REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. Años 198° y 149° Sentencia definitiva.- I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.- I.1 PARTE DEMANDANTE: Ciudadana IRMA ROJAS DE ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad nro. 4.508.487. I.2 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogadas JESUS MEDINA Y LUIS GONZALEZ, inpreabogados nros. 79.756 Y 64.883, respectivamente. I.3 PARTE DEMANDADA: Ciudadanos FELICIA ALBUJAS DE RIVAS y LEOPOLDO RIVAS ROMERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad nros. 2.897.590 y 3.596.784, respectivamente. I.4 APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: No acredita apoderado judicial. II.- MOTIVO DEL JUICIO: INTERDICTO DE DESPOJO. III.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.- Se inicia el presente juicio por demanda de INTERDICTO DE DESPOJO presentada por los abogados JESUS MEDINA Y LUIS GONZALEZ, inpreabogado nros. 79.756 y 64.883, en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandante, en virtud que la parte demandada levanto una cerca de alfajor en el lindero Oeste del terreno invadiendo parte del terreno de la demandante. El día 1 de Junio de 2.001, se le da entrada, y en fecha 18-6-2.001 se admite la presente demanda. En fecha 29-11-2.001, comparece el abogado JESUS MEDINA inpreabogado nro. 79.756, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, y mediante diligencia solicita el abocamiento del en la presente causa, en fecha 29-11-2.001, el Dr. JOSE ROGUEZ GUTIERREZ, en su condición de Juez designado en este Tribunal se aboca al conocimiento de la presente causa, en fecha 27-2-2.002, comparece por ante este tribunal el abogado LUIS GONZALEZ inpreabogado nro. 64.883, en su carácter de apoderado de la parte actora, donde mediante diligencia manifiesta al tribunal que no esta dispuesto a constituir la fianza exigida y solicita se decrete la medida de secuestro, en fecha 22-4-2.002, este Tribunal dicto auto donde decreta la medida de secuestro y ordena comisionar al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipio Arismendi, Gómez, Marcano, Díaz y Antolin del Campo de este Estado, en fecha 17-6-2.002, se libro oficio al Juzgado Ejecutor ya mencionado, en fecha 7-8-2.002, este Tribunal agrego a los autos las resultas del despacho de Secuestro decretado. Posteriormente en fecha 17-12-2008, el ciudadano Juez Provisorio designado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, Dr. MARCO ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ, se aboca al conocimiento de la presente causa. Ahora bien, en este estado del proceso se evidencia de las actas que desde el día 27-2-2002, fecha en que el abogado actor manifiesta al tribunal que no esta dispuesto a constituir la fianza exigida y solicita se decrete la medida de secuestro, hasta la presente fecha, no se ha producido actividad alguna en el expediente dirigida a impulsar el proceso, habiendo transcurrido en exceso, desde esa oportunidad más de un (1) año. Al respecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone lo siguiente: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…” El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo II, Pág. 329, comenta lo siguiente: “…La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural, que es la sentencia. Por ello, el Juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia…” En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 13-06-2001 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente: “…Sin embargo, esta Sala observa que, la perención de la instancia opera por inactividad procesal de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, en un período de al menos un año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil…” Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de Febrero de 2.004, asentó: “…La regla legal transcrita impone una sanción de perención de la instancia por falta de actividad de las partes durante el transcurso de un año, lo cual implica el abandono y desinterés de los litigantes en el desenvolvimiento del proceso, que debe conducir a la sentencia que resuelva la controversia planteada. En el caso de las perenciones breves, no se puede considerar que exista tal abandono del proceso, sino falta de cumplimiento de los deberes legales que la Ley impone para lograr la citación. En uno u otro supuesto, por ser la norma analizada de carácter sancionatorio, no es susceptible de interpretación extensiva o analógica (…) Para declarar la perención no solo es necesario verificar el simple transcurso del tiempo, sino también es relevante analizar en cabeza de quien estaba el impulso del proceso, si de las partes o del Tribunal…” De los fallos precedentemente transcritos, este Tribunal infiere que la inactividad procesal de las partes conlleva a la falta de impulso o estímulo del proceso que acarrea su penalización y lo extingue.- Aplicando todo lo expuesto al caso que nos ocupa, se observa que efectivamente desde el día 27-2-2002, hasta la presente fecha, ha transcurrido más del año previsto en la norma adjetiva, para que opere la perención de la instancia como sanción a la conducta omisiva de la parte actora, sin que tal inacción recaiga en cabeza del Tribunal, ya que aún correspondía a las partes probar sus pretensiones y defensas en el lapso probatorio. En consecuencia, no habiéndose ejecutado ningún acto de procedimiento y no encontrándose la causa en estado de sentencia, se concluye que en el presente caso se ha consumado la perención de la instancia, con fundamento en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. ASI SE DECLARA.- IV.- DISPOSITIVA.- En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta la Perención de la Instancia, en el juicio que por INTERDICTO DE DESPOJO intentara la ciudadana IRMA ROJAS DE ROJAS contra los ciudadanos FELICIA ALBUJAS DE RIVAS y LEOPOLDO RIVAS ROMERO, contenido en el expediente Nro. 20.300, de la nomenclatura particular de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La condenatoria de perención no determina condena en costas por mandato del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los doce (12) días del mes de Febrero del año Dos Mil Nueve (2009). Años: 198° de la Independencia y 149° de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO, Dr. MARCO ANTONIO GARCÍA FERNÁNDEZ, LA SECRETARIA Abg. CORINA LIBERATORE CABEZA. En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión, siendo las 2:00 p.m. Conste.- LA SECRETARIA Abg. CORINA LIBERATORE CABEZA. Expediente nro. 20.300. MAGF/CL/Pgb.