TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
I.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inició por ante el Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao del estado Nueva Esparta, demanda de DESALOJO presentada por los abogados CORA FARÍAS ALTUVE, IGNACIO BERRIZBEITIA LÓPEZ e ITZIAR ITUARTE NORIEGA, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 10.595, 23.636 y 60.759 respectivamente, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil ALMACENES BEST C.A.
Por auto del 06.05.05 (f. 185) se admitió la presente demanda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, Sociedad Mercantil PAPILLON DE MARGARITA S.R.L, en la persona de su representante legal ciudadano MARCO ROSANES GOLDEMBERG, para que compareciera por ante ese Tribunal al segundo (2do) día de despacho siguientes a que constara en autos su citación, a fin de que diera contestación a la demanda incoada en su contra.
En fecha 08.03.06 (f. 221), el ciudadano MARCO ROSANES GOLDEMBERG, en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil PAPILLON DE MARGARITA S.R.L, debidamente asistido de abogado, recusó al Juez Temporal del Juzgado Tercero de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado, Dr. ALBERTO RAUSSEO VALDERRAMA.
En fecha 10.03.06 (f. 223 y 224), se ordenó remitir el presente expediente al Juzgado Distribuidor de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado, a los fines de que previo sorteo determinara el Tribunal que continuaría conociendo la presente causa, asimismo, se ordenó remitir al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de este Estado copia certificada de los folios 01 al 05, 185, 206, 210 al 222, a objeto de que previo sorteo determinara el Juzgado que habría de sustanciar y conocer la incidencia planteada con motivo de la recusación formulada por la representación judicial de la parte demandada. Librándose el oficio en esa misma fecha.
En fecha 13.03.06 (f. 227), se dio por recibido el expediente por ante el Juzgado Cuarto de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de este Estado, a quien por distribución le correspondió seguir conociendo de la presente causa.
El día 02.06.06 (f. 185 al 204), se dictó decisión declarando sin lugar la cuestión previa de prohibición de la ley de admitir la acción propuesta, prevista en el ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; con lugar la demanda; se condenó a la parte demandada a hacer entrega a la parte demandante del local comercial distinguido con el N°. 2 que forma parte de la planta baja del Edificio CLEM, situado en la Avenida Santiago Mariño, entre la Av. 4 de Mayo y la Calle Tubores, Municipio Mariño del estado Nueva Esparta; se condenó a la parte demandada a pagar a la parte actora el canon de arrendamiento montante a la cantidad de Bs. 18.000 mensuales y se condenó a la parte demandada al pago de las costas procesales.
En fecha 07.06.06 (f. 213), los abogados RAIMUNDO VERDE ROJAS y CARMEN VERDE ALDANA, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, Sociedad Mercantil PAPILLON DE MARGARITA S.R.L, apelaron de la sentencia definitiva dictada en fecha 02.06.06. Siendo escuchada la misma en ambos efectos por auto del 12.06.06.
El día 19.07.06 (f. 220), fue remitido el expediente mediante oficio N°. 232-06 de fecha 19.07.06 al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del estado Nueva Esparta, a los fines de determinar el Juzgado que debería conocer de la apelación.
En fecha 11.08.06 (f. 223), el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario del estado Nueva Esparta, dio por recibido por distribución el presente expediente y fijó el vigésimo día siguiente contado a partir de esa fecha, para que las partes presentaran sus informes.
En fecha 17.02.2009 (f. 285), se remitió el expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de este Estado, en virtud de la recusación planteada en contra del Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de este Estado.
Por auto del 11.03.09 (f. 286), se abocó la Juez Titular de este Juzgado al conocimiento de la presente causa, se dio por recibido el expediente ordenando proseguir su curso normal y se ordenó notificar a las partes de dicho abocamiento, con la advertencia de que una vez constara a los autos tal formalidad y vencido el término para ejercer los recursos a que hubiere lugar, se iniciaría el lapso para dictar sentencia conforme al artículo 893 del Código de Procedimiento Civil. Librándose las boletas en esa misma fecha (f. 287 y 288).
En fecha 16.03.09 (f. 289), compareció la secretaria de éste Tribunal y mediante diligencia se inhibió de seguir conociendo de la presente causa con base al numeral 13° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha 16.03.09 (f. 290), se designó a la ciudadana MARÍA LEÓN, como secretaria accidental para actuar en el presente expediente, quien estando presente aceptó el cargo y prestó el juramento de ley, tal como se desprendía del acta que a tales efectos se levantó en esa misma fecha. Asimismo, se advirtió que vencido el lapso de allanamiento, el Tribunal emitiría pronunciamiento en torno a la inhibición dentro del tercer (3°) día de despacho siguiente.
En fecha 16.03.09 (f. 291), se dictó auto ordenando dejar sin efecto la boleta de notificación librada en fecha 11.03.09 a la demandada PAPILLON DE MARGARITA S.R.L y librar una nueva, librándose dicha boleta en esa misma fecha (f. 292).
Estando dentro de la oportunidad legal para dictar la resolución en relación con la inhibición propuesta, éste Juzgado pasa a hacerlo previas las siguientes consideraciones:
II.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-
La inhibición, ha dicho con razón, el profesor Arístides Rengel-Romberg (Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, p. 409), es un deber del juez y no una mera facultad, ya que el legislador procesal civil (Art. 84 del Código de Procedimiento Civil) le impone al operador de justicia la obligación de declarar, “sin aguardar a que se le recuse”, que sobre él obra una causa de inhibición. Es un acto judicial y no de partes, porque lo realiza el juez, y produce su efecto en el proceso, creando una crisis subjetiva en el mismo, como lo es la separación del juez del conocimiento de la causa.
Conceptualiza a la inhibición, el mismo autor, como el “acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista en la ley como causa de recusación”.
En el mismo plano doctrinal, la inhibición, para el Dr. Ricardo Henríquez La Roche (Código de Procedimiento Civil, Tomo I, Pág. 292): “Es el acto en virtud del cual el juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso”.
La inhibición deberá declararla el funcionario bien sea juez, secretario y demás funcionarios ocasionales cuando observe que en su persona se suscite cualquiera de las causales de recusación previstas en el artículo 82 de la norma procesal civil, sin aguardar a que se le recuse, ya que en caso de que el funcionario no lo haga y sea recusado por una de las partes podría ser sancionado por el juez dirimente de la recusación conforme lo establece el primer aparte del artículo 83 eiusdem.
Establece el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil que, “el funcionario judicial que conozca que en su persona existe una causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse”, pero ello, evidentemente, no autoriza al funcionario judicial a utilizarla como mecanismo o medio, como lo dicen algunos glosistas legales, de zafarse de aquellos expedientes que le resulten incómodos.
Para evitar tales conductas, el legislador sometió a la inhibición a causales taxativamente enumeradas en el artículo 82 del mismo Código, las cuales deben ser explanadas, como lo expresa el segundo aparte del artículo 84 eiusdem, en acta, “en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás hechos o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento”, acta que no es otra cosa que una diligencia de carácter personal que asienta el funcionario judicial, entiéndase juez, secretario o auxiliar de justicia en el expediente del cual pretende inhibirse de su conocimiento, y en la que indica la hipótesis del artículo 82 Código de Procedimiento Civil, en la que habrá de estar subsumida la conducta del funcionario judicial, para que ésta pueda proceder.
La inhibición tiene su trámite específico: declarada o manifestada la inhibición, debe aguardar el lapso de dos días para el allanamiento (Art. 86 del Código de Procedimiento Civil ), en el entendido que el allanamiento es el acto de la parte, a quien podría perjudicar la parcialidad del funcionario inhibido, y por el cual aquélla se aviene o conforma con que el funcionario siga conociendo del asunto, no obstante estar incurso en la causal declarada por el mismo (vid. Rengel Romberg, Arístides: ob. Cit., T.I, p, 417). El allanamiento no es posible si el inhibido es cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano de una de las partes, o tiene interés directo en el pleito (Art. 85 del Código de Procedimiento Civil).
Vencido dicho lapso, sin que fuera obviado el impedimento o si se insistiere en no conocer, remitirá el expediente (Art. 93 del Código de Procedimiento Civil) al distribuidor para que éste, por sorteo, lo asigne. Y enviará copia certificada de lo conducente al juez competente, para que dirima la incidencia (Art. 89 del Código de Procedimiento Civil; 46, 47, 48 LOPJ), dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones, quien la declarará con lugar si estuviere hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas en el artículo 82 del Código Adjetivo Civil; caso contrario, la declarará sin lugar y el juez inhibido continuará conociendo (Art. 88 del Código de Procedimiento Civil).
Las causales de recusación e inhibición contenidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, se reúnen en veintidós (22) ordinales, que son las vinculaciones que califica la ley como razones suficientes, fundadas en una presunción iure et de iure, de incompetencia subjetiva; o más propiamente dicho, de inhabilidad del funcionario judicial, para intervenir en el pleito.
Consta en la actuación procesal sustanciada en acta del 16.03.09, la exposición inhibitoria declarada en la presente causa por la abogada CECILIA FAGUNDEZ, en su condición de secretaria titular de éste Juzgado; y en razón a que el término previsto en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil precluyó sin que las partes hayan manifestado el correspondiente allanamiento, se le dio curso a dicha incidencia siguiendo para ello los parámetros establecidos en el artículo 86 eiusdem, correspondiéndole a quien suscribe al ostentar la condición de Jueza Titular de éste Tribunal dirimir la incidencia surgida y quien procede a proferirla en los términos siguientes:
Quien decide considera necesario, antes de estimar el mérito del asunto, conciliar los presupuestos de hecho expuestos por la secretaria inhibida a los efectos de verificar si los mismos se subsumen en la causal de inhibición invocada, y si la actuación realizada fue hecha en forma legal, para proceder a declarar la determinación que resulte procedente.
Para decidir, se observa:
La inhibición que se resuelve fue propuesta por la abogada CECILIA FAGUNDEZ, en su condición de secretaria titular de éste Tribunal con ocasión de la demanda de DESALOJO presentada por los abogados CORA FARÍAS ALTUVE, IGNACIO BERRIZBEITIA LÓPEZ e ITZIAR ITUARTE NORIEGA, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil ALMACENES BEST C.A contra la Sociedad Mercantil PAPILLON DE MARGARITA S.R.L.
La nombrada secretaria fundamentó su inhibición de la manera siguiente:
“…Por cuanto los abogados BLANCA GONZÁLEZ y MANUEL CAMEJO, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 28.121 y 37.697 respectivamente; me han asistido en distintas ocasiones y además actúan como mis apoderados judiciales en varias causas tramitadas actualmente ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este Estado, y en virtud que tal circunstancia obviamente empeña mi gratitud con los referidos profesionales del derecho; tomando en consideración que el abogado MANUEL CAMEJO actúa en la presente causa como co-apoderado judicial de la parte actora, Sociedad Mercantil ALMACENES BEST, C.A, por cuanto tal circunstancia constituye causal de inhibición, me INHIBO de seguir conociendo la presente causa con base al numeral 13° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Esta inhibición obra en contra de la parte demandada, sociedad mercantil PAPILLON DE MARGARITA S.R.L.…”.

Bajo tales premisas debe examinarse el acta de inhibición suscrita por la secretaria titular de éste Juzgado, abogada CECILIA FAGUNDEZ a la que, se puede decir, se le da una presunción de verdad, tal como lo ha admitido en forma consolidada la doctrina judicial. De su examen, observa quien sentencia, que en su tramitación, se dio cumplimiento en un todo a las exigencias del artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE ESTABLECE.
La causal alegada por la secretaria inhibida, es la contemplada en el numeral 13° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, la cual textualmente expresa lo siguiente: “Por haber recibido el recusado, de alguno de ellos, servicios de importancia que empeñen su gratitud”.
Así las cosas, en atención a los presupuestos de hecho y de derecho invocados, se examinará tanto la regularidad formal de la inhibición, como la fundamentación alegada, evidenciándose de la declaración emitida por la secretaria inhibida en el acta correspondiente, que ésta se separó del conocimiento de la causa por considerarse incursa en la causal de inhibición contenida en el ordinal 13° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, basándose en el hecho de que los abogados BLANCA GONZÁLEZ y MANUEL CAMEJO, la han asistido en distintas ocasiones y además actúan como sus apoderados judiciales en varias causas tramitadas ante el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de este Estado, y que asimismo, señaló expresamente a la parte en contra de quien obra la inhibición.
Por lo tanto, aplicando la regla más sabia de resguardo a la imparcialidad, al objetivismo que debe imperar, el derecho al debido proceso y a la defensa, los cuales son valores que, entre otros, deben prevalecer en todo Juzgador; en vista de que el acta de inhibición suscrita por la secretaria titular de este Juzgado se levantó cumpliéndose con los extremos a que hace referencia el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil y la causal invocada se encuentra fundamentada en uno de los motivos que contempla el artículo 82 eiusdem, se impone declarar que la inhibición se hizo en forma legal y que por vía de consecuencia, la secretaria inhibida, abogada CECILIA FAGUNDEZ, tiene impedimento para continuar conociendo la demanda de DESALOJO presentada por los abogados CORA FARÍAS ALTUVE, IGNACIO BERRIZBEITIA LÓPEZ e ITZIAR ITUARTE NORIEGA, en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil ALMACENES BEST C.A contra la Sociedad Mercantil PAPILLON DE MARGARITA S.R.L. Y ASÍ SE DECIDE.
Por ello, en atención a los señalamientos anteriormente esbozados se resuelve y corrige la crisis subjetiva nacida a raíz de la señalada inhibición, apartando a la secretaria inhibida del conocimiento de esta causa por haberse delatado de las actas el hecho específico real invocado, siendo concluyente declarar su procedencia, tal como se hace de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta decisión. Y ASI SE DECLARA.
III.- DISPOSITIVA.-
Por los fundamentos expuestos y, en fuerza de los argumentos vertidos en esta decisión, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la inhibición formulada POR ESTAR HECHA EN FORMA LEGAL Y FUNDADA EN CAUSAL ESTABLECIDA POR LA LEY; y, por vía de consecuencia, SE APARTA del conocimiento de este asunto a la abogada CECILIA FAGUNDEZ, subsanando de esta manera la crisis procesal subjetiva que afecta la relación jurídica procesal.
SEGUNDO: Se dispone que la secretaria titular de éste Tribunal no debe continuar actuando en este asunto, y se ratifica a la ciudadana MARÍA LEÓN como secretaria accidental.
TERCERO: Se ordena expedir copia certificada de esta sentencia a los efectos de que sea remitida con oficio, a la funcionaria cuya inhibición fue declarada procedente, y asimismo, agregar la presente decisión al expediente N° 10.734-09 (nomenclatura exclusiva de éste Juzgado) con el propósito de que lo resuelto surta plenos efectos legales.
CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la especial naturaleza del presente fallo interlocutorio.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En La Asunción, a los veintitrés (23) días del mes de marzo del año dos mil nueve (2009). AÑOS 198º y 150º.
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.

LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Abg. MARÍA LEÓN LAREZ.

EXP: Nº 10.734-09.-
JSDC/MILL/nv.-
En esta misma fecha se dicto y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste,
LA SECRETARIA ACCIDENTAL,

Abg. MARÍA LEÓN LAREZ.