Porlamar, 10 de Agosto de 2012 202° y 153° Revisadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, contentivo de demanda propuesta por la ciudadana MIRELIS SALAZAR DE BOADAS, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nº V-9.300.120, debidamente asistida por el ciudadano CRUZ DANIEL CARREÑO FERNANDEZ, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-8.390.637, abogado inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 42.736; contra la ciudadana VICTORIA DEL VALLE ROJAS VASQUEZ, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° V-4.050.235, por COBRO DE BOIVARES (INTIMACION), el Tribunal observa lo siguiente: PRIMERO: A La demanda se le dio entrada en fecha 18 de abril de 2011, y desde la última actuación, ha transcurrido un (01) año y tres (03) meses sin que la parte actora haya mostrado interés procesal alguno, a los fines de la prosecución del juicio. SEGUNDO: Se le advierte a la parte actora que deberá acatar las exigencias contenidas en el fallo pronunciando por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 06-07-2004 el cual señalo: “… Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguiente a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado. Cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagado con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la Ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…” TERCERO: Que de la observación anterior es evidente la falta de impulso procesal que debe demostrar la parte actora de todo juicio. CUARTO: Que el proceso reviste carácter público por lo que exige el mismo, que una vez sea iniciado se desarrolle rápidamente hasta llegar a la Sentencia definitiva. Con fundamento en las observaciones anteriores, y de manera concluyente, este Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCION de la presente causa, conforme a lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo se ordena levantar y dejar sin efecto la medida decretada en el Cuaderno de medidas, en fecha 28 de Abril de 2011. Regístrese, publíquese, diarícese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar, a los diez (10) días del mes de Agosto del año dos mil doce (2012). Años 202º de la Independencia y 153º de la Federación. EL JUEZ, Abg. MIGUEL MENDOZA LOPEZ,