REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES. PARTE ACTORA: Firma Mercantil INVERSIONES LADERA, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en fecha 25.05.06, bajo el N°. 118, Tomo 2-B. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogadas MARÍA VICTORIA GUEVARA BRITO y ONEIDA OVIEDO PARRA, inscritas en el inpreabogado bajo los Nros. 123.313 y 41.727 respectivamente. PARTE DEMANDADA: ciudadana CARMEN DEL VALLE ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 4.624.013, domiciliada en el piso pent-house, apartamento PH1C, Conjunto Residencial La Orquídea, Urbanización Maneiro, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó. II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.- Se inicia la presente demanda por COBRO DE BOLÍVARES (VÍA EJECUTIVA) interpuesta por la abogada MARÍA VICTORIA GUEVARA BRITO, en su carácter de apoderada judicial de la Firma Mercantil INVERSIONES LADERA en contra de la ciudadana CARMEN DEL VALLE ROMERO. Recibida por distribución el 28.02.08 (f. vuelto del 5) En fecha 28.02.08 (f. 6 al 99), comparece la apoderada judicial de la parte actora y consignó los recaudos señalados en el libelo de la demanda. Por auto de fecha 29.02.08 (f. 100 y 101), se admitió la demanda ordenando emplazar a la ciudadana CARMEN DEL VALLE ROMERO, a los fines de que compareciera por ante este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a que constara en autos su citación, a objeto de dar contestación a la demanda incoada en su contra. Asimismo, se ordenó aperturar el cuaderno de medidas a los fines de proveer sobre la medida solicitada, dejándose constancia de haberse aperturado el referido cuaderno en esa misma fecha. En fecha 05.03.08 (f. 102), comparece la abogada MARIA GUEVARA, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y consignó las copias simples del libelo de la demanda y del auto de admisión, a los fines de que se librara la compulsa de citación respectiva. El día 11.03.08 (f. vto del 102), se dejó constancia de haberse librado la compulsa de citación con sus respectivas copias certificadas a la parte demandada. CUADERNO DE MEDIDAS. Por auto de fecha 29.02.08 (f. 1 y 2), se aperturó el cuaderno de medidas y se decretó medida de embargo ejecutivo sobre un inmueble constituido por un apartamento en propiedad horizontal identificado con el número PH-1C, piso Pent-House, de la Torre C, ubicado en la Octava Planta del Edificio “C” del denominado Conjunto Residencial La Orquídea, situado en la urbanización Maneiro, en la parcela 02-01 Jurisdicción del Municipio Silva, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, ordenándose comisionar para la práctica de dicha medida al Juzgado Distribuidor Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba y Península de Macanao del estado Nueva Esparta. Dejándose constancia de haberse librado comisión y oficio en esa misma fecha (f. 3 al 5). En fecha 10.03.08 (f. 6 y 7), comparece la alguacil de este Juzgado y consignó en un (1) folio útil copia del oficio N°. 18.290-08 debidamente sellado y firmado. En fecha 28.05.08 (f. 8 al 15), se recibió el oficio N°. 148-08 de fecha 21.05.08 emanado del Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba y Península de Macanao del estado Nueva Esparta, mediante el cual remite comisión sin cumplir por falta de impulso, constante de seis (6) folios útiles. Siendo agregado a los autos en esa misma fecha. Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones: III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.- El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”. El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta: “...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia. Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”. Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente: “…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…” De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal. Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte actora incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición del alguacil los medios de transporte necesarios para que se llevara a cabo su traslado a los fines de la practica de la citación de la demandada, ciudadana CARMEN DEL VALLE ROMERO, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide. IV.- DISPOSITIVA.- Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se ordena suspender la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por este Juzgado en fecha 29.02.08. CUARTO: Se ordena agregar el cuaderno de medidas al principal. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta. En La Asunción, a los diecisiete (17) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009). Años: 199º y 150°. LA JUEZA, Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS. LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ. EXP: N°. 10.125-08. JSDC/CF/nv. En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión. Conste, LA SECRETARIA, Abg. CECILIA FAGUNDEZ.