TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
Tribunal Tercero de Juicio

La Asunción, 21 de Julio de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2009-008616
ASUNTO : OP01-P-2009-008616

RESOLUCION JUDICIAL

Revisadas como han sido las actas que conforman el presente asunto, y específicamente la comunicación signada con el Nº FPM-13°NN-836-2011 presentada el día de hoy siendo las 9:15 horas de la mañana, por la Fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en Ejecución de la Sentencia, comisionada en la Fiscalía Décima Tercera a Nivel Nacional, mediante el cual informa lo relativo al estado de salud del ciudadano MIGUEL JOSE MOYA, quien es el acusado en el presente proceso; este Tribunal, de conformidad con el contenido del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal pasa de oficio, a efectuar la revisión de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad bajo la cual se encuentra sometido el ciudadano ya referido, debiendo efectuar antes de emitir el correspondiente pronunciamiento, las siguientes observaciones:

DE LOS HECHOS

PRIMERO: En fecha 16 de noviembre de 2009, se lleva a cabo la imputación del ciudadano MIGUEL JOSE MOYA, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, realizada por la Fiscalía Segunda Ministerio Público ante el Tribunal Cuarto de Control, en virtud de considerar que de los hechos investigados se evidencia que el hoy acusado podría ser autor del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. Habiendo escuchado la exposición de las partes en la audiencia efectuada al efecto, el Tribunal Cuarto de Control de este mismo Circuito Judicial Penal consideró llenos los extremos establecidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que pasó a decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad del hoy acusado en la sede del Internado Judicial Región Insular, en virtud de la pena que podría llegarse a imponer, así como la continuación del presente procedimiento por la VIA ORDINARIA.

SEGUNDO: En fecha 09 de diciembre de 2009, la representación de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de este estado, presenta ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Alguacilazgo en la fecha ya citada, ESCRITO ACUSATORIO por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y solicitando el enjuiciamiento del ciudadano Miguel Jose Moya.

TERCERO: En fecha 12 de abril de 2010, el Tribunal Cuarto de Control de esta misma Circunscripción Judicial lleva a cabo la Audiencia Preliminar, en la que una vez oídas las partes, fue admitido el Escrito Acusatorio ya antes señalado, así como las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, ordenándose el pase de las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente, al no haber hecho el acusado uso de ninguna de las medidas alternas a la prosecución del proceso.

CUARTO: En fecha 31 de mayo de 2010 se dicta auto dando entrada al presente asunto en este Tribunal Tercero de Juicio de esta misma Circunscripción Judicial, ordenándose la fijación de los actos correspondientes de conformidad con el contenido de los artículos 65 y 163 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que la pena establecida para el delito de ROBO AGRAVADO, es mayor de 4 años en su límite máximo, debiendo constituirse el Tribunal Tercero de Juicio para el conocimiento del debate oral y público en el presente proceso, como Mixto. Ahora bien, ante la imposibilidad de constituir el Tribunal Mixto en el presente proceso, en virtud de la no comparecencia de los escabinos citados, en fecha 11 de julio del año en curso se dicta decisión mediante la cual esta Juez asume el poder jurisdiccional y ordena el conocimiento del debate por el Juez unipersonal.

QUINTO: Ha sido recibido en esta misma fecha ante este Juzgado, por intermedio de la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos de la Oficina del Alguacilazgo, comunicación signada con el Nº FPM-13°NN-836-2011 presentada por la Fiscalía Trigésima Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en Ejecución de la Sentencia, comisionada en la Fiscalía Décima Tercera a Nivel Nacional, mediante la cual informa a este Juzgado que en fecha 20 de los corrientes se trasladó hasta la sede del Internado Judicial Región Insular conjuntamente con el Dr. José Luis Castro, Médico, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub Delegación del Estado Nueva Esparta, con la finalidad de practicar Evaluación Médico Legal al ciudadano MIGUEL JOSE MOYA, quien es el acusado en el presente proceso, remitiendo anexa a dicha comunicación el acta levantada al efecto, basándose para ello en el contenido de los artículos 51, 26, 83 y 285, numerales 1° y 2° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como lo establecido en el artículo 6, literal B de la Resolución N° 610 emanado del Despacho del Fiscal General de la República en fecha 05 de septiembre de 2000.

Ahora bien, de la revisión del acta consignada por la Fiscal Trigésima Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en Ejecución de la Sentencia, se evidencia que al serle cedido el derecho de palabra al Dr. José Luís Castro, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub Delegación del Estado Nueva Esparta, éste ha expresado: “Paciente de sexo masculino, 42 años de edad el cual está en control en el servicio médico del penal por: 1) convulsiones Tónico Clónica. Antecedentes: Craneotomía Parietal derecho por hematoma cerebral en 1999. Laparotomía exploradora por herida arma blanca en 2002. Secuelas: Hemiparesia espática izquierda. En tratamiento permanente con Dilantin + Fenobarbital (no lo toma en forma regular), debido a que el servicio médico del penal no se lo facilita. Al examen médico: TA: 140/100. Respiratorio: Normal, Hemiparesia Espástica hemicuerpo izquierdo con clonus en miembro inferior. Paciente que amerita tratamiento crónico y con problemas de movilidad. No cumple con el tratamiento médico y el servicio médico de reclusión no se lo facilita.” (Negritas de este Tribunal)

Igualmente le fue cedido el derecho de palabra al ciudadano Jorge Félix Marcano, quien expuso: “Solicito al tribunal que conoce mi causa penal que me otorgue Medida Humanitaria, en razón de padecer: 1.- Síndrome convulsivo post-traumático y 2.- Secuelas motoras post-traumáticas.”

DEL DERECHO

Establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal la facultad que tiene el imputado de solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, así como el Juez para examinar la necesidad del mantenimiento de las Medidas Cautelares.

Al respecto, y vista la solicitud efectuada por la Fiscal Trigésima Segunda del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en Ejecución de la Sentencia, en el presente proceso, es menester hacer referencia al contenido del artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual de manera precisa establece como derecho social fundamental, el DERECHO A LA SALUD, debiendo ser garantizado éste por ser parte integrante del acervo de Derechos Humanos a los que deben disfrutar todos los ciudadanos de la República y que se encuentra protegido por el Constitucionalista en el artículo 43, en el que señala que el derecho a la vida es inviolable, indicando expresamente que el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, garantizando su integridad física, psíquica y moral, según lo establecido en el artículo 46 ibidem, quedando establecido de manera expresa por el sabio legislador, que ninguna persona puede ser sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes, y mas específicamente que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Todo lo anterior, se encuentra debidamente soportado por los tratados pactos y convenciones suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, los cuales según el contenido del artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, siendo de aplicación inmediata y directa por los Tribunales, y al respecto resulta apremiante especificar que los artículos 5° y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, protege tanto el derecho a la vida como a que se garantice su integridad física, psíquica y moral, prohibiendo los tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de cualquier persona, y mas específicamente contra las privadas de libertad; estableciendo de la misma manera el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5° la garantía de cualquier persona, y mas específicamente contra las privadas de libertad a que se garantice su integridad física, psíquica y moral. Instrumentos internacionales éstos, debidamente suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Igualmente, y en consonancia con el contenido del anterior artículo, establece el artículo 19 ejusdem, lo siguiente:

“El estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la república y con las leyes que los desarrollen.” (negritas de este Tribunal)

Vistos los argumentos que anteceden, considera esta juzgadora que ante lo apremiante de la situación de salud del acusado, lo cual ha sido debidamente certificado por el Dr. José Luís Castro, adscrito a la Medicatura Forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, sub Delegación del Estado Nueva Esparta, lo procedente en el presente caso es EFECTUAR DE OFICIO LA REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD bajo la cual se encuentra sometido el ciudadano Jorge Félix MArcano, decretando en su lugar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad prevista en el numeral 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente el cumplimiento de un Régimen de Presentaciones ante la Oficina del Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, cada treinta (30) días. ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Vistos y analizados los anteriores particulares, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 03 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: REALIZA DE OFICIO LA REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD bajo la cual se encuentra sometido el ciudadano Jorge Felix MArcano, decretando en su lugar la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad prevista en el numeral 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente el cumplimiento de un Régimen de Presentaciones ante la Oficina del Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, cada treinta (30) días. TERCERO: Se ordena librar la correspondiente Boleta de Libertad a nombre del ciudadano Jorge Félix Marcano Marcano anexas al correspondiente Oficio dirigido al Internado Judicial Región Insular, así como las Boletas de notificación a las partes sobre lo aquí decidido. ASI SE DECIDE. Cúmplase.
LA JUEZ TERCERA DE JUICIO,

ABG. MARIA LETICIA MURGUEY
LA SECRETARIA,

ABG. LUISANA SUAREZ
10:40 AM