REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
En su nombre
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
La Asunción, 30 de noviembre de 2009.
199º y 150º
Asunto Nº OP02-J-2009-000460
Motivo: Divorcio 185-A.
Partes: Carlos González Hernández y María Fernanda Díaz Suárez.
Abogados Asistentes: José Vicente Santana Osuna, Rafael Pasqueriello Torres y Milangela Cristina Mendoza, Inpreabogados Nros. 1497; 139.609 y 139.610 respectivamente.
Se inicia el presente asunto con escrito presentado en fecha 03.11.2009 por los ciudadanos Carlos Alberto González Hernández y María Fernanda Díaz Suárez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.200.685 y 13.992.264 respectivamente, asistido el primero por el abogado José Vicente Santana Osuna, con Inpreabogado N° 1497 y la segunda por los abogados Rafael Pasquariello Torres y Milangela Cristina Mendoza, con inpreabogado Nros. 139.609 y 139.610, en el cual manifestaron que contrajeron Matrimonio Civil en fecha 03.03.2001 ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, tal como consta del acta inserta bajo el N° 49 en los Libros de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese Despacho en el referido año, y que se encuentran separados de hecho desde el 15.02.2004, por lo que solicitan se declare la disolución del vínculo matrimonial conforme a los parámetros del Artículo 185-A del Código Civil, por haber transcurrido más de cinco (5) años desde dicha separación. En dicho escrito manifiestan que procrearon una hija, la niña “”… Cuya identidad se omite conforme a lo establecido en El Articulo 65 de la L.O.P.N.N.A..””
Estando dentro de la oportunidad de dictar Sentencia, se hace en los siguientes términos:
Al respecto, observa esta Instancia que la solicitud de disolución del vínculo matrimonial está fundamentada en la real y efectiva separación de la vida en común de la pareja, por un tiempo mayor de cinco (5) años. En este sentido, ha dispuesto la norma, específicamente el artículo 185-A del Código Civil, que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio, alegando para ello ruptura prolongada de la vida en común. Aunado a ello, dispone el Parágrafo Primero del articulo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que cuando el divorcio se solicita conforme a la referida norma, deben los cónyuges señalar quien ha ejercido la Custodia de los hijos e hijas durante el tiempo que han permanecidos separados de hecho, así como la forma en que ha venido ejecutándose la Obligación de Manutención y el Régimen de Convivencia Familiar. Ello debe ser tomado en cuenta por el Juez, en todo cuanto proceda.
De la Patria Potestad:
Establece el Artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es: “el conjunto de deberes y derechos del padre y la madre en relación con los hijos e hijas, que no hayan alcanzado la mayoridad, y tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos e hijas”. (Subrayado del Tribunal).
De la Responsabilidad de Crianza:
Constituye uno de los elementos de la Patria Potestad, prevista en el Artículo 348 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y comprende según lo dispuesto en el Artículo 358 ejusdem: “…el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral (…)” (Subrayado del Tribunal)
De la Obligación de Manutención:
Establece el articulo 30 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que: “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Los padres, representantes o responsables tienen la obligación principal de garantizar, dentro de las posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho”. En este orden de ideas y de conformidad con lo previsto en el Artículo 365 ejusdem: “La Obligación de Manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y adolescente”. (Subrayado del Tribunal)
Del Régimen de Convivencia Familiar:
Dispone el articulo 385 de dicha Ley: “El padre o la madre que no ejerza la Patria Potestad, o que ejerciéndola no tenga la responsabilidad de custodia del hijo o hija, tiene derecho a la convivencia familiar, y el niño, niña o adolescente tiene este mismo derecho”. (Subrayado del Tribunal)
En atención a dichas normas, este Tribunal Primero de Mediación, Sustanciación y Ejecución para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo que concierne a la Patria Potestad, Responsabilidad de Crianza, Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar de la niña “”… Cuya identidad se omite conforme a lo establecido en El Articulo 65 de la L.O.P.N.N.A..””, tiene en cuenta lo acordado por sus padres en los términos siguientes:
√ La Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza del adolescente “”… Cuya identidad se omite conforme a lo establecido en El Articulo 65 de la L.O.P.N.N.A..””
, será ejercida de manera conjunta por sus padres, correspondiéndole a la madre el Ejercicio de la Custodia.
√ En lo referente a la Obligación de Manutención queda establecida que corresponde a ambos padres en partes iguales y ella comprende todo lo relacionado con el sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, y gastos extraordinarios. El padre aportará la cantidad de dos mil bolívares mensuales (Bs. 2.000), y cubrirá el pago del colegio a la niña, así como las actividades extra cátedra, tales como ballet y de tenis. En los meses de agosto y diciembre de cada año, el padre aportará una cuota especial de un mil bolívares (Bs. 1.000), siendo que también le corresponderá contratar y mantener vigente seguro de hospitalización y cirugía en beneficio de la niña, tal como lo establece el particular cuarto de la solicitud.
√ En cuanto al Régimen de Convivencia Familiar queda establecido conforme a lo indicado en el particular tercero de la solicitud, tal como fuera convenido por las partes.
En lo que concierne a la Comunidad de Gananciales, con ocasión de la disolución del vinculo matrimonial, se HOMOLOGA el acuerdo suscrito entre ellos respecto de dicha comunidad.
Siendo que a tenor de lo establecido en el articulo 513 de la citada ley especial, el Juez en su publicación debe reproducir el pronunciamiento completo, en términos claros, precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativas ni transcripciones de actas, ni documentos que consten en el expediente, anéxese a la presente copia certificada de la solicitud; para mayor ilustración sobre lo establecido respecto de las referidas instituciones familiares, y respecto de la comunidad de gananciales. Así se Decide.
En consecuencia, y visto que en el caso bajo estudio las partes alegaron estar separados de hecho por un periodo superior a cinco años, sin que entre ellos existiese reconciliación alguna, lo que constituye ruptura prolongada de la vida en común; llenos como se encuentran los extremos del Artículo 185-A del Código Civil, así como los exigidos en el Parágrafo Primero del Artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, es por lo que quien DECIDE considera procedente y ajustado a derecho, DECLARAR CON LUGAR la Solicitud de Divorcio incoada por los ciudadanos Carlos Alberto González Hernández y María Fernanda Díaz Suárez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.200.685 y 13.992.264 respectivamente, y como consecuencia de ello, DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL QUE LOS UNIA, contraído en fecha 03.03.2001 ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta. Así se Decide.
DISPOSITIVA
En fuerza de las anteriores consideraciones, esta Jueza del Tribunal Primero de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos Carlos Alberto González Hernández y María Fernanda Díaz Suárez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.200.685 y 13.992.264 respectivamente, con fundamento en el Artículo 185-A del Código Civil, y como consecuencia de ello, disuelto el vínculo conyugal existente entre ellos, contraído en fecha 03.03.2001 ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.
Homologado el acuerdo suscrito respecto de la Comunidad de Gananciales.
No hay condenatoria en costas.
Publíquese y Regístrese
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la Asunción, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2009. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Jueza
Abg. Carmen Milano Vásquez
La Secretaria
En la misma fecha, siendo las 0900 de la mañana se agrega a las actas la presente sentencia. Conste.
La Secretaria
Asunto No OP02-J-2009-000460
Divorcio 185-A
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