REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta La Asunción, treinta de abril de dos mil doce 202º y 153º ASUNTO: OP02-V-2012-000091 HOMOLOGACION DE ACUERDOS CONCILIATORIOS Revisado como ha sido el contenido del Acta levantada en este Despacho en esta misma fecha, de la cual se desprende que los Ciudadanos MONICA NARVAEZ MARIN y EDWARTH JOSE ROMERO HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-14.055.055 y V-13.541.364 respectivamente, lograron un Acuerdo de OBLIGACION DE MANUTENCION, en beneficio de su hijos OMITIDO, el cual quedó establecido en los siguientes términos: Ambos padres están de acuerdo que el padre cancelará como obligación de manutención la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 550.00) mensuales, así como también el padre adquirirá el vestuario de su hija en el mes de diciembre y ambos padres cubrirán en un 50% de los gastos escolares de su hija, dichas cantidades serán depositadas en la cuenta personal de la madre en el Banco Bicentenario, cuyo numero le entregara al padre. Es todo.”. En consecuencia, esta Jueza Tercera de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tomando en cuenta la premisa fundamental de la Doctrina de Protección Integral, cual es el Interés Superior del Niño consagrado en el Artículo 3, numeral 1° y 2° de la Convención de los Derechos del Niño, así como, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su Artículo 78, conforme al segundo aparte del articulo 470 de la citada Ley Especial, imparte su aprobación, y en consecuencia HOMOLOGA en todos y cada uno de sus términos el acuerdo suscrito entre los ciudadanos MONICA NARVAEZ MARIN y EDWARTH JOSE ROMERO HERNANDEZ identificados en autos, por OBLIGACION DE MANUTENCION, en beneficio de su hija, teniéndose como asunto pasado, con autoridad de cosa juzgada. Se le indica a las partes intervinientes en el presente caso, el contenido del Artículo 270 ejusdem, que establece: “Quien impida, entorpezca o incumpla la acción de una autoridad judicial, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o del o la Fiscal del Ministerio Público, en ejercicio de las funciones previstas en esta Ley, será penado o penada con prisión de seis meses a dos años”. Se ordena entregar las copias certificadas a los interesados, conservándose el original en el archivo de este Circuito, a los efectos legales consiguientes. Así se decide. Cúmplase lo ordenado. LA JUEZA Abg. Luisana J Marcano V. La Secretaria, Abg. Melyn Prieto V.