y sellada en la sala de Audiencias del Tribunal Unipersonal de Primera Instancia en Funciones de Juicio No. 2 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, con sede en la ciudad de La Asunción, a los nueve (9) días del mes de febrero de Dos Mil Doce (2012). Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.-

LA JUEZ DE JUICIO No. 2,

DRA. EMILIA VALLE ORTIZ
EL SECRETARIO,

ABG. Estephany Arriechi