REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
Años 201° y 153°


Expediente N° 24.187
Sentencia interlocutoria con carácter definitivo.-
I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-
I.a PARTE DEMANDANTE: OSWALDA DE LAS NIEVES GUILARTE FERRER, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, y titular de la cédula de identidad N° 2.826.156.
I.b APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: NESLUY JOSÉ SILVA ESPINOZA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 83.817.

II.- MOTIVO DEL JUICIO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA.-

III.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-
Se inicia el presente juicio por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, intentada por la ciudadana OSWALDA DE LAS NIEVES GUILARTE FERRER, debidamente asistida por el abogado NESLUY JOSÉ SILVA ESPINOZA, ya previamente identificados, contra la Sucesión de PEDRO ANTONIO GARCÍA VÁSQUEZ,
Una vez sometido al sorteo correspondiente en fecha 16 de noviembre de 2009, el mismo recae en este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de este Estado.
El día 25 de enero de 2010, comparece la parte actora asistida de abogado y consigna los recaudos que fundamentan el presente juicio.
En fecha 28 de enero de 2010, se admite la presente causa y se ordena el emplazamiento de la parte demandada, librándose comisiones a los domiciliados fuera de esta jurisdicción.
Mediante diligencia de fecha 22 de febrero de 2010, la actora, ciudadana OSWALDA DE LAS NIEVES GUILARTE FERRER, asistida de abogado, confiere poder apud-acta al abogado NESLUY JOSÉ SILVA ESPINOZA, ya previamente identificado.
El día 1° de marzo de 2010, se libran las correspondientes compulsas de citación y comisiones de los demandados.
En fecha 08 de abril de 2010, el apoderado actor consigna los emolumentos para tramitar las citaciones, y en la misma fecha el ciudadano Alguacil deja constancia de que le fueron proporcionados los medios exigidos por la ley para realizar las mismas.
De lo anteriormente narrado, este Tribunal observa:

En este estado del proceso se hace necesario hacer el análisis, de las actas que conforman el presente expediente, y observa quien aquí decide, que en el auto de admisión de la demanda, se le advierte a la parte actora lo siguiente:
“En consecuencia, se le advierte a la parte actora, que deberá acatar la exigencia contenida en el fallo pronunciado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06-07-2004, el cual señaló: “…Que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial, perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley, y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandada le propinó lo exigido en la Ley, a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución. Queda de esta forma modificado el criterio de la Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.–“
De la anterior jurisprudencia se evidencia la existencia de una serie de obligaciones establecidas en la ley que el actor debe cumplir a los fines de lograr la citación de la parte demandada dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de la fecha del auto de admisión de la demanda, y las cuales deben ser satisfechas de manera estricta y oportuna. Dichas obligaciones se refieren al pago de los conceptos en la elaboración de las compulsas del libelo; el libramiento de la boleta de citación; lo conducente para la práctica de las diligencias tendentes al logro de la citación; la obligación de facilitarle al funcionario la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como proveerle del transporte y traslado, y demás gastos cuando la citación deba realizarse en lugares que disten a más de quinientos metros de la sede del Tribunal. Igualmente de la jurisprudencia in comento, se extrae la obligación para el actor de dejar constancia en el expediente del cumplimiento de las referidas obligaciones mediante la presentación de diligencias en las que ponga a la orden del Alguacil los medios y recursos necesarios antes señalados.
En ese sentido, visto que la presente demanda fue admitida el día 28-1-2010, y el día 08-4-2010, es cuando la parte actora proporciona los medios exigidos por la ley para practicar las citaciones ordenadas, con lo cual se evidencia que dicha exigencia no fue realizada dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, conforme al criterio esgrimido en la sentencia N° 930 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13-12-2007 con ponencia del Magistrado Antonio Ramírez Jiménez, que constituye una de las obligaciones a que se contrae el aludido ordinal primero (1°) del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
I
Como punto previo pasa este Tribunal a pronunciarse de oficio sobre la perención de la instancia.-
Al respecto, este Tribunal advierte que la perención es una sanción a la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso para que éste alcance su fin natural, el cual es la sentencia.-
En tal sentido, el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil establece que la instancia también se extingue:
“Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.-
Por otra parte, el artículo 269 eiusdem, establece que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.-
De la lectura a las anteriores disposiciones legales, se observa que cuando transcurran más de treinta (30) días desde la admisión de la demanda, sin que se impulse la citación de la parte demandada, la instancia queda extinguida, lo que será declarado bien a solicitud de parte o bien de oficio.-
En consecuencia, por cuanto no consta en el caso de marras que el actor haya cumplido con tal disposición, necesariamente debe de producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en el presente juicio ha operado la perención de la instancia. Y ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.-
II
Por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio.-
No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo dictado.-
Publíquese, regístrese, déjese copia y archívese en su oportunidad.-
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año Dos Mil Doce (2012). Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.-

Exp. 24.187
CBM/nmm/mcf.-