TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO N° 02 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
LA ASUNCION

La Asunción, 27 de mayo de 2008
197º y 148º

Asunto N° OP01-P-2008-000926
ACUSADOS: JESUS ARMANDO GARCIA MORENO, venezolano, natural de Maturín, estado Monagas, nacido en fecha 18 de agosto de 1979, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.279.030, de oficio mecánico, con residencia en La Guardia, Sector El Bolsillo, casa s/n de color azul, Municipio Díaz del estado Nueva Esparta.
OSCAR XAVIER BRAVO ORTIZ, venezolano, natural de Maracay, estado Aragua, nacido en fecha 27 de diciembre de 1988, titular de la Cédula de Identidad N° V-22.652.158, con residencia en la Calle Luis Castro, casa s/n, de color rosado, al frente de la Panadería Licho, Sector Punda, Porlamar, estado Nueva Esparta.

DEFENSA PUBLIC PENAL: Dr. CARLOS LUIS MOYA GOMEZ.

DECISIÓN: NEGATIVA DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD.

Visto el escrito presentado por el DR. CARLOS LUIS MOYA GOMEZ, actuando con el carácter acreditado en autos de una Medida de Cautelar Sustitutiva de Libertad, a favor de los acusados de autos: JESUS ARMANDO GARCIA MORENO y OSCAR XAVIER BRAVO ORTIZ, ya identificados, este Tribunal para decidir OBSERVA:

En fecha doce (12) de marzo de dos mil ocho (2008), compareció el Fiscal Tercero Auxiliar del Ministerio Público, DR. JUAN CARLOS RANGEL, por ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 02 de éste Estado, con la finalidad presentar a los ciudadanos: OSCAR XAVIER BRAVO ORTIZ y JESUS ARMANDO GARCIA MORENO, en calidad de detenidos, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en contra de quien el Tribunal de Guardia, ya señalado, en la audiencia oral de presentación, Decretó La Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del referido imputado, al considerar que se encontraban llenos los extremos del Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus tres ordinales, dado los requisitos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se decretó la detención Flagrante, y en consecuencia, se acordó proseguir el procedimiento especial de Flagrancia, de conformidad con el artículo 374 del Código Orgánico Procesal Penal, remitiendo las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente.

Recibidas las actuaciones, en el Tribunal de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal, se realizó el trámite legal correspondiente, y se fijó el acto de la audiencia oral y pública, para el día 16 de abril de 2008.

En fecha Once (11) de abril de dos mil ocho (2008), el representante del Ministerio Público, consignó el escrito contentivo de Acusación Fiscal en contra de los acusados JESUS ARMANDO GARCIA MORENO y OSCAR XAVIER BRAVO ORTIZ, ya identificados, por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal.

La defensa en su escrito que corre a los autos que conforman la presente causa, alega que la medida de privación judicial preventiva de libertad, decretada por el Tribunal de Control Nº 04 vulnera principios básicos del sistema procesal penal garantista, referido específicamente a la Presunción de Inocencia y Afirmación de Libertad contenidos en los artículo y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no se encuentran acreditados concurrentemente todos los supuestos de procedencia que contempla el Artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos tanto al peligro de fuga como el de obstaculización de la investigación. Igualmente alega la defensa, que el Fiscal del Ministerio Público, presentó la acusación fiscal fuera del lapso previsto en la norma, en consecuencia, solicita una medida cautelar sustitutiva de libertad, de conformidad con el sexto aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

Considera esta juzgadora que uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano, es la libertad personal, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, en esa misma normativa constitucional se observa dentro de esa dinámica, de manera excepcional, en los casos en que ha de producirse la detención y como quiera que también en el texto se establece el juzgamiento en libertad, el esquema legal ha de perfilar esa directriz, de tal modo que una persona detenida para que pueda recuperar su libertad, es necesario que desaparezcan las circunstancias especiales que dieron lugar a la detención, tales como lo son la proporcionalidad y necesidad, para que se pueda mantener o no la medida reclusoria.

El Código Orgánico Procesal Penal, aun cuando su tendencia es favorecer la regla de la libertad, sin embargo, establece dos (02) medidas para garantizar el enjuiciamiento, tales como la Privación Judicial Preventiva de libertad y las medidas sustitutivas que van desde un arresto domiciliario hasta la prohibición de comunicación con personas, pero particularmente en nuestra Ley Adjetiva Penal, se establecen cuatro cánones que son considerados por la doctrina como principios fundamentales para interpretar estas medidas, los cuales son: El juzgamiento en libertad, La proporcionalidad de la medida a imponer, la cual siempre tiene que mirar al tipo de delito y la pena aplicable, La transitoriedad de la medida a imponer, y las limitaciones que impiden declarar la detención preventiva ante situaciones como la enfermedad grave, el embarazo en su ultimo lapso y la situación de lactancia, casos en los cuales deben dictarse obligatoriamente medidas sustitutivas.

Ahora bien al analizar los fundamentos que la defensa explana en su escrito, este Tribunal considera lo siguientes:

Dentro de las funciones que tiene la Juez de Control, así como el juez de juicio, en el proceso penal, una vez que el Ministerio Público presenta a un detenido, por la comisión de un hecho punible, es evaluar si concurren o no, la existencia de los tres (03) presupuestos o requisitos, exigidos en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado, atribuible al imputado, en razón a que existen elementos suficientes de convicción y que además no existan el riesgo procesal en razón de la posibilidad de la fuga, tal como lo establece el artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, que trae una serie de indicadores o indicios que hace que tales situaciones o de peligro, tanto de carácter objetivo (relativas al hecho que se investiga) como subjetivos (relacionadas con el imputado), de las cuales se pueda inferir el riesgo de que se vea frustrada la justicia.

Ahora bien, conforma a los elementos que se encuentran agregados a los autos, resulta improcedente en el presente caso, sustituir la medida de privación preventiva de libertad, por una menos gravosa, dado que la pena asignada al hecho punible investigado en el presente proceso como el ROBO AGRAVADO, previsto en el artículo 458 del Código Penal, que el fiscal estableció como precepto jurídico aplicable en su escrito de acusación, observa este Tribunal el mismo conforme al tipo penal tiene asignada una pena en su límite superior es de ocho (08) años de prisión, considera este Tribunal que existe peligro de fuga, por la pena que podría llegar a imponerse y por la conducta predelictual de los acusados, conforme a los registros policiales, que constan agregados a las actas procesales, todo de conformidad con los ordinales 3° y 4º artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la privación de libertad es la única medida cautelar suficiente, en este caso, para asegurar la finalidad del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 243, en su único aparte, del mencionado Código Orgánico Procesal Penal.

En conclusión, considera quien aquí decide, después de haber realizado un análisis y estudio de las actuaciones que conforman el presente expediente, que surge la necesidad de asegurar la presencia procesal del imputado, a los fines de cumplir los objetivos del proceso penal, como los es la realización de la justicia y la búsqueda de la verdad, de conformidad con el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, en el presente proceso, y en consecuencia, se aprecia que se mantienen inmutables los elementos que dieron lugar a la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los acusados arriba mencionados, al considerar que se cometió un hecho punible, como lo es el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, que se desprende de las actas que presentó el fiscal del Ministerio Público. y en consecuencia NIEGA sustituir dicha medida por una menos gravosa, ya que no se encuentran dadas las circunstancias para su sustitución. Y ASÍ SE DECLARA.

Observa este tribunal que los acusados de autos fueron detenidos en fecha DOCE (12) de marzo de dos mil ocho (2008) y en fecha once (11) de abril de dos mil ocho (2008) presentó escrito contentivo de Acto Conclusivo consistente en Acusación Fiscal en contra de los mencionados acusados, que al efectuar el cómputo de los días calendarios los mismos, transcurrieron treinta (30) días contínuos, en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho, en el presente caso, es mantener la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, declarando sin lugar la solicitud de la defensa. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 02 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA, acuerda mantener la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los acusados: JESUS ARMANDO GARCIA MORENO, venezolano, natural de Maturín, estado Monagas, nacido en fecha 18 de agosto de 1979, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.279.030, de oficio mecánico, con residencia en La Guardia, Sector El Bolsillo, casa s/n de color azul, Municipio Díaz del estado Nueva Esparta; y OSCAR XAVIER BRAVO ORTIZ, venezolano, natural de Maracay, estado Aragua, nacido en fecha 27 de diciembre de 1988, titular de la Cédula de Identidad N° V-22.652.158, con residencia en la Calle Luis Castro, casa s/n, de color rosado, al frente de la Panadería Licho, Sector Punda, Porlamar, estado Nueva Esparta, y en consecuencia NIEGA SUSTITUIR DICHA MEDIDA POR UNA MENOS GRAVOSA, de conformidad con los Artículo 250 y 251 ordinal 3° y 4°, en relación con el Artículo 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes del presente auto.
LA JUEZA DE JUICIO Nº 02

DRA. MARIA CAROLINA ZAMBRANO HURTADO
EL SECRETARIO

Abog. REINALDO REYES

ASUNTO N° OP01-P-2008-000926