Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta
La Asunción, 3 de Diciembre de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : OP01-P-2009-008380
ASUNTO : OP01-R-2009-000147
Ponente: JUAN ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
IMPUTADOS:
• ERICK JOSÉ LOZADA HERNÁNDEZ, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacido en fecha 31-10-1968, de 41 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.323.188, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, residenciado en el Sector La Caranta detrás de la Cinemateca, Casa S/N° de color marrón, Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta.
• NICOLAS FERNANDO ESTRADA, de nacionalidad colombiana, natural de Medellín, nacido en fecha 10-07-1958, de 51 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº E-81.756.383, de estado civil soltero, de profesión u oficio técnico industrial, residenciado en el Sector La Caranta detrás de la Cinemateca, Casa S/N° de color marrón, Municipio Maneiro de esta Entidad Federal.
REPRESENTANTE DE LA DEFENSA: Abogado CARLOS LUÍS MOYA GÓMEZ, Defensor Público Penal Quinto adscrito a la Defensa Publica Penal de la Circunscripción Judicial Penal del estado Nueva Esparta.
REPRESENTANTE DE LA FISCALÍA: Abogado ADRIANA GÓMEZ RAMÍREZ, Fiscala Novena en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Penal Ordinario) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.
DELITOS: Al ciudadano ERICK JOSÉ LOZADA, el delito ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTE previsto y sancionado en el articulo 258 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICTRÓPICAS previsto y sancionado en el articulo 263 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y para el ciudadano NICOLAS FERNANDO ESTRADA el delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en relación con la agravante del articulo 217 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente.
ANTECEDENTES
En fecha diecisiete (17) de noviembre de 2009, se recibe constante de veintiséis (26) folios útiles, asunto contentivo de Apelación interpuesta por el abogado CARLOS LUÍS MOYA GÓMEZ, Defensor Público Penal Quinto adscrito a la Defensa Pública Penal de la Circunscripción Judicial Penal del estado Nueva Esparta.
Según Listado de Distribución llevado por Sistema de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos le correspondió el conocimiento de la presente Juez Ponente quien suscribe con tal carácter la actual decisión JUAN ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, tal como consta al folio veintisiete (27) de las respectivas actuaciones.
En fecha treinta (30) de noviembre de 2008, se admite cuanto Ha Lugar en Derecho, el Recurso de Apelación, conforme al artículo 450 del Código Adjetivo Penal.
En fin la Sala, una vez revisadas y analizadas las actas procesales que contiene el asunto N° OP01-R-2009-000147, antes de decidir, hace las siguientes consideraciones:
DEL REQUERIMIENTO DEL RECURRENTE
En el presente asunto, la parte impugnante interpone escrito de apelación contra el auto dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, de fecha 02 de noviembre de 2009, que decretó Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad en contra de los imputados ERICK JOSE LOZADA y NICOLAS FERNANDO ESTRADA, al amparo del artículo 447 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal.
A tal secuela alega:
“…Con referencia a la medida privativa de libertad, legalmente esta tiene que satisfacer las siguientes exigencias legales: temporalidad, excepcionalidad, proporcionalidad,…Considera la defensa técnica que bien, se puede satisfacer la finalidad del proceso y asegurar la comparecencia del sub judice a los actos procesales con una medida menos gravosa sustitutiva de esta privación de libertad…...” Omissis…
En conclusión el reclamante, solicita a este Despacho Judicial, que declare con lugar la presente apelación y en consecuencia se revoque la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y se acuerde a favor de sus defendidos una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, al no existir una presunción razonable de peligro de fuga ni obstaculización en la búsqueda de la verdad.
CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN POR LA FISCALÍA NOVENA DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Fiscalía Novena del Ministerio Público, por su parte, dio contestación al escrito de impugnación presentado por la Defensa Técnica, y manifestó que se declarara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de fecha dos (02) de noviembre del presente año.
DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL RECURRIDA
En decisión de fecha dos (02) de noviembre de 2009, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, la recurrida, expresó:
“…Oídas las pretensiones de las partes se procede a dictar pronunciamiento en los siguientes términos: ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA ASUNCIÓN ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: De conformidad con el artículo 250 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, de las actas se desprende que efectivamente estamos en presencia de la comisión de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo precalifica en este acto el Fiscal del Ministerio Público provisionalmente como lo son: para el imputado ERICK JOSE LOZADA HERNANDEZ como los delitos de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4° de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, EXPLOTACION SEXUAL DE ADOLESCENTE previsto y sancionado en el articulo 258 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente y SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICTORPICAS previsto y sancionado en el articulo 263 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente y precalifica provisionalmente para el imputado NICOLAS FERNANDO ESTRADA el delito de ACTO CARNAL CON VICTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el articulo 44 ordinal 4° en relación con la agravante del articulo 217 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. SEGUNDO: Conforme al artículo 250 orindla (Sic) 2° del Código Orgánico procesal Penal, considera este Tribunal que existen elementos de convicción que hacen presumir que los ciudadanos imputados, podrían llegar a ser autores o partícipes de los hechos atribuidos, dichos elementos son: Acta policial suscrita por funcionarios adscritos al Instituto autónomo de Policía Municipal de Maneiro de fecha 13-10-2009; Acta de lectura de los derechos del imputado; Actas de entrevista suscrita por las ciudadanas IDENTIDADES OMITIDAS, de fecha 30-10-209, respectivamente; Evaluación Psicológica realizada a la víctima, Inspección Técnica con Fijación Fotográfica de fecha 30-10-09 Reconocimiento Legal de fecha 31-10-2009, suscrita por funcionario del Departamento de Ciencias Forenses adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, oficio N° 1975 del 31-10-2009 emitido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se señala los registros policiales que presentan los referidos imputados de autos. TERCERO: Considera quien aquí decide que existe peligro de fuga y la obstaculización en la búsqueda de la verdad, amparado al parágrafo primero del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; por todo lo antes expuesto lo procedentes decretar una MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 250, Ordinales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en el Internado Judicial de esta región insular. CUARTO: Se insta al Ministerio Público a la práctica de las diligencias solicitadas por la Defensa. QUINTO: Se acuerda el traslado del NICOLAS FERNANDO ESTRADA al Departamento de Medicatura Forense para el día de mañana martes tres (03) de noviembre de 2009 a las 7:00 de la mañana a los fines que sea evaluado médicamente el referido ciudadano por lesión que presenta en su pierna derecha. SEXTO: Se decreta el presente procedimiento y de conformidad con lo establecido en el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal se acuerda seguir por la vía del procedimiento ORDINARIO, tal como lo ha solicitado el Ministerio Público en este acto, quien indicó que aún faltan actuaciones por practicar. Las partes quedan debidamente notificadas de lo decidido de conformidad con lo previsto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal…” Omissis… (Subrayado y resaltado de la Corte)
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En primer lugar, la Alzada indica, que la parte recurrente, fundamenta su escrito de apelación en el numeral 4 del Artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere, a las decisiones que declaren la procedencia de una Medida Cautelar Privativa de Libertad o Sustitutiva.
En efecto, esta Sala, establece que es necesario puntualizar sobre la actuación del recurrente, de la Fiscalía y de la decisión impugnada dictada por el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta y de seguida pasa a hacer algunas acotaciones antes de resolver.
Con el presente recurso, la defensa técnica pretende que se revoque la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad y se acuerde a favor de sus defendidos una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, al no existir una presunción razonable de peligro de fuga ni obstaculización en la búsqueda de la verdad.
El Texto Adjetivo Penal establece, que previa solicitud Fiscal, el Juez de Control podrá decretar Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a que se contrae el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, verificando con antelación que se encuentre plenamente demostrado en autos y de manera acumulativa, los tres requisitos de procedencia de la medida en cuestión.
Tales apócrifos de hecho los constituyen la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentre prescrita; en segundo término, que existan múltiples y fundados elementos de convicción para estimar que él o los imputados han sido los posibles autores o partícipes del hecho investigado y finalmente, que exista una presunción razonable de fuga o de obstaculización de la investigación, que haga peligrar la búsqueda de la verdad en el hecho punible imputado por el Director de la Acción Penal, como lo señaló en la audiencia de presentación así: Al ciudadano Al ciudadano ERICK JOSÉ LOZADA, el delito ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTE previsto y sancionado en el articulo 258 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICTRÓPICAS previsto y sancionado en el articulo 263 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y para el ciudadano NICOLAS FERNANDO ESTRADA el delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en relación con la agravante del articulo 217 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente.
La jurisprudencia y la doctrina patria han sostenido de manera reiterada, que tales presupuestos deben darse de manera conjunta, vale decir, que la no demostración plena de uno de ellos hace improcedente la aplicación de la medida restrictiva de libertad y en consecuencia, operaría el otorgamiento de una de las medidas cautelares sustitutivas, de las contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, como ya se dijo, esgrime el recurrente que el 02 de noviembre de 2009, se le decretó Medida Judicial Privativa de Libertad a sus defendidos, haciendo alusión que el Juez A quo realizó una precalificación de los delitos imputado a cada uno de los investigados así: Al ciudadano Al ciudadano ERICK JOSÉ LOZADA, el delito ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE, previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, EXPLOTACIÓN SEXUAL DE ADOLESCENTE previsto y sancionado en el articulo 258 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICTRÓPICAS previsto y sancionado en el articulo 263 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente y para el ciudadano NICOLAS FERNANDO ESTRADA el delito de ACTO CARNAL CON VÍCTIMA ESPECIALMENTE VULNERABLE previsto y sancionado en el articulo 44 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia en relación con la agravante del articulo 217 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente.
Asimismo delata la defensa técnica, que en el presente caso no concurre la presunción razonable del peligro de fuga, por lo que considera que a sus patrocinados debió acordársele una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad.
Al respecto, esta Superioridad Penal, una vez revisado el escrito recursivo, observa de la lectura y análisis del acta redactada con ocasión de la celebración de la audiencia de presentación del imputado, que la Jueza A quo señaló los elementos de convicción con los cuales negó la solicitud planteada por la defensa técnica de los encausados, toda vez que da por demostrado los supuestos de hecho o condiciones exigidas por el legislador para poder decretar la medida restrictiva de libertad; asimismo, consideró la Juzgadora de Primera Instancia al momento de dictar su decisión que, el delito calificado por el Ministerio Publico, prevé una sanción la cual de resultar culpable, amerita Medida Privativa de Libertad. Por tanto considera esta Alzada, que el fallo de la Jueza de Primera Instancia, se fundamentó en el artículo 250, en concordancia con el artículo 251 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, relacionado a la existencia de un hecho punible merecedor de una pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; fundados elementos de convicción para estimar que los imputados han sido autores o participes en la comisión del hecho punible imputado por la vindicta pública y una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad.
En relación a la existencia del peligro de fuga y de obstaculización de la investigación, ha constatado esta Alzada, que la Medida Privativa de Libertad fue decretada a los encartados de autos, una vez que la Jueza A quo tomó en consideración que:
“…SEGUNDO: Conforme al artículo 250 orindla (Sic) 2° del Código Orgánico procesal Penal, considera este Tribunal que existen elementos de convicción que hacen presumir que los ciudadanos imputados, podrían llegar a ser autores o partícipes de los hechos atribuidos, dichos elementos son: Acta policial suscrita por funcionarios adscritos al Instituto autónomo de Policía Municipal de Maneiro de fecha 13-10-2009; Acta de lectura de los derechos del imputado; Actas de entrevista suscrita por las ciudadanas IDENTIDADES OMITIDAS, de fecha 30-10-209, respectivamente; Evaluación Psicológica realizada a la víctima, Inspección Técnica con Fijación Fotográfica de fecha 30-10-09 Reconocimiento Legal de fecha 31-10-2009, suscrita por funcionario del Departamento de Ciencias Forenses adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, oficio N° 1975 del 31-10-2009 emitido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, donde se señala los registros policiales que presentan los referidos imputados de autos. TERCERO: Considera quien aquí decide que existe peligro de fuga y la obstaculización en la búsqueda de la verdad, amparado al parágrafo primero del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; por todo lo antes expuesto lo procedentes decretar una MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 250, Ordinales 1, 2 y 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en el Internado Judicial de esta región insular…”,
Se colige entonces, que en el presente asunto penal, se cumplen con todos los presupuestos previstos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal, para que sea posible el decreto de la Medida Privativa de Libertad apelada, estando razonadas y fundamentadas las circunstancias que le llevaron a la Jueza de Primera Instancia a dictar la medida cuestionada existiendo en criterio de esta Corte, la motivación y fundamentación adecuada, por ello, esta Superioridad Penal no comparte el criterio esgrimido por la defensa técnica, en cuanto a que no se configura el real peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, por lo cual se imponía el otorgamiento de una medida menos gravosa que la privación de libertad a sus defendidos.
De lo anteriormente trascrito, se evidencia que de haber alguna violación de derechos a los imputados de autos, la misma cesó desde el momento en que su Juez Natural les dictó Medida Judicial Privativa de Libertad; asimismo se debe destacar que con respecto al principio de presunción de inocencia, y derecho a la libertad personal, este Tribunal Colegiado considera que si bien es cierto que tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como el Código Orgánico Procesal Penal, establecen como Principios y Garantías Constitucionales, los antes mencionados, no es menos cierto que tales derechos aun cuando son la regla, tienen su excepción, establecidas en el propio Dispositivo Constitucional como en la Normativa Legal; en consecuencia nuestra Carta Magna, en su Artículo 44, Numeral 1, establece lo siguiente:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1° Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. …”Omissis… “… Será juzgada en Libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso. …”…Omissis…
Y en este orden de ideas reza el Artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“Estado de libertad. Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código. La privación de libertad es una medida cautelar, que sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso…”.Omissis…
En correspondencia al derecho fundamental de presunción de inocencia, el mismo esta supeditado al propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada. El artículo 49, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece “Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario”. De esta manera, el constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Sin embargo, este es un derecho iuris tántum, que implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario y rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el imputado en esa condición durante toda la tramitación del proceso, hasta que se dicte la sentencia definitiva. De igual forma, se ha dicho que ésta se mantiene vigente en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como consecuencia de la investigación llevada a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla.
No obstante el desarrollo del derecho fundamental a la presunción de inocencia, es pertinente hacer algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, como todo derecho tiene un doble carácter, que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento Constitucional.
Por otro lado, no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares de coerción personal -como la medida privativa preventiva de libertad-, sin que ello signifique su afectación, porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho investigado y, en algunos casos son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de racionabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también, con que dicho derecho incorpora una presunción relativa y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria. ASÍ SE DECIDE.
Considera esta Corte, y así lo da por demostrado que el Tribunal Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, desarrolló una conducta acorde, no siendo su decisión desproporcionada, toda vez que el mismo fundamentó su dictamen en las normas jurídicas aplicables para el caso in comento, cumpliendo con lo establecido en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, al establecer una sucinta enunciación de los hechos, así como el basamento legal con que decretó la Medida de Privación de Libertad, cumpliendo con lo establecido en el articulo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, no siendo procedente en criterio de este Órgano Colegiado la aplicación de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad a los imputados máxime cuando nos encontramos, en la etapa inicial del proceso y lo que se pretende impugnar es la decisión dictada durante la celebración de la audiencia oral de presentación de imputados, en la que la Vindicta Pública, cuenta con un lapso relativamente corto, para presentar los elementos de convicción, bien sea para inculpar como para exculpar a los encausados; por lo que este Tribunal Colegiado estima ajustada a derecho la actuación de la Jueza A quo, en tal sentido, considera que la decisión emanada de la referida audiencia se encuentra debidamente motivada, cumpliendo con las formalidades esenciales de un pronunciamiento.
Con base a las anteriores consideraciones, esta Corte de Apelaciones estima procedente declarar SIN LUGAR el presente recurso de apelación, al haberse demostrado cumplido los requisitos establecidos en el artículo 250, para que proceda la Medida Judicial Privativa de Libertad, y no haberse evidenciado violación a derecho Constitucional alguno. Quedando así confirmada la decisión impugnada. ASÍ SE DECIDE
DECISIÓN
.Por los cimientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: SIN LUGAR, EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el Abogado CARLOS LUÍS MOYA GÓMEZ, Defensor Público Penal Quinto de la circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en su condición de Defensor de los imputados ERICK JOSE LOZADA y NICOLAS FERNANDO ESTRADA, Ut Supra identificados, contra la decisión dictada por el Tribunal de Control N° 03 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en fecha 02 de noviembre de 2009, mediante la cual se decretó Medida Judicial Privativa de Libertad; al haberse demostrado cumplido los requisitos establecidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión del Tribunal A quo. ASÍ SE DECLARA.
Regístrese, publíquese en el Libro Diario, déjese copia en la Sala de la Corte de Apelaciones de la presente decisión y remítase el presente asunto al Tribunal de origen.
Notifíquese a las partes, de conformidad con el Artículo 175 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal y trasládese a los encausados para imponerlo de la decisión dictada por esta Alzada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, al tres (03) días del mes de diciembre del dos mil nueve (2009). 199° años de la Independencia y 150° años de la Federación.
LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES
JUAN ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Juez Integrante Presidente de Sala (Ponente)
EDGAR FUENMAYOR DE LA TORRE
Juez Integrante de Sala
PETRA MARCANO DE CERRADA
Juez Integrante Suplente de Sala
LA SECRETARIA
AB. MIREISI MATA LEÓN
Asunto N° OP01-R-2009-000147
11:55 AM
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