TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario
de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.-
Años 196° y 147°

I. IDENTIFICACION DE LAS PARTES:
I.A) PARTE QUERELLANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL A.B.C., C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en fecha 17-7-1998, bajo el N° 39, Tomo 41-A.
I.B) APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE QUERELLANTE: MANUEL E. CAMEJO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 37.697.
I.C) PARTE QUERELLADA: Prof. NANCY MENDOZA, en su carácter de Directora de la ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.

II. BREVE RESEÑA DEL PROCESO:
En fecha veinticuatro (24) de Mayo de 2005, fue presentada para su distribución pretensión de Amparo Constitucional, por las ciudadanas MARIA CRISTINA LATAS DURAN y MARGARITA LATAS MARTINEZ, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, y titulares de las cédulas de identidad Nos. 9.421.401 y 8.382.120, respectivamente, en su carácter de Presidente y Vicepresidenta de la sociedad mercantil INSTITUTO EDUCACIONAL A.B.C., C.A., asistidas por el abogado MANUEL E. CAMEJO, contra la Prof. NANCY MENDOZA, en su carácter de Directora de la Zona Educativa de este Estado, todos precedentemente identificados.
Distribuida la referida pretensión mediante el sorteo correspondiente, la misma fue asignada al azar a este Tribunal, y en fecha 27 de Mayo de 2005, se exhortó a las solicitantes a corregir la solicitud; y una vez cumplida como fue la exigencia del Tribunal, en fecha 03 de Junio de 2005, se le dio entrada.
El día 07 de Junio de 2005, las solicitantes otorgan poder apud-acta al abogado MANUEL CAMEJO, ya identificado.
Posteriormente, en fecha 20 de Julio de 2005, la parte querellante asistidas por su apoderado, consignan escrito de reforma de la pretensión de amparo, constante de once (11) folios útiles y diez (10) anexos.
En fecha 25 de Julio de 2005, se admite dicha reforma.
El 24 de Noviembre de 2005, el apoderado de la parte accionante, solicita se practiquen las notificaciones ordenadas en el auto de admisión.

III. FUNDAMENTO DE LA DECISION.-
De lo anteriormente expuesto, se evidencia que el INSTITUTO EDUCACIONAL, A.B.C., C.A., parte querellante en este proceso, perdió interés en impulsar la pretensión de amparo interpuesta, abandonando su trámite, con lo cual consintió tácitamente en la trasgresión del derecho constitucional denunciado como violado, con el transcurso de los seis (06) meses a que alude el numeral 4° del artículo 6, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 982 de fecha 06.06.2001 (caso: José Vicente Arenas Cáceres) estableció con carácter vinculante la siguiente doctrina:
“De conformidad con lo expuesto la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la practica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del tramite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara” (subrayado de la Sala)
En cuanto a los efectos en el tiempo de dicha decisión, la Sala precisó:
“…por tratarse de que la presente es una doctrina que ahora se declara por vez primera por este Tribunal Supremo de Justicia, en salvaguarda de los intereses de quienes tienen causas de amparo pendientes ante esta Sala y ante, otros tribunales constitucionales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando por ultimo, la confianza legítima que tienen éstos en la estabilidad de las decisiones judiciales, la Sala ORDENA la publicación de la presente decisión en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y no aplicará – ni lo hará ningún tribunal del país – este criterio a las causas que se encuentran paralizadas en las circunstancias expuestas en el presente fallo sino transcurridos treinta (30) días contados a partir de dicha publicación – en aplicación analógica del lapso previsto en el artículo 267.1 del Código de Procedimiento Civil – para que, dentro de ese lapso, las partes actoras puedan desvirtuar la presunción de abandono que, hasta ahora, revela su inactividad. Así se declara”.
La publicación de la sentencia parcialmente copiada fue insertada en la Gaceta Oficial N° 37.252 de fecha 02.08.2001.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Juzgado declara el abandono del trámite correspondiente a la presente pretensión de amparo constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia terminado el procedimiento. Y ASI SE DECIDE.-
Conforme a lo establecido en el artículo 25 la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se impone a la parte actora una multa de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) pagaderos a favor de la Tesorería Nacional, en las oficinas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. La sancionada deberá acreditar el pago mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Se aplica la presente multa en su límite máximo por cuanto este Juzgado estima que esta acción entorpece las labores ordinarias del Tribunal con instauración de acciones que resultan subsiguientemente abandonadas, lo cual obliga que la atención se destine a ellas sin lograr la tutela urgente constitucional que reclaman, en razón de la indiferencia de la querellante.

IV. DECISION
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, actuando en sede constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
Primero. TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por abandono del trámite correspondiente a la pretensión de amparo constitucional ejercida por la sociedad mercantil INSTITUTO EDUCACIONAL, A.B.C., C.A. contra la Prof. NANCY MENDOZA, en su carácter de Directora de la ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
Segundo: SE IMPONE a la parte actora UNA MULTA DE CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) pagaderos a favor de la Tesorería Nacional, en las Oficinas del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. La sancionada deberá acreditar el pago de la multa, mediante la consignación en autos del comprobante correspondiente dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
Notifíquese a las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos del recurso de apelación establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese, diarícese y déjese copia. Líbrense las respectivas boletas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la ciudad de La Asunción, a los dos (02) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.