REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO N° 1

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
Tribunal de Juicio Nº 01
La Asunción, 1 de Junio de 2010
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2008-005117
ASUNTO : OP01-P-2008-005117

RESOLUCION JUDICIAL

Vistas las anteriores actuaciones, y específicamente el Escrito presentado por el Defensor Público Penal del ciudadano ALBERTO JOSE RODRIGUEZ BRAVO, Dr. Carlos Luís Moya Gómez, presentado ante la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Alguacilazgo en fecha 27 de mayo de 2010, la cual fuera recibida ante el Tribunal Primero de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal en esa misma fecha, mediante el cual solicita el examen y revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que actualmente recae sobre su representado, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando su sustitución por la Medida Cautelar menos gravosa establecida en el numeral 3° del artículo 256 de la Ley Adjetiva penal; este Tribunal, antes de decidir, considera procedente hacer de manera previa hace las siguientes observaciones:

DE LOS HECHOS

PRIMERO: En fecha 20 de marzo de 2009, se lleva a cabo la imputación del ciudadano ALBERTO JOSE RODRIGUEZ BRAVO, de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, realizada por la Fiscalía Tercera Ministerio Público ante este Tribunal, en virtud de considerar que de los hechos investigados se evidencia que el hoy imputado podría ser autor en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, delito éste previsto en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal vigente. Habiendo escuchado la exposición de las partes en la audiencia efectuada al efecto, el Tribunal consideró llenos los extremos establecidos en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de haberse logrado la captura del ciudadano de marras, como consecuencia de la Orden de Captura dictada por el Tribunal Primero de Control de esta misma Circunscripción Judicial, tratándose además, a juicio de esta juzgadora, de un delito contra las personas cuya calificante ha venido dada en razón de ser los fútiles e innobles los motivos que presuntamente llevaron al acusado de marras a atentar contra la vida de otro ser humano; considerando acreditada una presunción razonable de peligro de fuga, por lo que pasó a decretar la Privación Judicial Preventiva de libertad del hoy acusado, decretándose igualmente la continuación del presente procedimiento por la VIA ORDINARIA.

SEGUNDO: En fecha 20 de abril de 2009, la representación de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de este estado, presenta ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Alguacilazgo en la fecha ya citada, ESCRITO ACUSATORIO por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal vigente, y solicitando el enjuiciamiento del ciudadano Alberto José Rodríguez Bravo.

TERCERO: En fecha 20 de mayo del año en curso, se efectuó ante el Tribunal Primero de Control de esta misma Circunscripción Judicial el acto de la Audiencia Preliminar, en el que se admitió la acusación presentada por la representación fiscal, así como los medios de prueba ofrecidos, decretándose en la audiencia en cuestión la correspondiente apertura a Juicio Oral y Público, en virtud de no haber hecho uso el acusado de ninguna de las formas alternas a la prosecución del proceso.

CUARTO: Habiendo sido recibido el presente asunto en fecha 08 de junio de 2009, quien suscribe se aboca al conocimiento del mismo en esta misma fecha, siendo que el día 27 de mayo de 2010, fue recibido ante este Tribunal , escrito mediante el cual el Defensor Público Penal Quinto, solicita el examen y revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que actualmente recae sobre su representado, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando su sustitución por la Medida Cautelar menos gravosa establecida en el numeral 3° del artículo 256 de la Ley Adjetiva Penal.

DEL DERECHO

Establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal la facultad que tiene el imputado de solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente, así como el Juez para examinar la necesidad del mantenimiento de las Medidas Cautelares.

Al respecto de la solicitud efectuada por la defensa de autos, sobre la excepcionalidad de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, considera quien suscribe, en primer lugar, que el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal vigente, es uno de los considerados de mayor gravedad, toda vez que además de ir dirigido a dar fin a la vida de un ser humano, bien jurídico de mayor apreciación por el legislador penal, en el presente caso, los motivos que llevan al sujeto activo del delito a ejecutar la acción son triviales e insignificantes, así como ruines, por ser lo contrario a elementales sentimientos de humanidad. Es por estas razones que quien suscribe, sin proceder a revisar las circunstancias de fondo que rodean al hecho cometido, por constituir ello una opinión por adelantado si haber presenciado la audiencia de juicio a efectuarse en el presente proceso, pondera la magnitud del daño causado como grave.

En segundo lugar, el legislador penal ha establecido como una circunstancia a analizar a los fines de considerar acreditada una presunción razonable de peligro de fuga, la pena que podría llegarse a imponer en el caso concreto, tomando como base para ello, según el Parágrafo Primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, el caso de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, siendo que en el presente caso el Ministerio Público ha acusado al ciudadano ALBERTO JOSE RODRIGUEZ BRAVO por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto en el numeral 1° del artículo 406 del Código Penal vigente, el cual tiene implícita en la norma la pena de quince a veinte años; no encontrándonos en el presente caso, ante los motivos que según el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, dan lugar al decaimiento de la Medida de Privación preventiva de Libertad.

Es por lo anteriormente expresado, que considera quien aquí suscribe, que las circunstancias por las cuales fue decretada la medida de Privación Judicial Prevenida de Libertad en contra del ciudadano Alberto José Rodríguez Bravo en fecha 20 de marzo de 2009, no han variado, no pudiéndose erigir esta juzgadora en una segunda instancia de lo decidido por la Juez de Control en la oportunidad de la Audiencia de Calificación de Procedimiento.

Ahora bien, sobre los alegatos efectuados por la defensa de autos, respecto a que a su representado le asisten los principios básicos de nuestro sistema penal garantista, referidos principalmente a la Presunción de Inocencia y Afirmación de Libertad, es deber de quien suscribe, aclarar que si bien es cierto los anteriormente mencionados son principios rectores de nuestro proceso penal de corte garantista, no es menos cierto que existen el la ley adjetiva penal excepciones a estos principios, que autorizan al Juez a decretar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y a mantenerla si fuese necesario para asegurar las resultas del proceso, no constituyendo ello imposición alguna de pena por anticipado, sino por el contrario, el aseguramiento de los fines del proceso penal, siempre y cuando ello no viole los derechos y garantías que protegen al acusado.

Vistos los argumentos que anteceden, considera esta juzgadora que lo procedente en el presente caso es NEGAR LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD QUE PESA SOBRE EL CIUDADANO ALBERTO JOSE RODRIGUEZ BRAVO, POR UNA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, en virtud de no haber variado las circunstancias por las cuales fue decretada la medida de Privación Judicial Prevenida de Libertad en contra del mismo en fecha 20 de marzo de 2009.

DISPOSITIVA

Vistos y analizados los anteriores particulares, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR LA AUTORIDAD DE LA LEY, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: NIEGA LA SUSTITUCIÓN DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD QUE PESA SOBRE EL CIUDADANO ALBERTO JOSE RODRIGUEZ BRAVO, POR UNA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA, en virtud de no haber variado las circunstancias por las cuales fue decretada la medida de Privación Judicial Prevenida de Libertad en contra del mismo en fecha 20 de marzo de 2009, conforme lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo necesario el mantenimiento de la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad para asegurar las resultas del proceso, al encontrarse llenos los extremos establecidos por el legislador penal en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 250, y artículo 251 numerales 2° y 3°, ejusdem. SEGUNDO: Se ordena notificar a las partes sobre lo aquí decidido. Líbrese las boletas de notificación correspondientes y los oficios respectivos. ASI SE DECIDE. Cúmplase.
LA JUEZ TEMPORAL DE JUICIO Nº 01,

ABG. MARIA LETICIA MURGUEY
EL SECRETARIO,

ABG. LUIGGY DIAZ NARANJO
1:49 PM