REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero De Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 09 de Septiembre de 2010
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2010-001671
ASUNTO : OP01-P-2010-001671
Revisadas como han sido las actas que conforman la presente causa signada bajo el Nro. OP01-P-2010-001671 se observa que fue recibida por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal oficio Nro. NE-1-5824-10, procedente de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial en el que informan a este Despacho que de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal decretó el Archivo de las actuaciones relacionadas con el presente asunto, a los fines de decidir este Juzgador observa:
El presente asunto se inició en fecha 02-04-10 con la realización de la Audiencia especial de presentación del ciudadano IMPUTADO JESUS DANIEL SALAZAR HERNANDEZ, de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, estado civil soltero, de 25 años de edad, de profesión u oficio obrero, titular de la cédula de identidad Nº V-17.654.393, residenciado en la siguiente dirección: Calle principal Juan Ramón Aguilera, frente al varadero de chacachacare, casa de color azul con rodapié caoba, cerca del saiver de chacachacare, Estado Nueva Esparta, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA Y VIOLENCIA PSICOLOGICA, previsto y sancionado en el artículo 42 Y 39 de la Ley Orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, otorgándosele en esa oportunidad Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en los ordinales 3, 6 y 7 del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en presentaciones periódicas cada TREINTA (30) DIAS, por ante la Oficina del Alguacilazgo; prohibición de acercarse a la residencia de la victima, y al lugar donde concurrieron los hechos y la prohibición de acercarse y comunicarse con la victima, asimismo acuerda con lugar lo solicitado por la Fiscalia en cuanto a la aplicación de medidas de protección y seguridad a la victima, e impone las contenidas en los ordinales 3, 5 y 6 del articulo 87 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consistente en la prohibición de acercarse a la victima, a su lugar de trabajo y de residencia y la prohibición de realizar por si o por terceras personas actos de persecución, intimidación o acoso, sobre la mujer o algún integrante de la familia.
El artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal establece que: … “Cuando el resultado de la investigación resulte insuficiente para acusar, el Ministerio Público decretará el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la reapertura cuando aparezcan nuevos elementos de convicción. De esta medida deberá notificarse a la víctima que haya intervenido en el proceso. Cesará toda la medida cautelar decretada contra el imputado a cuyo favor se acuerda el archivo. En cualquier momento la víctima podrá solicitar la reapertura de la investigación indicando las diligencias conducentes… omisis”.
Tomando en consideración quien decide que el ejercicio de la acción penal en nuestro sistema es un sistema semi-absoluto por lo que respecta a los delitos de acción pública, ya que la titularidad y el ejercicio de la acción penal en dichos delitos pertenece al Estado a través del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 11, 24 y 108 del Código Orgánico Procesal Penal, aunque se permite a la víctima ejercer la acción penal mediante la querella correspondiente, razón por la cual el Ministerio Público se encuentra facultado para decretar el Archivo, como lo hizo en el presente caso.
De la disposición parcialmente transcrita se evidencia que el archivo fiscal es la determinación tomada por el Ministerio Público, al estimar que el resultado de la investigación resulta insuficiente para acusar, como ha sucedido en el presente caso, situación que trae como consecuencia que al decretar el Ministerio Público el Archivo Fiscal, las Medidas Cautelares impuestas al imputado de autos deban cesar. Y así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RESUELVE: Decretado como fue el Archivo Fiscal por la Fiscalía Primera del Ministerio Público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena el cese de todas y cada una de las Medidas Cautelares Sustitutivas impuestas en el presente caso al imputado JESUS DANIEL SALAZAR HERNANDEZ, de nacionalidad Venezolana, natural de Porlamar, estado Nueva Esparta, estado civil soltero, de 25 años de edad, de profesión u oficio obrero, titular de la cédula de identidad Nº V-17.654.393, residenciado en la siguiente dirección: Calle principal Juan Ramón Aguilera, frente al varadero de chacachacare, casa de color azul con rodapié caoba, cerca del saiver de chacachacare, Estado Nueva Esparta. Notifíquese a las partes. Regístrese y publíquese.
El Juez
Dr. Manuel Enrique Guillen Cova
La Secretaria
Abg. Inés Méndez Scarpati
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