REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

Asunto N° OP01-R-2006-000027.
Ponente: JUAN ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES



PENADA: LUZ MARI FLORES CONTRERAS, Nacionalidad venezolana, natural de Cúcuta-Colombia, divorciada, conserje, titular de la Cédula N° 10.801.12, residenciada en calle Churuata, Vía el Agua, casa S/N, color Blanco y Rosado, Acarigua, Municipio Antolín Del Campo del estado Nueva Esparta.

REPRESENTANTE DE LA DEFENSA: ASTRID FIGUEROA GARZÓN, venezolana, mayor de edad, abogada, Defensora Privada, de este domicilio.

REPRESENTANTE DE FISCALÍA: NORELIS ROMERO DE MARCANO, Fiscal Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.


ANTECEDENTES


En fecha seis (06) de febrero de 2006, se recibe constante de veinte (20) folios útiles, asunto contentivo de Recurso de Revisión de Sentencia condenatoria interpuesto por la Juez Primera Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, en el Asunto N° OP01-R-2006-000027 instruido contra la penada LUZ MARI FLORES CONTRERAS, a quien se le sigue Proceso Penal por la Comisión del Delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.
Según Listado de Distribución llevado por Sistema de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos le correspondió el conocimiento de la presente, al ponente N° 01 de este Despacho Judicial, quien para la fecha se encontraba dirigido por la Juez Suplente Especial Dra. Victoria Milagros Acevedo Gómez por vacaciones legales de quien suscribe la actual decisión JUAN ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, tal como consta al folio veintiuno (21) de las respectivas actuaciones.

En fecha veintitrés (23) de febrero del año 2006, se admite cuanto ha lugar en derecho, el Recurso de Revisión, conforme con lo dispuesto en el primer aparte del Artículo 455, en concordancia con los artículos 470 numeral 6° y 474 todos del Código Adjetivo Penal. Asímismo, se acordó fijar el acto de la Audiencia Oral y Pública, para el martes siete (07) de marzo del presente año. Notificándose a las partes sobre el auto acordado. (Folio 23 del cuaderno de incidencia).

En data ocho (8) de marzo del año que transcurre, este Despacho Judicial Colegiado dicta un auto de mera sustanciación difiriendo la audiencia oral y pública, para el día martes veintiuno (21) de marzo del año 2006. Obviando la boleta de traslado debido a que el defensor del penado de auto, consigno la dirección procesal de su defendido, por estar la misma tiene asignado un local Ad-Hoc por razones de salud.

En fecha cuatro (04) de abril del año que transcurre, esta Alzada difiere el acto de Audiencia Oral y Pública, para el día jueves veinte (20) de abril del presente año, por no efectuarse el traslado de la penada de autos.

En fecha veinte (20) de abril del año que discurre, esta Corte difiere el acto de Audiencia Oral y Pública, para el día miércoles tres (03) de mayo del presente año, por no efectuarse el traslado de la penada de autos y por la no comparecencia de la abogada Defensora Privada ASTRID FIGUEROA GARZÓN.

En data tres (03) de mayo del presente año se llevó a efecto como estaba acordado, la Audiencia Oral y Pública, asistiendo a la misma, previa boleta de traslado de la penada LUZ MARI FLORES CONTRERAS, la Defensora Privada AB. ASTRID FIGUEROA GARZÓN y no compareció en representante de la Fiscalía del Ministerio Público.
En fin la Sala, una vez revisadas y analizadas las actas procesales que contiene el asunto N° OP01-R-2006-000014, antes de decidir, hace las siguientes consideraciones:

DE LA RECLAMACIÓN DE LA JUEZ PRIMERA ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

En el presente asunto, la Juez Primera Itinerante de Primera Instancia en funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, interpone Recurso de Revisión a través de escrito que da inicio al presente asunto, contra la sentencia condenatoria firme, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal, en fecha 28 de marzo de 2003 y que el presente recurso sea revisado, se dicte Sentencia conforme a la nueva Ley, y en consecuencia, se rebaje la Pena impuesta, todo de conformidad con el ordinal 6° del artículo 470, en relación al contenido del primer aparte del artículo 473 y del 475 todos del Código Orgánico Procesal Penal.


DE LA PROVIDENCIA (SENTENCIA) RECURRIDA


En mandamiento judicial de fecha veintiocho (28) marzo de 2003, el Tribunal de la recurrida, expresó entre otras cosas:

“…Sometidas las muestras decomisadas a experticia química, se determinó que la sustancia correspondía a Clorhidrato de Cocaína, con un peso neto de doscientos gramos con seiscientos ochenta (200,680) miligramos…
CONDENA a la ciudadana LUZ MARI FLORES CONTRERAS…a cumplir la pena de diez (10) años de prisión mas las accesorias de Ley, por encontrarla culpable y penalmente responsable de la comisión del delito de ocultamiento de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano…”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR


En primer lugar, este Tribunal Colegiado considera necesario resolver la competitividad para conocer de la solicitud del Recurso de Revisión interpuesto por la Defensa recurrente, de conformidad con lo establecido en los artículos 470 y 471 ordinal 1° del Código Adjetivo Penal.

Sobre este particular, el Código Orgánico Procesal Penal refiere específicamente lo siguiente:
“Artículo 470.Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes:
…omissis…
6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida.”
“Artículo 473. Competencia…
En los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible…”

De la trascripción anterior, se deduce, que este Tribunal Colegiado es competente para revisar la sentencia condenatoria definitivamente firme dado los argumentos del solicitante que colige esta Alzada, tienen fundamento en la puesta en vigencia de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en Gaceta Oficial N° 38.287, de fecha 05 de octubre de 2005, derogando la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de fecha 30 de septiembre de 1993.
Indiquemos ahora otro aspecto fundamental, referido a la irretroactividad de la Ley, con ocasión del petitorio de la solicitante.
El principio internacional mediante el cual se soluciona el contexto del rosario de leyes penales en el tiempo, es el principio de irretroactividad de la ley, el cual se explica, de forma genérica, en que la ley penal no puede ser aplicada a hechos anteriores a su promulgación, todo lo cual se concreta en la máxima tempus regit actum.

En el ordenamiento jurídico venezolano, el principio de irretroactividad de la ley penal se encuentra consagrado, en primer lugar, en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala:

“Artículo 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron.
Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea.”

El aludido principio puede extraerse de los artículos 1 y 2 del Código Penal vigente, los cuales rezan de la siguiente forma:

“Artículo 1. Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente.
Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.”
“Artículo 2. Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”

La ristra de leyes en el espacio se inclina a la idea de que el Derecho Penal debe atender al amparo de los bienes jurídicos esenciales de la colectividad, y para cumplir cabal y efectivamente tal cometido, aquél debe desenvolverse a la par de la sociedad en la cual el mismo expande su reglamento, lo que implica necesariamente que sus normas deban ser sustituidas, a los efectos de adaptarlas al contexto histórico y social en el que deban ser aplicadas.

Ahora bien, este principio de la irretroactividad de la ley penal no es imperioso, ya que el mismo admite una excepción, la cual viene dada cuando la nueva ley penal que reemplaza a la primera, es más benévola que esta última. Ante dicho supuesto, y tal como se desprende del artículo 24 de la Carta Fundamental y de los artículos 1 y 2 del Código Penal vigente, será plausible aplicar retroactivamente la nueva ley aun cuando los hechos hayan acaecido antes de su vigencia.

Tal regulación se encuentra igualmente contenida en Instrumentos Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, específicamente la establecida en la disposición novena de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificada por Venezuela el 14 de julio de 1977 según Gaceta Oficial N° 31.256 y que contempla el llamado “PRINCIPO DE RETROACTIVIDAD” que regula la situación en la que “… con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

El anotado principio de retroactividad se encuentra equivalentemente previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978 según Gaceta Oficial N° 2.146 y que resulta de obligatorio cumplimiento al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de aplicación inmediata y directa por los Tribunales de Justicia, por mandato expreso del artículo 23 del Texto Fundamental.

De esta manera y siendo que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha promulgado una ley penal que disminuye la pena establecida para el delito por el cual fue condenada la ciudadana LUZ MARI FLORES CONTRERAS, lo conducente y ajustado a derecho en el caso sub examine es proceder a la rebaja de la pena correspondiente.

Fijado lo anterior, debe afirmarse que la sucesión de leyes objeto de análisis en el presente asunto, es la referida a la derogatoria de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por parte de la Ley Contra El Tráfico y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
En el caso bajo análisis, los hechos ocurrieron durante la vigencia de la primera, a saber, en el año 2003, y es el caso que la representación del Ministerio Público interpuso acusación contra la actual penada de autos en la Audiencia Oral y Pública (Debate Oral y Público), en fecha veintitrés (28) de marzo de 2003, etapa en la cual estaba vigente la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imputándole la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la señalada Ley (Hoy derogada), la cual consagró la pena en dos límites -Prisión de diez (10) a veinte (20) años-

A su vez, el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El Tráfico y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas también establece el delito de ocultamiento, y dispone lo siguiente:

“Artículo 31. El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, será penado con prisión de ocho a diez años….(Subrayado y resaltado de la Corte)

De las anteriores transcripciones legales se evidencia que, la estructura típica del delito es igual en ambos textos normativos, a saber, tanto su tipo objetivo (bien jurídico tutelado, la conducta típica y los sujetos) como su tipo subjetivo (se trata de un tipo doloso); más no así como la penalidad correspondiente, la primera refiere Prisión de diez (10) a veinte (20) años y la segunda reseña Prisión de ocho (08) a diez (10) años, siendo el quantum de la misma diferencial en ambas preceptos legales, debido a que en la Ley Orgánica actual, establece un quantum de pena para aquellas personas que oculten por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, será penado con prisión de ocho (08) a diez (10) años, e inexcusablemente es donde se ciñe la conducta de la penada LUZ MARI FLORES CONTRERAS.

Por último, la naturaleza del delito en ambas preceptos es igual, es decir, en ambas leyes se trata de un delito contra la colectividad.

Para concluir, a juicio de esta Corte, la revisión interpuesta por la recurrente debe ser declarada con lugar, por cuanto la reciente Ley Orgánica Contra El Tráfico y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, consagra en su artículo 31, en su encabezamiento, una pena asentada en dos límites de ocho (08) a diez (10) años de Prisión.

Por ello, sobre la base de lo estatuido en la norma fundamental del artículo 24 del Texto Constitucional que consagra el principio de irretroactividad de la Ley, arriba descrito, la penada de autos fue condenada a cumplir la pena de diez (10) años de prisión, más las accesorias de Ley establecidas en el artículo 16 de la Ley Sustantiva Penal, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal.

Ahora bien, con la vigencia de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se establece un tipología penal, bajo la cual subsumen los hechos que fueron debatidos y enjuiciados en el asunto que nos ocupa, como es el caso de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, contemplado en el artículo 31, en su encabezamiento de la Ley en alusión.

En tal sentido, la defensa técnica en la audiencia oral y pública, requirió que una vez revisada la sentencia condenatoria firme que pesa sobre su patrocinada, sea dictada Sentencia donde se disminuya la pena, tomando como base fundamental el límite inferior que establece la disposición contenida en el encabezamiento del artículo 31 de Ley Orgánica referida.

El delito indicado al penado JAIME GUTIERREZ LUGO, en la forma en que quedaron establecidos, analizados y concordados los hechos con los medios de probatorios por el Tribunal fue el de Transporte de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (anteriormente artículo 34 de la derogada Ley), que tiene una penalidad entre OCHO (8) a DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, cuyo término medio a tenor de lo consagrado en el articulo 37 del Código Penal, es de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN. Ahora bien, cabe precisar que la cantidad decomisada a la penada de autos, fue de Clorhidrato de Cocaína, con un peso neto de doscientos (200) gramos con seiscientos ochenta (680) miligramos, es superior a la contemplada como límite máximo en el aparte segundo del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que corresponde aplicar la pena prevista en su encabezamiento. De otro lado, tomando en consideración que en la sentencia recurrida fue rebajada la pena hasta el límite inferior, en razón de ello, la pena a aplicarse a LUZ MARI FLORES CONTRERAS, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, queda establecida en OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN quedándole igual las penas y mandamientos accesorios proferidos por la Juez de Instancia. ASÍ SE DECIDE.

DECISIÓN

Por las introspecciones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en nombre de la República bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, conforme a lo previsto en los artículos 24 de la Carta Fundamental, 471.1, 473 y 474 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, hace los siguientes fijaciones:

PRIMERO: Declara CON LUGAR el Recurso de Revisión de Sentencia interpuesto por la Juez Itinerante Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal de esta Entidad Federal, a favor de la penada LUZ MARI FLORES CONTRERAS, contra la sentencia emitida en fecha 28 de marzo de 2003, por el Tribunal de Juicio N° 02 del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, que la condenó a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

SEGUNDO: Modifica el quantum de la pena impuesta a LUZ MARI FLORES CONTRERAS y se le CONDENA a cumplir la pena de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, quedándole igual las penas y mandamientos accesorios proferidos por la Juez de Instancia. ASÍ SE DECLARA.

Regístrese en el Libro Diario, publíquese, déjese copia en la Sala de la Corte de Apelaciones de la presente decisión y remítase el presente asunto al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, a través de la Oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal.

Notifíquese a las partes, de conformidad con el Artículo 175 único aparte del Código Orgánico Procesal Penal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil seis (2006). Años 196° y 147° de la Independencia y de la Federación respectivamente.

LOS JUECES DE LA CORTE DE APELACIONES


JUAN ALBERTO GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Juez Miembro Titular Presidente de Sala (Ponente)



CRISTINA AGOSTINI CANCINO.
Juez Miembro Titular


DELVALLE M. CERRONE MORALES.
Juez Miembro Titular



LA SECRETARIA (S)


AB. SEIMA FLORES CHONA



Asunto N° OP01-R-2006-000027