TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Control Sección de Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta

La Asunción, 28 de Octubre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-D-2011-000248
ASUNTO : OP01-D-2011-000248

SENTENCIA DEFINITIVA POR ADMISION DE HECHOS

Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 01 de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, emitir la publicación de la Sentencia por Admisión de Hechos, ocurrida en el desarrollo de la Audiencia Preliminar de fecha 27 de Octubre de 2011, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 578 literal f), 583 y 604 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud del Procedimiento Ordinario y la Admisión de los Hechos, que fuera realizada por la adolescente: IDENTIDAD OMITIDA, debidamente identificados en autos. En tal sentido esta instancia judicial, sentencia en los siguientes términos:

I
IDENTIFICACIÓN DE LA ADOLESCENTE

IDENTIDAD OMITIDA.

II
ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y DE LA SOLICITUD FISCAL

En esta audiencia se presenta formal acusación en contra de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA por los siguientes hechos: “En esta audiencia se presenta formal acusación en contra de la adolescente imputada quien en horas de la madrugada del día treinta de Julio de dos mil once (2011) se encontraba en la calle Mariño, entre las calles Velásquez e Igualdad de la Plaza Bolívar, Municipio Mariño de este estado, en compañía de las ciudadanas Lilibeth del Valle Gómez Noriega, de 20 años de edad, y Norglis Rocío Millán, de 19 años de edad, y otras dos personas de sexo femenino, quienes no resultaron detenidas ni identificadas, cuando avistaron a la víctima ciudadano Edgard Fernando González Colmenares, quien se encontraba en compañía de una ciudadana no identificada a las puertas de un local nocturno, cuando las cinco (05) partícipes arremetieron contra el mismo, lanzándolo al pavimento para luego despojarlo de una (01) cartera para caballeros, de color marrón, cuyo valor asciende a cincuenta (50) bolívares que no resultó recuperada, contentiva de una cédula de identidad No. V-7.555.437, a nombre del mismo y un carnet de identificación donde se puede leer PDVSA PETROPIAR, cargo mecánico estático, empresa CONFURCA, año 2009, también a su nombre (documentos personales que si fueron recuperados por la comisión). Una patrulla de Polimariño se hizo presente en el lugar del suceso y sus funcionarios lograron parte de la acción, al notar su presencia las cinco (05) partícipes emprendieron la huida, dispersándose del lugar, siendo perseguidas y detenidas tres de ellas, a poco de cometerse el hecho, cerca del lugar de comisión y en el lugar donde los funcionarios actuantes lograron incautar el objeto pasivo del delito. De las actas consignadas el Ministerio Público y de los hechos que se han narrado, considera que estamos en presencia del delito ROBO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal Venezolano. La acusación se basa en los siguientes elementos de convicción: Primero: Acta Policial N° 11-0868 de fecha 30-07-2011, suscrita por los funcionarios OFICIAL JEFE HECTOR PEREZ Y OFICIAL REYA SANCHEZ, adscritos a la Policía Municipal de Mariño. Segundo: Acta de entrevista rendida en fecha 30-07-2011 ante la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño, por el ciudadano Eduard Fernando González Colmenares. Tercero: Resultado de Experticia de Reconocimiento Legal N° 33-07-2011, de fecha 30-07-2011, practicada por el OFICIAL AGREGADO CÉSAR CARREÑO, adscrito a la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño. Cuarto: Resultado de Experticia de Avalúo Prudencial N° 017-07-2011, de fecha 30-07-2011, practicada por el OFICIAL AGREGADO CÉSAR CARREÑO, adscrito a la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño. Se ofrece para el debate probatorio : 1) Declaración del funcionario OFICIAL AGREGADO CÉSAR CARREÑO, adscrito a la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño, pertinente por cuanto practicó experticia de reconocimiento Legal No. 333-07-2011 y Experticia de Avalúo Prudencial N° 017-07-2011 sobre los objetos pasivos del delito que fueron recuperados. 2) Declaración de los funcionarios OFICIAL JEFE HECTOR PEREZ Y OFICIAL REYA SANCHEZ, adscritos a la Policía Municipal de Mariño pertinente por cuanto los mismos practicaron la detención de los adolescentes imputados. 3) Declaración del ciudadano EDUARD FERNANDO GONZÁLEZ COLMENARES, pertinente por cuanto es la víctima del delito imputado. Se solicita la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de la adolescente. Se solicita como sanción imposición de REGLAS DE CONDUCTA por el lapso de dos (02) años, conforme al artículo 620 literal B de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y descrita en el artículo 624 “ejusdem”, tomando en consideración las pautas previstas en el artículo 622 de la citada ley. Es todo.”

DE LA ADMISION DE LA ACUSACION.

Seguidamente este Tribunal en funciones de Control Nº 1 de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta. procede a Admitir en su totalidad la acusación, igualmente se admiten las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico por considerar que pueden resultar útiles y pertinentes y se decreta el enjuiciamiento de la adolescente.

DECLARACION DE LA ACUSADA.

SEGUIDAMENTE EL TRIBUNAL IMPUSO A LA ADOLESCENTE ACUSADA DE SUS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, contenidas en la Ley Orgánica para La Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en el título Segundo, capítulo I y II, y artículo 49, ordinal 5º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y artículo 131 y 125 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también le impuso del procedimiento por admisión de los hechos, previsto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también se le impuso de las fórmulas de solución anticipada, y actos de prosecución del proceso, como es la conciliación, y la remisión prevista en los artículos 564 y 569 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. SEGUIDAMENTE SE CONSTATÓ QUE LA ADOLESCENTE COMPRENDÍA EL ALCANCE DE TODO LO EXPUESTO, así mismo que comprendía sus derechos y garantías constitucionales y legales, advirtiéndole que su silencio no le perjudicaría. SEGUIDAMENTE LA CIUDADANA JUEZ DE CONTROL CONCEDIO EL DERECHO DE PALABRA A LA ADOLESCENTE ACUSADA IDENTIDAD OMITIDA, QUIEN LIBRE DE APREMIO Y COACCIÓN, EXPUSO: “admito los hechos. Es todo”.

PEDIMENTO DE LA DEFENSA PUBLICA

A CONTINUACION LA CIUDADANA JUEZ LE CEDE EL DERECHO DE PALABRA AL DEFENSOR PUBLICO. DR. CARLOS LUIS MOYA, QUIEN EXPONE: En principio solicito: “Esta defensa solicita al Tribunal en primer lugar se pronuncie en cuanto a la admisión o no de la acusación presentada por el Ministerio Público así como las pruebas ofrecidas por el mismo y posteriormente se me ceda nuevamente la palabra a los fines de realizar los alegatos de defensa. Es todo”. Posteriormente a la admisión de hechos realizada por su representados, expuso: : “Oída la declaración de la adolescente en la cual de manera voluntaria admite la comisión del hecho acusado pido a este Tribunal la aplicación del procedimiento abreviado aunado en el articulo 583 de la Ley Especial, con la imposición inmediata de la sanción para lo cual esta Defensa solicita que la misma se rebaje a la mitad en virtud de las pautas que establece el articulo 622 EJUSDEM, en concordancia con el principio de la proporcionalidad que contempla nuestra Ley, finalmente solicito se revoque la medida cautelar que pesa sobre mi representada contenida en el literal B del articulo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es todo

III
FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO

El hecho ilícito incoado por la representación fiscal ampliamente señalados y dentro de los cuales se consagró, la responsabilidad penal de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, ya identificada se encuentra acreditado en las actuaciones de la investigación y recabados de forma lícita, con los siguientes elementos de convicción procesal:

PRIMERO: Acta Policial N° 11-0868 de fecha 30-07-2011, suscrita por los funcionarios OFICIAL JEFE HECTOR PEREZ Y OFICIAL REYA SANCHEZ, adscritos a la Policía Municipal de Mariño.

SEGUNDO: Acta de entrevista rendida en fecha 30-07-2011 ante la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño, por el ciudadano Edgar Fernando González Colmenares.

TERCERO: Resultado de Experticia de Reconocimiento Legal N° 333-07-2011, de fecha 30-07-2011, practicada por el OFICIAL AGREGADO CÉSAR CARREÑO, adscrito a la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño.

CUARTO: Resultado de Experticia de Avalúo Prudencial N° 017-07-2011, de fecha 30-07-2011, practicada por el OFICIAL AGREGADO CÉSAR CARREÑO, adscrito a la División de Investigaciones Penales del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Mariño.

De la adminiculación que hiciera quien aquí decide de los elementos de convicción antes señalados, se arribó a la conclusión de admitir totalmente el líbelo acusatorio, tal como lo establece el artículo 578 literal “a” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, toda vez que de estos, se evidencia la corporeidad del delito de ROBO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal Venezolano, para la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, ya identificada, quien en horas de la madrugada del día treinta de Julio de dos mil once (2011) se encontraba en la calle Mariño, entre las calles Velásquez e Igualdad de la Plaza Bolívar, Municipio Mariño de este estado, en compañía de las ciudadanas Lilibeth del Valle Gómez Noriega, de 20 años de edad, y Norglis Rocío Millán, de 19 años de edad, y otras dos personas de sexo femenino, quienes no resultaron detenidas ni identificadas, cuando avistaron a la víctima ciudadano Edgard Fernando González Colmenares, quien se encontraba en compañía de una ciudadana no identificada a las puertas de un local nocturno, cuando las cinco (05) partícipes arremetieron contra el mismo, lanzándolo al pavimento para luego despojarlo de una (01) cartera para caballeros, de color marrón, cuyo valor asciende a cincuenta (50) bolívares que no resultó recuperada, contentiva de una cédula de identidad No. V-7.555.437, a nombre del mismo y un carnet de identificación donde se puede leer PDVSA PETROPIAR, cargo mecánico estático, empresa CONFURCA, año 2009, también a su nombre (documentos personales que si fueron recuperados por la comisión). Una patrulla de Polimariño se hizo presente en el lugar del suceso y sus funcionarios lograron parte de la acción, al notar su presencia las cinco (05) partícipes emprendieron la huida, dispersándose del lugar, siendo perseguidas y detenidas tres de ellas, a poco de cometerse el hecho, cerca del lugar de comisión y en el lugar donde los funcionarios actuantes lograron incautar el objeto pasivo del delito.-

IV
LA CONDUCTA ANTIJURIDICA

Al realizarse un análisis y estudio exhaustivo de los hechos y elementos anteriormente señalados, se evidencia que efectivamente la adolescente hoy acusada, quien resulto ser quien en horas de la madrugada del día treinta de Julio de dos mil once (2011) se encontraba en la calle Mariño, entre las calles Velásquez e Igualdad de la Plaza Bolívar, Municipio Mariño de este estado, en compañía de las ciudadanas Lilibeth del Valle Gómez Noriega, de 20 años de edad, y Norglis Rocío Millán, de 19 años de edad, y otras dos personas de sexo femenino, quienes no resultaron detenidas ni identificadas, cuando avistaron a la víctima ciudadano Edgard Fernando González Colmenares, quien se encontraba en compañía de una ciudadana no identificada a las puertas de un local nocturno, cuando las cinco (05) partícipes arremetieron contra el mismo, lanzándolo al pavimento para luego despojarlo de una (01) cartera para caballeros, de color marrón, cuyo valor asciende a cincuenta (50) bolívares que no resultó recuperada, contentiva de una cédula de identidad No. V-7.555.437, a nombre del mismo y un carnet de identificación donde se puede leer PDVSA PETROPIAR, cargo mecánico estático, empresa CONFURCA, año 2009, también a su nombre (documentos personales que si fueron recuperados por la comisión). Una patrulla de Polimariño se hizo presente en el lugar del suceso y sus funcionarios lograron parte de la acción, al notar su presencia las cinco (05) partícipes emprendieron la huida, dispersándose del lugar, siendo perseguidas y detenidas tres de ellas, a poco de cometerse el hecho, cerca del lugar de comisión y en el lugar donde los funcionarios actuantes lograron incautar el objeto pasivo del delito.-

Los hechos antes expuestos, resultan antijurídicos y con la participación de la adolescente, encuadrándolo por la conducta desplegada por ésta dentro de los supuestos de la norma que define el delito de ROBO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal Venezolano, siendo la calificación jurídica acogida y admitida.-

V
DEL DERECHO

Observa este Tribunal que el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforma uno de los Procedimientos Especiales en donde el acusado renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la auto incriminación compulsoria, su derecho a juicio y derecho a carearse con sus acusadores, renuncia esta voluntaria garantizada no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificados por la República; a razón del Principio de la Economía Procesal, la cual evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso.

En doctrina estos Procedimientos Especiales, también pueden percibirse como reales alternativas procesales que permitan la resolución más efectiva y expedita de los conflictos de naturaleza penal, de forma que podríamos decir que ellos procuran abreviar y simplificar el procedimiento ordinario, para la autora María Trinidad Silva (p.186/Cuartas Jornadas UCAB) “… expresa que los procedimientos especiales se nos presentan como útiles medios procesales, que nos permiten adaptar y allanar el proceso penal…”.

Corolario de lo anterior, verificada la admisión de los hechos conlleva en definitiva a simplificar el proceso penal de modo tal que, le ahorra al Estado costos y tiempo para abonarlos a otros procesos para su adecuada respuesta. De hecho la finalidad del proceso penal, es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal destacándose que el Juez debe atender a esta finalidad para la toma de su decisión.

En consecuencia debe el juez para juzgar, tomar en cuenta los nuevos principios que orientan y facilitan el acto de sentenciar, los cuales y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y vigente, nos encontramos con el artículo 26 del texto indicado y adminiculado con el artículo 2 “ejusdem”, los cuales imponen al Juez amplios, reales y efectivos poderes para dirigir el proceso en forma eficaz, pero con un sólo objetivo y tal como lo expresa Italo Cañas Rivera: “… la solución de conflictos con vista al caso concreto tomando en cuenta la verdad verdadera y dentro de los principios de congruencia, igualdad, equidad, buena fe, y sin permitirle quedarse sólo en los límites de la consideración de aspectos formales, por eso la constitución es determinante al establecer en su articulo 26 que el Estado garantiza una justicia sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles…”.

Sentado lo anterior, quien aquí decide discurre, que ciertamente el principio de la legalidad adjetiva, nos conmina a ceñirnos por las normas procedimentales contenidas en el Ordenamiento Jurídico; no obstante, existen exclusiones al principio de la legalidad, cuando el mismo legislador autorizó en el artículo 257 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que el aplicador de la ley para la realización de la justicia, debe no sacrificarla por los excesos de formalismo; así las leyes procesales establecerán simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites adoptando un procedimiento breve y oral; ello comporta el Principio de Celeridad Procesal el cual, sirve de objetivo como un ente acelerador de lograr una decisión de manera rápida y oportuna la cual revestida de justicia y equidad, beneficiara a todos, es decir, al Estado, a la sociedad y al condenado.

En este mismo orden de ideas, la figura de la Admisión de los Hechos, en donde el acusado puede consentir libre de todo apremio y coacción de solicitarle al Juez la no culminación de todos los pasos de la fase del proceso, admitiendo de manera clara, precisa y voluntaria los hechos imputados por el Ministerio Público. La respuesta procesal dada por el legislador penal venezolano, a este procedimiento especial está basado, precisamente en uno de los criterios acogidos por los sistemas modernos del derecho procesal penal, denominados “persecución selectiva”, los cuales han generado respuestas procesales ante la necesidad del estado de no sobrecargarse de trabajo, por cuanto ha comportado dilaciones indebidas que han conllevado a sentir, que el estado es impune ante los delitos, que no resuelve, que no da respuesta.

Ante esta circunstancia, contempló mecanismos de simplificación procesal para arribar a la sentencia, los llamados procesos monitorios por el autor Binder, en donde la idea básica consiste en que, sí el acusado admitió los hechos y además ha manifestado su consentimiento para la realización de este tipo de procedimiento, SE PUEDA PRESCINDIR DE TODA LA FORMALIDAD DEL DEBATE Y DICTARSE SENTENCIA DE UN MODO SIMPLIFICADO.

Bajo estas mismas razones el legislador Penal Juvenil Venezolano y el de adultos también, estableció que estos procesos especiales también eliminan posibilidades de estigmatización, discriminación e institucionalización, que significan siempre someterse a un proceso penal, evitando así llevar sólo a juicio los casos graves y relevantes.

En base a ello, no debe obviarse el cumplimiento de las garantías que asisten en todo adolescente sometido a un proceso penal y pretender burlarlas, en ocasión de la aplicación a ultranza de estos medios de simplificación del proceso, de hecho el legislador les dio pautas para su aplicación, destacándose para la Admisión de los Hechos, que el acusado debe entender el alcance de la acusación fiscal y que la admisión de los hechos engloba la renuncia de unos derechos, entre los cuales está el derecho a un juicio oral y en nuestro caso privado; en virtud de ello consagra el artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que el acusado debe ser informado de manera clara y precisa tanto por el órgano investigador como por el tribunal, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, y del contenido(destacado propio).

Esto previene una garantía que caracteriza nuestro Derecho Penal juvenil, a razón del sujeto a quien es dirigido, del contenido del acta de audiencia preliminar, esta Jueza decisora en estricto apego de la garantía del Juicio educativo, preguntó a la adolescente sometida, de manera individual, sí entendían los hechos que la Fiscal del Ministerio Público presentó y por los cuales formuló la acusación admitida por este Tribunal encuadrándolo dentro del tipo ROBO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal Venezolano, a lo cual afirmo positivamente, y así fue recibida la admisión de los hechos, por parte de la adolescente.-

En la Audiencia Preliminar, objeto de esta decisión, la Defensa Publica, ampliamente identificada, solicito la imposición de la sanción de forma inmediata, de conformidad con lo pautado en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, toda vez que su defendida admitió los hechos, al momento de rendir su declaración, basado en la acusación que le hiciera la Representación Fiscal; no obstante el criterio de quien aquí decide, en cuanto a la Aplicación del Procedimiento por Admisión de los Hechos, consiste en verificar en prima fase, sí efectivamente se cumplen con los requisitos para ser considerado son: 1) Voluntariedad en la declaración, 2) Comprensión de la Declaración y 3) Exactitud de su declaración y siendo este procedimiento, un asunto propio del imputado y en este caso de la Adolescente y su Defensa, sustrayendo así la gran esfera discrecional del Ministerio Público, en la Audiencia preliminar celebrada quedó evidenciado que efectivamente la adolescente de marras, expreso de forma clara, exacta y voluntaria la admisión de los hechos imputados por la representante fiscal. Corolario de lo anterior este Tribunal admitió el procedimiento especial de referencia, imponiéndole la sanción de: REGLAS DE CONDUCTAS, por el lapso de UN (01) AÑO Y CUATRO (04) MESES, consistente en la obligación de trabajar y presentar constancia ante el Tribunal de Ejecución quien determinara la periodicidad de la misma, haciéndole una rebaja de un tercio de la sanción solicitada por la vindicta publica.-

VI
SANCION APLICABLE

Se impone a la adolescente, IDENTIDAD OMITIDA, ya identificada la sanción de cumplimiento en libertad consistente en: REGLAS DE CONDUCTAS, por el lapso de UN (01) AÑO Y CUATRO (04) MESES, consistente en la obligación de trabajar y presentar constancia ante el Tribunal de Ejecución quien determinara la periodicidad de la misma. Haciéndole una rebaja de un tercio de la sanción solicitada por la vindicta publica.-

Quien aquí decide observa, que la naturaleza del hecho, comporta la sanción aplicada, la cual siendo de carácter socio-educativo pretende llevar a los adolescentes a la plena convivencia con su familia, sociedad y en definitiva reparar y hacerse responsable por lo que hizo.

De tal manera que, medida cautelar impuesta debería servir en el presente caso, toda vez que la adolescente ha demostrado durante toda la fase del proceso, que la ilicitud de su conducta, acarrea consecuencias, permitiéndole darse cuenta de que, se debe ser responsable y asumir actuaciones, con valentía y coraje, para aprender de los errores. En conclusión, comprobado el acto delictivo con las pruebas aportadas, así como la participación de la adolescente en el hecho, en forma directa, vale decir, como autor, se considera útil idónea y necesaria, la medida impuesta.

DISPOSITIVA

Con la fuerza en la motivación precedente, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 01 Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta. EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY acuerda PRIMERO: Admite totalmente la acusación presentada por la ciudadana Fiscal del Ministerio Público, al reunir los requisitos de procedibilidad de fondo y de forma previstos en el artículo 570 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente en concordancia con el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito ROBO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal Venezolano. SEGUNDO: Este Tribunal, oída la admisión de los hechos realizada de viva voz y de manera libre y voluntaria por la acusada antes mencionada, se DECLARA CULPABLE a la adolescente IDENTIDAD OMITIDA y en consecuencia se sanciona de la siguiente manera: REGLAS DE CONDUCTAS, por el lapso de UN (01) AÑO Y CUATRO (04) MESES, consistente en la obligación de trabajar y presentar constancia ante el Tribunal de Ejecución quien determinara la periodicidad de la misma. TERCERO: Se revoca la medica cautelar prevista en el literal B del articulo 582 de la Ley Especial, impuesta a la adolescente acusada. CUARTO: Se deja constancia que la adolescente acusada, se encuentra detenida en virtud de encontrarse sometida a medida Cautelar privativa de libertad conforme al artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, bajo el asunto No. OP01-D-2011-000323 por ante este Tribunal. Y así se decide.- Dada, sellada y firmada en la Sala de Control Sección Adolescentes, de Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en la Ciudad de La Asunción a los veintiocho (28) días del Mes de Octubre del Año Dos Mil Once (2011). Regístrese y remítase la presente sentencia en su debida oportunidad al Juez de Ejecución de conformidad con lo preceptuado en el artículo 646 “Ejusdem”. Cúmplase.
LA JUEZ DE CONTROL Nº 1,

DRA. JENNIFER NUÑEZ VARGAS
LA SECRETARIA

DRA. ELIANA MENDEZ FLEITAS

8:52 AM