Circuito Judicial Penal Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta Tribunal de Ejecución Sección Adolescentes La Asunción, 08 de abril 2008 197º y 149º Visto el escrito presentado por la Defensora Pública N° 03, Dra. Geisha Camacaro; especializada en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, mediante el cual pide a este despacho judicial el cese de la sanción impuesta a su representado (IDENTIDAD OMITIDA)en la presente causa por imposible cumplimiento, con motivo de estar cumpliendo una sanción privativa de libertad en el asunto llevado por este Tribunal bajo el N° OP01-P-2006-004916, encontrándose cumpliendo la misma en el Internado Judicial de la Región Insular “San Antonio”. Vistas las anteriores actuaciones y de la revisión efectuada en el Libro de Entrada y Salida de Causas y Asuntos llevado por este Despacho se pudo constatar que cursan Asuntos signado con el N° OP01-P-2006-004415 seguido al adolescente IDENTIDAD OMITIDA; así mismo que cursa Asunto N° OP01-P-2008.004916, seguido al mismo adolescente; y de la revisión de las actas que conforman los mismos se distingue que por el primero de los nombrados el adolescente IDENTIDAD OMITIDA se encuentra sometido al cumplimiento de la sanción de Libertad Asistida y por el segundo de los señalados se encuentra Privado de Libertad; en consecuencia este Tribunal para a revisar los anunciados expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 646 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que le da la Competencia al Juez de Ejecución de controlar el cumplimiento de las medidas impuestas al adolescente, de resolver las cuestiones o incidencias que se susciten durante la ejecución y para controlar el cumplimiento de los objetivos fijados por esta Ley; Así como lo establecido en el artículo 647 literal “a” Ejusdem, que establece las funciones y atribuciones del Juez de Ejecución en la ejecución de las medidas, previamente observa: Primero: Efectivamente en los archivos de este Tribunal, reposa asunto N° OP01-P-2008.004916 seguido al adolescente Jesús Gabriel Mata García, en donde el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 02 de esta Sección, declaró culpable al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de Robo Agravado, sancionándole a cumplir el lapso de Dos (02) años y Seis (06) Meses, con la medida de Privación de Libertad, en el Centro de Internamiento para Varones Los Cocos. Este Tribunal ordena de conformidad a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se expida por secretaria copia certificada de la aludida sentencia inserta a los folios 115 al 121 de la primera pieza expediente, así como copia certificada del Auto de Ejecución, inserto a los folios 145 y 147 de la misma pieza y se consignen a las actas del presente expediente, ello con el propósito de que al ser traídos a los autos del presente expediente, además que este Tribunal garantice una justicia idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, conforme así mismo lo prevé el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sirvan como argumento de lo que aquí se decide. Segundo: En la causa que hoy nos ocupa bajo el Asunto N° OP01-P-2006-004415, seguida al adolescente IDENTIDAD OMITIDA y objeto de la presente decisión, se desprende que el adolescente se encuentra sancionado con la medida de LIBERTAD ASISTIDA, prevista en el artículo 626 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual debe cumplir por el lapso de Cuatro (04) Meses, con la obligación de asistir cada 25 días ante los profesionales del Centro de Atención Comunitaria Porlamar. . Tercero: Ahora bien, tenemos que al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en el Asunto N° OP01-P-2008.004916 le fue impuesta la sanción de Privación de Libertad, por la comisión del delito de Homicidio Intencional Simple, por el lapso de Dos (02) años y Seis (06) Meses, entendiéndose por privación de libertad, conforme a las Reglas de Riyadh II, Alcance IV ordinal 10 literal b: “Toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en otro establecimiento público o privado, del que no se permita al menor salir a su antojo, ordenado por cualquier autoridad judicial, administrativa u autoridad pública”. Así mismo el adolescente sometido a esta medida durante el tiempo de cumplimiento de la sanción impuesta debe recibir; orientación y asistencia de profesionales que contribuyan al mejoramiento de su desarrollo integral, personalidad, tales como educadores, trabajadores sociales y psiquiatras. Y de conformidad con lo establecido en el artículo 633 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la ejecución de las medidas privativas de libertad, se realizarán mediante un plan individual, basado en el estudio de los factores y carencias que incidieron en su conducta y se establecerán metas concretas, estrategias idóneas para fortalecer sus potencialidades y suplir o manjar sus deficiencias, además de lapsos para cumplirlas con la participación del adolescente. Todo ello comporta que la medida de privación de libertad es la medida de mayor envergadura de nuestro sistema y entendida como un medio para lograr por una parte la concientización y reinserción en la sociedad del adolescente infractor incurso en delitos de mayor significación social y por la otra que de alguna manera ayuda a la contención y disminución del fenómeno criminal Partiendo de todo lo destacado se observa así mismo que el sancionado le fue impuesta con anterioridad la sanción de: “Libertad Asistida”, consiste en la obligación de someterse a la supervisión, asistencia y orientación de una persona capacitada designada para hacer el seguimiento del caso Sanción para ser cumplida en Libertad. Es necesario destacar que las sanciones de Privación de Libertad y de Reglas de Conducta, fueron impuestas proporcionales al hecho, al modo de vida del sancionado, conforme al desarrollo y evolución del sancionado y que pretenden determinar a través de las distintas alternativas que ofrece el régimen Sancionatorio, la imposición de una sanción sin perjuicio a los derechos y garantías de los jóvenes sometidos a la justicia penal juvenil, y de tal forma asegurar un comportamiento adecuado para el desenvolvimiento posterior del adolescente en el medio social; pero distintas en cuanto al modo de cumplimiento y ejecución. De manera que se ha hecho la introducción de estas sanciones de modo que se ventile a través de la citada explicación la imposibilidad por parte del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, de cumplir con las mismas. Toda vez que la sanción de Privación de Libertad, y por la cual se encuentra actualmente detenido en el Internado Judicial de la Región Insular; así como la sanción de Reglas de Conducta, según la naturaleza de cada una de ellas como se señaló anteriormente son distintas al modo, tiempo y lugar de cumplimiento, aún cuando estén intrínsicamente unidas conforme al sentido pedagógico de las sanciones, al fin y propósito perseguido por el legislador, que no es otro, que educativo y el lograr el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente, la adecuada convivencia con su familia y con su entorno social, reinsertándolo nuevamente en la sociedad, como un Ciudadano útil, no pueden ser cumplidas de manera simultanea. Los artículos 646 y 647 de la Ley Especial in comento entre otras cosas señalan: “… el Juez de Ejecución es el encargado de controlar el cumplimiento de las medidas impuestas al adolescente y tiene competencia para resolver las cuestiones e incidencias que se susciten durante la ejecución y para controlar los objetivos fijados por esta Ley. Igualmente de revisarlas para modificarlas o sustituirlas por otras menos gravosas, cuando no cumplan con los objetivos para los que fueron impuestas o por ser contrarias al proceso de desarrollo del adolescente y podrá igualmente el juez ejecutor decretar la cesación de las mismas” Indicándose en su literal “h”. La atribución de: “Decretar la cesación de la medida” La Dra. María Gracia Morais, se refiere al papel del juez de ejecución y expresa: “La intervención del Juez de Ejecución es corolario del principio de humanización de la sanción y una consecuencia del principio de la legalidad de la misma y de su ejecución. Por consiguiente con la intervención del Juez se asegurara el cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la ejecución y en consecuencia, la observancia del respeto debido a los derechos e intereses legítimos de los adolescentes…”. Puede este decisor entonces conforme a las consideraciones precedentes determinar que en el presente caso la sanción impuesta al adolescente Jesús IDENTIDAD OMITIDA, de Reglas de Conducta, no debe quedarse anclada al transcurso del lapso en ellas establecidos, y de hacerlo se destinaría al adolescente al cumplimiento de una sancion “ad infinitum”, y no debemos olvidar que lo mas importante es lograr la finalidad educativa de esta medida. En tal sentido este Tribunal de conformidad, con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y a los principios básicos de derecho penal sustantivo, infiere que por ser la sanción de Privación de Libertad, la medida mas grave impuesta al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, la cual debe afrontar por el lapso de Dos (02) años y Seis (06) Meses, en contraposición al lapso impuesto en la citada sanción para ser cumplidas en libertad por un lapso de Cuatro (04) Meses, se conciben la nombrada como de imposible cumplimiento por parte del adolescente y ejecución en forma simultanea debido a la naturaleza de cada una para un mismo momento, tomando en consideración el control, cumplimiento y los objetivos atribuidos para cada una de ellas; aunado a ello en el cumplimiento de la sanción privativa de libertad el adolescente de marras, deberá alcanzar los propósitos y metas que debía cumplir con la sanción no privativa, siendo la sanción de privación de libertad como se ha expresado anteriormente la de mayor entidad; por tanto lo procedente en el presente caso es; decretar la cesación de la sanción de Libertad Asistida, de conformidad con lo establecido en el literal “h” del artículo 647 de la citada Ley Especial y no debe entenderse como impunidad la cesación de la sanción no privativa de libertad, siendo que el Derecho Penal Juvenil, es un modo de regular la vida de estos jóvenes para conllevarlos a vivir una vida ciudadana sin estigmatizaciones severas que se producían por la larga estadía de éstos en los procesos como en el antiguo régimen tutelar, el cual colocaba sanciones “ad infinitum”, y que en el presente caso se lograra la finalidad de la medida con la privación de libertad. Así se decide. Cuarto: Por cuanto el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, se encuentra detenido en el Internado Judicial de la Región Insular, a la orden de este despacho, se ordena su traslado a la sede de este despacho para el día, lunes 14 de abril de 2008 a las 10:00 horas de la mañana, a objeto de imponerlo de la presente decisión. Ofíciese a la Dirección del Internado solicitando el mismo. EN CONSECUENCIA ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, de conformidad con lo establecido en los artículos 646 y 647 literal “h” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, declara con lugar la solicitud de la Defensora Pública N° 03 y DECRETA LA CESACION DE LA SANCION IMPUESTA DE LIBERTAD ASITSIDA AL ADOLESCENTE IDENTIDAD OMITIDA, POR IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO. 2.- Notifíquese a la Fiscal Séptima del Ministerio Público y la Defensa Pública N° 03. Ofíciese conforme a la decisión dictada. Regístrese. Diarícese. Déjese copia del presente auto. Cúmplase. LA JUEZ DE EJECUCION, Dra. Isabel Asunta Pannaci LA SECRETARIA, Abg. Zaida Montilva Flores En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto oque antecede. LA SECRETARIA, Abg. Zaida Montilva Flores Asunto N° OP01-P-2006-004415 IAP/ Beatriz Peñaranda (Asistente)