TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
ESTADO NUEVA ESPARTA.
Años 198° y 149°
Sentencia definitiva.-
I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-
I.1 PARTE DEMANDANTE: Ciudadano ADOLFO BECERRA PINERUA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad nro. 2.976.467.
I.2 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogada ANA LUISA MILLAN inpreabogado nro. 43.256.
I.3 PARTE DEMANDADA: Ciudadanos ULISES RAMON HIDALGO FUENTES y EULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedulas de identidad nro. 1.459.342 y 6.468.561, respectivamente.
I.4 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: Ciudadano ULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ, abogado DANIEL LORENZO DELGADO, inpreabogado nro. 50.833.
II.- MOTIVO DEL JUICIO: COBRO DE BOLIVARES INTIMACIÓN.
III.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.-
Se inicia el presente juicio por demanda por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) presentada por la abogada ANA LUISA MILLAN, inpreabogado nro. 43.256, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ADOLFO BECERRA PIÑERUA, ya identificado, debido a las infinidades de gestiones realizadas para lograr el cobro de lo adeudado por la parte demandada.
El día 20 de Febrero de 2.002, se le da entrada, en fecha 27-2-2.002, se admite la presente demanda, en fecha 6-3-2.002, se le dio cumplimiento a lo ordenado en el auto de admisión.
En fecha 24-4-2.002, comparece el ciudadano Alguacil de este Tribunal y consigna boletas de intimación por no poder localizar a la parte demandada, en fecha 30-4-2.002, comparece la abogada ANA LUISA MILLAN, en su carácter de apoderada de la parte actora y solicita la Intimación de la parte demandada por carteles, en fecha 20-5-2.002, este Tribunal dicto auto acordando la intimación por carteles de la parte demandada, librando el referido cartel, en fecha 19-5-2.002, comparece la abogada ANA LUISA MILLAN, en su carácter de apodera de la parte actora y mediante diligencia manifiesta al tribunal que por fuerzas mayores le imposible publicar en el diario Sol de Margarita el cartel de intimación librado, en fecha 5-6-2.003, este Tribunal dicto auto ordenado se libre un nuevo cartel de intimación, en fecha 9-6-2.003, comparece la abogada ANA LUISA MILLAN, en su carácter de apoderada de la parte demandante y retira el cartel de intimación acordado, en fecha 5-8-2.003, comparece el ciudadano ULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ, parte co-demandada, asistido de abogado y otorga poder apud-acta al abogado JOSEC DANIEL LORENZO, inpreabogado nro. 50.833, en fecha 17-9-2.003, comparece el abogado JOSE DANIEL LORENZO en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ, ya identificado y solicita copias certificadas, en fecha 23-9-2.003, este Tribunal dicto auto acordando las copias certificadas solicitadas, en fecha 2-12-2.003, comparece el abogado JOSE DANIEL LORENZO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano ULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ ya identificado y consigna las copias simples a certificar, en fecha 8-12-2.003, se certificaron las copias consignadas.
Posteriormente en fecha 17-12-2008, el ciudadano Juez Provisorio designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. MARCO ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ, se aboca al conocimiento de la presente causa.
Ahora bien, en este estado del proceso se evidencia de las actas que desde el día 2-12-2.003, fecha en que el apoderado judicial del ciudadano ULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ, parte co-demandada ya identificada consigna las copias simples a certificar hasta la presente fecha no se ha producido actividad alguna en el expediente dirigida a impulsar el proceso, habiendo transcurrido en exceso, desde esa oportunidad más de un (1) año.
Al respecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”
El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, Pág. 329, comenta lo siguiente:
“…La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el Juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia…”
En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 13-06-2001 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Sin embargo, esta Sala observa que, la perención de la instancia opera por inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…”
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de Febrero de 2.004, asentó:
“…La regla legal transcrita impone una sanción de perención de la instancia por falta de actividad de las partes durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada.
En el caso de las perenciones breves, no se puede considerar que exista tal abandono del proceso, sino falta de cumplimiento de los deberes legales que la Ley impone para lograr la citación.
En uno u otro supuesto, por ser la norma analizada de carácter sancionatorio, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica (…) Para declarar la perención no solo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal…”
De los fallos precedentemente transcritos, este Tribunal infiere que la inactividad procesal de las partes conlleva a la falta de impulso o estímulo del proceso que acarrea su penalización y lo extingue.-
Aplicando todo lo expuesto al caso que nos ocupa, se observa que efectivamente desde el día 2-12-2003, hasta la presente fecha, ha transcurrido más del año previsto en la norma adjetiva, para que opere la perención de la instancia como sanción a la conducta omisiva de la parte actora, sin que tal inacción recaiga en cabeza del Tribunal, ya que aún correspondía a las partes probar sus pretensiones y defensas en el lapso probatorio. En consecuencia, no habiéndose ejecutado ningún acto de procedimiento y no encontrándose la causa en estado de sentencia, se concluye que en el presente caso se ha consumado la perención de la instancia, con fundamento en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.-

IV.- DISPOSITIVA.-
En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta la Perención de la Instancia, en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN) intentara el ciudadano ADOLFO BECERRA PIÑERUA contra los ciudadanos ULISES RAMON HIDALGO FUENTES y EULISES DAVID HIDALGO GONZALEZ, contenido en el expediente Nro. 20.625, de la nomenclatura particular de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
La condenatoria de perención no determina condena en costas por mandato del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los cinco (5) días del mes de Febrero del año Dos Mil Nueve (2009). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,

Dr. MARCO ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ,
LA SECRETARIA

Abg. CORINA LIBERATORE CABEZA.
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión, siendo las 10:00 a.m.
Conste.- LA SECRETARIA

Abg. CORINA LIBERATORE CABEZA.
Expediente N° 20.625.
MAGF/CL/Pgb.