REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
EXP. N°. 10215-08
Consta de las actas que conforman el presente expediente que los ciudadanos RAFAEL JOSÉ PÉREZ CARDONA e ISABEL TRINIDAD VILLARROEL SALAZAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 12.676.504 y 14.543.886, respectivamente y debidamente asistidos por la abogada DIANY ALFONZO LÓPEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 130.001 interpusieron en fecha 14-04-08 por ante este Tribunal, solicitud de SEPARACIÓN DE CUERPOS.
Alegan los solicitantes que en fecha 19-05-98 contrajeron matrimonio civil por ante la Prefectura del Municipio García de este Estado, asimismo alegan que en dicho matrimonio habían procreado dos hijos que llevan por nombre ISCAR MARICLER PÉREZ VILLARROEL y ANRAIBEL ISKEL PÉREZ VILLARROEL, nacidas en la ciudad de Porlamar en fechas 26 de junio de 1.999 y 18 de marzo de 2002, respectivamente; alegan además que establecieron su último domicilio conyugal en la Urbanización Vicente Fuentes, vereda Nro. 2, casa Nro. 6, El Guamache, Municipio Autónomo Villalba de este Estado, asimismo alegan que de su unión conyugal sólo existía como activo un bien inmueble constituido por una casa; asimismo alegan que su unión conyugal durante los primeros tiempos había sido armoniosa y feliz, pero últimamente había estado llena de dificultades insuperables por lo que de mutuo y amistoso acuerdo habían decidido separarse de cuerpos y bienes, razón por la cual solicitan sea decretado el divorcio de acuerdo con los artículos 189 y 190 del Código Civil Vigente.
En fecha 15-04-08 (vuelto del folio 6) se recibió la demanda conjuntamente con sus recaudos, dándosele entrada a la misma en esta misma fecha (folio 7).
Siendo la oportunidad para decidir se hace bajo los siguientes términos:
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 46 del 08/03/2007 (Expediente N° AA10-L-2006-000144 nomenclatura exclusiva de la Sala Plena del TSJ) con Ponencia del magistrado de la Sala Electoral, Fernando Ramón Vegas Torrealba, señaló en cuanto a la competencia para conocer las demandas en las cuales se encuentren involucrados derechos o intereses de niños y adolescentes, lo siguiente:
“…Una vez declarado lo anterior, pasa esta Sala a establecer el tribunal competente para decidir la pretensión formulada por la parte demandante y, en este sentido, observa que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 03, se declaró incompetente para el conocimiento de la presente causa y planteó conflicto negativo de competencia, sobre la base de que la Sala de Casación Social, mediante decisión número 70, de fecha 26 de julio de 2001, estableció que el conocimiento de las demandas de liquidación y partición de la comunidad concubinaria, “…aunque se expusiera la existencia de un menor de edad hijo de la solicitante con el demandado…” corresponde a los tribunales con competencia en materia civil.
Ahora bien, se observa del escrito de la parte accionante, que la pretensión deducida es de contenido declarativo, a los fines de que sea reconocida su condición de concubina y el derecho a suceder del ciudadano Alirio Ramón Pérez (fallecido), quien, en opinión de la accionante, conformó una comunidad concubinaria de bienes de la cual afirma tener derecho.
Por ello, el referido tribunal erró al calificar la pretensión esgrimida como una demanda de liquidación y partición de comunidad concubinaria, por cuanto dicha pretensión implicaría una demanda contra la otra parte integrante de la comunidad concubinaria, en este caso el ciudadano Alirio Ramón Pérez (Fallecido). Sin embargo, se observa que la parte accionante expresamente establece como sujeto pasivo de su pretensión a los ciudadanos Mauricio José Pérez Velásquez, Mervin Pérez Molina y Marlinda Pérez Molina, quienes son cualificados en el presente proceso como hijos del aludido ciudadano e integrantes de la sucesión, de lo cual, de primer momento se podría deducir que la competencia para decidir la presente causa le corresponde a los tribunales con competencia en lo civil, conforme al procedimiento ordinario.
Sin embargo, cursa en los folios cincuenta y tres (53) y cincuenta y cuatro (54) de la primera pieza del expediente, diligencia de fecha 13 de julio de 2005, suscrita por la ciudadana Yolanda Graciela Pérez, titular de la cédula de identidad número 5.776.472, actuando en representación de su menor hijo, Napoleón Jesús Pérez Pérez, titular de la cédula de identidad número 19.212.045, ambos actuando con la condición de concubina e hijo, respectivamente, asistidos por la abogada Rosa Chacín, mediante la cual solicitaron la declinatoria de competencia de la presente causa a los juzgados con competencia en materia de protección del niño y del adolescente, esgrimiendo como fundamento, la condición de menor de edad del ciudadano Napoleón Jesús Pérez Pérez, así como la copia fotostática, contentiva del Acta de Reconocimiento como hijo del ciudadano Alirio Ramón Pérez (fallecido) al referido menor de edad, expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia Coquivacoa, de la Alcaldía de Maracaibo, Estado Zulia. Lo anterior, es reafirmado por el ciudadano José Alirio Pérez Molina, mediante diligencia de fecha 11 de julio de 2005, actuando en condición de codemandado, quien solicitó la declinatoria de competencia a un tribunal con competencia en protección del niño y del adolescente, en razón de que el ciudadano Napoleón Jesús Pérez Pérez, antes identificado, por ser hijo del causante, es integrante de la comunidad sucesoral.
Por lo cual, es evidente que el menor de edad reconocido por el causante, conjuntamente con el resto de los integrantes de la comunidad sucesoral, forma parte de un litisconsorcio pasivo necesario, acorde con lo previsto en el literal a), del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, al estar integrado por un menor de edad el sujeto pasivo de la pretensión, existe un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes, y de conformidad con el literal c) del parágrafo segundo, del artículo 177 de la Ley que rige la materia, corresponde a las Salas de Juicio con competencia en materia de Protección de Niños y Adolescentes, el conocimiento en primer grado de jurisdicción de las demandas incoadas en contra de niños y adolescentes. Tal afirmación, es confirmada mediante decisión de esta Sala número 33, del 24 octubre de 2001 y ampliada en sentencia número 44 del 16 de noviembre de 2006, en las cuales se determinó que los procesos en los que un menor de edad sea el sujeto activo o pasivo de la pretensión, o parte integrante de la misma, el conocimiento corresponde a los tribunales con competencia en materia de protección de niños y adolescentes.
En consecuencia, corresponde el conocimiento de la presente causa, al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio, Juez Unipersonal N° 03. Así se decide…”
Resulta claro según el extracto trascrito en aquellos casos en los que aparezca involucrado un menor de edad como sujeto pasivo de la pretensión, existe un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes, y de conformidad con el literal c) del parágrafo segundo, del artículo 177 de la Ley que rige la materia, la competencia en primer grado le corresponderá en forma única y excluyente a las Salas de Juicio con competencia en materia de Protección del Niño y Adolescente.
También reseña el precitado fallo que en aplicación de la decisión emanada de la misma Sala Plena identificada con el número 33, del 24 octubre de 2001 y ampliada en sentencia número 44 del 16 de noviembre de 2006, todos los procesos en los que un menor de edad sea con el carácter de sujeto activo o sujeto pasivo de la pretensión, o como parte integrante de la misma se encuentre involucrado el conocimiento corresponde a los tribunales con competencia en materia de protección del niño y del adolescente.
En el caso estudiado, se extrae que los ciudadanos alegaron en la solicitud de Separación de Cuerpos que durante su unión conyugal procrearon dos niños que llevan por nombre ISCAR MARICLER PÉREZ VILLARROEL y ANRAIBEL ISKEL PÉREZ VILLARROEL, quienes nacieron en la ciudad de Porlamar, en fechas 26 de junio de 1.999 y 18 de marzo de 2002, tal y como lo refleja en las partidas de nacimiento que cursan a los folios 04 y 05, lo cual genera que en vista del fuero atrayente que recae sobre la jurisdicción especial de Protección del Niño y del Adolescente, con fundamento en la sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 08-03-07 la cual fue parcialmente trascrita en este fallo y al parágrafo 2do ordinal a) del artículo 177 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, este Juzgado sea incompetente para resolver o dirimir la presente solicitud por cuanto la misma es de la competencia exclusiva de la jurisdicción especial de Protección del Niño y del Adolescente.
Es por ello, que atendiendo al denominado principio del “interés superior del niño y del adolescente” previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y garantizado además, por la ley aprobatoria de la convención Interamericana sobre Derechos del Niño ratificada por Venezuela, así como también, al principio del Juez natural contemplado en el artículo 49 del texto fundamental, en virtud de la existencia de un fuero atrayente de la jurisdicción especial de protección de niños y adolescentes la competencia para conocer de esta solicitud de Separación de Cuerpos formulada por los ciudadanos RAFAEL JOSÉ PÉREZ CARDONA e ISABEL TRINIDAD VILLARROEL SALAZAR, en donde se manifiesta que durante la unión conyugal fueron concebidos dos niños, le corresponde a la Jurisdicción especial de Protección del Niño y del adolescente y no a la ordinaria.
Bajo las anteriores circunstancias y con fundamento en el particular primero del artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente se concluye ante el evidente interés que tienen los mencionados menores en las resultas de esta solicitud de Separación de Cuerpos, este Juzgado se considera incompetente para conocer de la presente causa y declina la competencia al Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Sala única de Juicio a los efectos de que continúe con su tramitación.. Y ASÍ SE DECIDE.
II.-DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de este Estado, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara incompetente para conocer y decidir la presente solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes que siguen los ciudadanos RAFAEL JOSÉ PÉREZ CARDONA e ISABEL TRINIDAD VILLARROEL SALAZAR, en consecuencia DECLINA SU COMPETENCIA, en el Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente de este Estado, a los fines que siga conociendo del presente asunto.
Se deja expresa constancia de que a partir de la publicación de la presente decisión, las partes tienen un plazo de cinco (05) días de despacho para solicitar la Regulación de Competencia, vencido el cual, sin que hayan solicitado dicha regulación, la presente decisión quedará firme y se remitirá el expediente al Juzgado que ha sido declarado competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
De igual forma se deja constancia, que de solicitarse la regulación de la competencia, este Tribunal procederá conforme a lo previsto en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, ordenará remitir las copias certificadas de la solicitud al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Menores de este Estado, y continuará el curso del presente proceso, pero absteniéndose de decidir sobre el fondo de la causa mientras no se dicte la sentencia que regule la competencia.
PUBLIQUESE y REGISTRESE.
Dada, firmada y sellada, en la Sala del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la Asunción, a los Veintidos (22) días del mes de abril de Dos Mil Ocho (2008). Años 197° y 148°
LA JUEZA,
Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.-
LA SECRETARIA,
Abg. CECILIA FAGUNDEZ
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión.-
LA SECRETARIA
Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-
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