REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA 200 ° y 151° Suben las actuaciones procedentes del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en virtud de la inhibición de la ciudadana Jiam Salmen de Contreras, en su carácter de jueza titular del mencionado juzgado. Dicha inhibición se produce en el juicio que por motivo de Cobro de Bolívares (Vía Ejecutiva) sigue la Junta de Condominio del Conjunto Residencial Edificio “Laguna Blanca I”, contra el ciudadano Rigoberto Oliveros Navarro, en el expediente N° 10.728-09, nomenclatura de ese juzgado. En su declaración de fecha 14-12-2010 (f. 39), expresa la funcionaria inhibida: “Por cuanto consta de los folios 05 al 16 del presente expediente contentivo del juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ejecutiva) sigue la JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EDIFICIO “LAGUNA BLANCA I”, contra el ciudadano RIGOBERTO OLIVEROS NAVARRO, que en fecha 01-03-10 dicté decisión declarando con lugar la falta de cualidad activa opuesta por el abogado FREDDY RANGEL RODRIGUEZ en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RIGOBERTO OLIVEROS NAVARRO, y sin lugar la demanda de Vía Ejecutiva interpuesta por la Junta de Condominio del Conjunto Residencial Edificio “LAGUNA BLANCA I” contra el ciudadano RIGOBERTO OLIVEROS NAVARRO, declarándose por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de este Estado, con lugar la apelación ejercida por el abogado DANIEL ESPINOZA CARVAJAL en su condición apoderado judicial de la parte actora en contra de dicho fallo, sin lugar la falta de cualidad activa opuesta por el abogado FREDDY RANGEL RODRIGUEZ y la reposición de la causa al estado de que dicte nueva sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto insisto además de señalar que la demandante, JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EDIFICIO “LAGUNA BLANCA I” carecía de cualidad activa se hicieron referencias sobre la valoración impartida a algunas de la pruebas promovidas en el proceso y adicionalmente al final en la parte dispositiva del fallo se declaró improcedente la demanda, con lo cual obviamente anticipe opinión sobre el fondo del presente asunto y en tal sentido, en cumplimiento de la obligación que me impone el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, con el fin de garantizar a los partes litigantes de este proceso, una justicia imparcial, objetiva y transparente, de conformidad con la causal contenida en el numeral 15 del artículo 82, eiusdem, me inhibo de seguir conociendo de la presente causa. Solicito al ciudadano Juez Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que al momento de decidir la presente inhibición, de aplicación al fallo de fecha 29.11.2000, emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se estableció: “Es necesario señalar en este punto, que el Legislador estableció una presunción de verdad respecto a lo dicho por el Juez en el acta de inhibición; se presume la veracidad de los hechos que la fundamentan…”. Esta inhibición en obra contra de la parte actora JUNTA DE CONDOMINIO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL EDIFICIO “LAGUNA BLANCA I”. Es todo”. En fecha 20-12-2010 (f. 40), mediante auto la funcionaria inhibida declara vencido el lapso de allanamiento, y ordena remitir al juzgado superior las actas conducentes a los fines de la decisión de la incidencia surgida. En fecha 20-12-2010 (f. 42) mediante oficio N° 22.076-10, se remiten las actuaciones a este juzgado superior, quien las recibe en fecha 12-01-2011 (f. 43) constante de cuarenta y dos (42) folios útiles, y mediante auto dictado en la misma fecha, se le dio entrada y se ordenó tramitar el asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil. Estando dentro de la oportunidad legal para dictar el fallo, el tribunal pasa hacerlo en los términos siguientes: Corresponde a este tribunal analizar el contexto de la declaración de la jueza y examinar si la inhibición fue realizada en forma legal, es decir, como lo indica el artículo 84, ejusdem, en su parte final. Para que la inhibición esté ajustada a derecho y pueda ser declarada procedente, se requiere de quien se inhibe declarar su voluntad de no seguir conociendo, lo cual hará mediante acta en la que expone las circunstancias de tiempo, lugar y demás hechos con expresa mención de la parte contra la cual obra el impedimento, encuadrando la situación de hecho en una de las causales previstas en la ley procesal. Así, la jueza inhibida señala la causal contenida en el numeral 15 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que establece: 15°.- “Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa.” Es preciso establecer, que la inhibición es un deber y un acto procesal del juez, a través del cual concluye retirarse de forma espontánea del conocimiento de una causa judicial, por considerar que existe una vinculación entre su persona y las partes que intervienen en el juicio; que esa vinculación puede ser de amistad o de enemistad, por parentesco afín o consanguíneo; pero que la causal sea capaz de crear la ruptura de su imparcialidad, por ello exige el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, cómo debe hacerse la inhibición para que sea legal; con la exigencia de encuadrar los hechos en una causal establecida en la Ley. De tal modo, que se ha levantado el acta como lo indica el artículo 84 mencionado, explicando los motivos, circunstancias de lugar y tiempo que le impiden conocer de la causa en la cual se inhibe. Dicho lo anterior, se desprende de las actas que la jueza inhibida manifestó debidamente las causales en las cuales considera que se encuentra incursa y la inhibición fue hecha en forma legal; por lo que el tribunal debe declarar con lugar la inhibición propuesta, en virtud de la sentencia de fecha 29-11-2000, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que señala que el legislador estableció una presunción de verdad con respecto a lo expuesto por el juez en el acta de inhibición. De tal modo que verificados por esta alzada los requisitos establecidos por la ley adjetiva que regulan el instituto de la inhibición, pues la misma se hizo en forma legal y se fundamentó en las causales establecidas por la Ley, concluye que la misma es procedente. Así se decide. En fuerza de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Con lugar la inhibición de la ciudadana Jiam Salmen de Contreras, en su carácter de Juez Titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Segundo: Se dispone que la mencionada jueza no siga conociendo la causa; de manera que debe mantener los autos el juez de igual categoría y competencia como lo establece el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. Tercero: Notifíquese al Juez Inhibido y al Juez que conoce la causa, para que estén al tanto lo decidido, Líbrense los Oficios correspondientes. Publíquese, Regístrese, Diarícese y Déjese Copia. Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a los diecisiete (17) días del mes de enero de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación. El Juez Temporal, Abg. Juan Alberto González Morón La Secretaria, Luimary Campos Caraballo Exp. N° 07983/11 JAGM/LCC/ijs. En esta misma fecha (17-01-2011), siendo las 02:15 de la tarde, se dictó y publicó la anterior decisión. Conste, La Secretaria, Luimary Campos Caraballo