La Asunción, 11 de Mayo de 2006.
195° y 147°
Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nro.- 01 de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, emitir la publicación de la Sentencia por Admisión de los Hechos de fecha 11 de Mayo del año 2006, en la presente causa conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 583, 604 y 605 segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo dispuesto artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente tal como lo ordena el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
PUNTO UNICO
El artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, norma rectora de la institución de la Admisión de los Hechos en nuestro Derecho Penal Juvenil contempla, que esta figura procede en la audiencia preliminar, es decir, ante el Juez de Control al cual le ha sido atribuido y de forma excepcional, toda vez que es al Juez de Juicio a quién por excelencia le corresponde la actividad de juzgar y en consecuencia determinar la inocencia o culpabilidad de la persona acusada. No obstante el legislador estableció en aras de depurar los proceso y solo llevar a juicio los casos realmente relevantes para ahorrarle a la justicia costos, tiempo y en definitiva hacer de la justicia penal, mediante estas figuras alternativas un proceso más rápido y así cumplir con la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de nuestra Carta Magna y así mismo una recompensa para aquéllos acusados que acogiéndose al procedimiento por Admisión de los Hechos, dándole al juez la facultad mediante la discrecionalidad reglada, de rebajar la sanción de un tercio a la mitad, considerando la magnitud del delito y el arrepentimiento del acusado.
Corolario de lo anterior. Vistas las actas que integran el presente expediente, se puede apreciar lo siguiente:
I
DE LOS HECHOS
La ciudadana Fiscal Séptima (e) del Ministerio Público Dra. Sikiu Angulo de Silla con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, acusó formalmente en Audiencia Preliminar a la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, venezolana, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, donde nació en fecha xx de marzo de xxxxx, de 15 años de edad, cédula de identidad sin tramitar, hija de la ciudadana IDENTIDAD OMITIDA, residenciada OMITIDA, jurisdicción del Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, por considerarla responsable de la comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal y como sanción la siguiente: Libertad Asistida, por el lapso de UN AÑO Y SEIS MESES.
Los hechos ocurrieron en horas de la tarde del día 05/05/2005 la adolescente en la calle San Nicolás con Luis Castro de Porlamar del Estado Nueva Esparta, mediante violencias y amenazas contra la integridad física despojó a la ciudadana Del Valle Salazar Gómez, de una cartera contentiva de objetos y documentos personales, logrando ser detenida en virtud de la acción desplegada por la victima conjuntamente con funcionarios adscritos a la Base Operacional Nro. 10 de la Policía del Estado Nueva Esparta, quienes recuperaron las pertenencias de la referida ciudadana.
La Defensa Pública Dra. MARIA D. ORTIZ LOPEZ, solicito: “Oída la exposición del adolescente en la cual manifiesta haber participado en los hechos, por lo que lo acusa la vindicta pública y vista la admisión de los hechos realizada por mi defendida, la cual se desprende del contenido de su declaración solicito muy respetuosamente de este Tribunal que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, aplique de inmediato la sanción correspondiente, tomando como pauta para su aplicación, lo contenido en el articulo 622 “EJUSDEM” así como la rebaja a la mitad y dispuesta por el legislador para el procedimiento por admisión de los hechos, así mismo le sean revocadas las medidas cautelares que pesan sobre mi defendida.
Así una vez impuesta la acusada, por este por el Tribunal de los derechos y garantías, libres de todo apremio, juramento y coacción, manifestó lo siguiente, cito: “YO VENÍA BAJNDO DE UIN ATOBUS Y LA SEÑORA ESTABA PARADA ALLI CON SU CARTERA Y YO SI SE LA QUITE Y SALI COORIENDO, LA GUARDE UN SOLAR Y CUANDO SALI ME AGARRO LAPOLICIA Y LA SEÑORA Y YO LOS LLEVEÉ HASTA DONDE YO HABIA ESCONDICDO LA CARTETA, ADMITO LOS HECHOS YO SI LO HICE”.
Una vez admitidos los hechos por parte del acusado de marras, la defensa pública de autos, requirió la aplicación de la sanción en forma inmediata tal como lo prevé el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando como base las pautas contenidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente así como la rebaja correspondiente.
II
DE LA ADMIISÓN DE LOS HECHOS
Vista la acusación presentada por la Vindicta Pública de autos, la cual fue ADMITIDA TOTALMENTE, en cuanto a la calificación jurídica atribuida para el acusado plenamente identificado, se procedió a calificarlos como ROBO GENERICO previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal. Toda vez que en horas de la tarde del día 05/05/2005,la adolescente en la calle San Nicolás con Luis Castro de Porlamar del Estado Nueva Esparta, mediante violencias y amenazas contra la integridad física despojó a la ciudadana Del Valle Salazar Gómez, de una cartera contentiva de objetos y documentos personales, logrando ser detenida en virtud de la acción desplegada por la victima conjuntamente con funcionarios adscritos a la Base Operacional Nro. 10 de la Policía del Estado Nueva Esparta, quienes recuperaron las pertenencias de la referida ciudadana.
Establecidos así los hechos, tenemos que el acusado antes identificado, procedió en la Audiencia Preliminar a admitir los hechos antes descritos; en tal sentido este juzgador ordenó analizar la procedibilidad del referido proceso especial, estableciéndose a criterio de este juzgador que dicha institución, es un asunto propio del acusado en este caso y de su defensor, sustrayendo así la gran esfera discrecional del Ministerio Público, lo cual conmina al decisor a verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 2.1) Voluntariedad en la declaración, dada y comprobada en el desarrollo de la audiencia por cuanto se les exhorto del contenido de esta forma de fórmula de solución anticipada del proceso, explicándoles las consecuencias que de ello deriva y siendo interrogada por este Tribunal si no recibió ninguna presión, amenaza o promesa ilícita para que reconociera los hechos plasmados en el libelo acusatorio de la Fiscalia y habiendo manifestado ésta, de manera negativa, se entendió en consecuencia que su declaración y el reconocimiento de los hechos fue libre y voluntaria. 2.2) Comprensión de la Declaración, en iguales circunstancias que el punto anterior este Tribunal garantizando los principios, derechos y garantías de este proceso especial, preguntó al acusado sí entendía lo expresado por el Tribunal y si comprendía la sanción y sus consecuencias y lo más importante, que esta adolescente comprendiera que la admisión de los hechos, engloba la renuncia de los derechos y garantías constitucionales y legales, a lo que respondieron afirmativamente. 2.3) Exactitud de su Declaración, la mismo señaló en su declaración que los hechos descritos por la Fiscal del Ministerio Público eran ciertos, que lo realizó en un momento de inconciencia, de inmadurez y que está arrepentido de los mismos. De tal manera que la admisión fue exacta con respecto a los hechos acusados y señalados por la fiscalía.
Requisitos estos debidamente analizados y cumplidos tal como se refleja en el acta de Audiencia de Juicio antes indicada, lo cual conllevó a este decisor a la plena convicción que la Admisión de los Hechos, fue voluntaria, exacta y comprendida por parte del acusado de marras, trayendo consigo la imposición de la sanción inmediata.
III
DEL DERECHO
Observa este Tribunal que el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforma uno de los Procedimientos Especiales en donde el acusado renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la auto incriminación compulsoria, su derecho a juicio y derecho a carearse con sus acusadores, renuncia esta voluntaria garantizada no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificados por la República; a razón del Principio de la Economía Procesal, la cual evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso.
En doctrina estos Procedimientos Especiales, también pueden percibirse como reales alternativas procesales que permitan la resolución más efectiva y expedita de los conflictos de naturaleza penal, de forma que podríamos decir que ellos procuran abreviar y simplificar el procedimiento ordinario, para la autora María Trinidad Silva (p.186/Cuartas Jornadas UCAB) “… expresa que los procedimientos especiales se nos presentan como útiles medios procesales, que nos permiten adaptar y allanar el proceso penal…”.
Corolario de lo anterior, verificada la admisión de los hechos conlleva en definitiva a simplificar el proceso penal de modo tal que, le ahorra al Estado costos y tiempo para abonarlos a otros procesos para su adecuada respuesta. De hecho la finalidad del proceso penal, es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal destacándose que el Juez debe atender a esta finalidad para la toma de su decisión.
En consecuencia debe el juez para juzgar, tomar en cuenta los nuevos principios que orientan y facilitan el acto de sentenciar, los cuales y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y vigente, nos encontramos con el artículo 26 del texto indicado y adminiculado con el artículo 2 “ejusdem”, los cuales imponen al Juez amplios, reales y efectivos poderes para dirigir el proceso en forma eficaz, pero con un sólo objetivo y tal como lo expresa Italo Cañas Rivera: “… la solución de conflictos con vista al caso concreto tomando en cuenta la verdad verdadera y dentro de los principios de congruencia, igualdad, equidad, buena fé, y sin permitirle quedarse sólo en los límites de la consideración de aspectos formales, por eso la constitución es determinante al establecer que el Estado garantiza una justicia sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles…”.
Sentado lo anterior, este decisor discurre, que ciertamente el principio de la legalidad adjetiva, nos conmina a ceñirnos por las normas procedimentales contenidas en el Ordenamiento Jurídico; no obstante existen exclusiones al principio de la legalidad, cuando el mismo legislador autorizó en el artículo 257 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que el aplicador de la ley para la realización de la justicia, debe no sacrificarla por los excesos de formalismo; así las leyes procesales establecerán simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites adoptando un procedimiento breve y oral; ello comporta el Principio de Celeridad Procesal el cual, sirve de objetivo como un ente acelerador de lograr una decisión de manera rápida y oportuna la cual revestida de justicia y equidad, beneficiara a todos, es decir, al Estado, a la sociedad y al condenado.
En este mismo orden de ideas, la figura de la Admisión de los Hechos, en donde el imputado o acusado puede consentir libre de todo apremio y coacción de solicitarle al Juez la no culminación de todos los pasos de la fase del proceso, admitiendo de manera clara, precisa y voluntaria los hechos imputados por el Ministerio Público. La respuesta procesal dada por el legislador penal venezolano, a este procedimiento especial está basado, precisamente en uno de los criterios acogidos por los sistemas modernos del derecho procesal penal, denominados “persecución selectiva”, los cuales han generado respuestas procesales ante la necesidad del estado de no sobrecargarse de trabajo, por cuanto ha comportado dilaciones indebidas que han conllevado a sentir, que el estado es impune ante los delitos, que no resuelve, que no da respuesta.
Ante esta circunstancia, contempló mecanismos de simplificación procesal para arribar a la sentencia, los llamados procesos monitorios por el autor Binder, en donde la idea básica consiste en que, sí el acusado admitió los hechos y además ha manifestado su consentimiento para la realización de este tipo de procedimiento, SE PUEDA PRESCINDIR DE TODA LA FORMALIDAD DEL DEBATE Y DICTARSE SENTENCIA DE UN MODO SIMPLIFICADO.
Bajo estas mismas razones el legislador Penal Juvenil Venezolano y el de adultos también, estableció que estos procesos especiales también eliminan posibilidades de estigmatización, discriminación e institucionalización, que significan siempre someterse a un proceso penal, evitando así llevar sólo a juicio los casos graves y relevantes.
En base a ello, no debe obviarse el cumplimiento de las garantías que asisten a todo sometido a un proceso penal y pretender burlarlas, en ocasión de la aplicación a ultranza de estos medios de simplificación del proceso, de hecho el legislador les dio pautas para su aplicación, destacándose para la Admisión de los Hechos, que el acusado debe entender el alcance de la acusación fiscal y que la admisión de los hechos engloba la renuncia de unos derechos, entre los cuales está el derecho a un juicio oral y en nuestro caso privado; en virtud de ello consagra el artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que el acusado debe ser informado de manera clara y precisa tanto por el órgano investigador como por el tribunal, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, y del contenido(destacado propio).
Esto previene una garantía que caracteriza nuestro Derecho penal juvenil, a razón del sujeto a quien es dirigido, del contenido del acta de juicio oral y privado que este Juez decisor en estricto apego de la garantía del Juicio educativo, preguntó a la adolescente sí entendía los hechos que la Fiscal del Ministerio Público presentó y por los cuales formuló la acusación admitida por este Tribunal Unipersonal encuadrándolos dentro del tipo penal ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el Artículo 455 del Código Penal.
IV
CONDUCTA ANTIJURIDICA
Al realizarse un análisis y estudio exhaustivo de los hechos admitidos por los acusados antes identificados, se evidencia que efectivamente el tipo penal solicitado por la Vindicta Pública de autos, encuadrara los hechos donde resultó acusada la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, TIPIFICADO COMO Robo Genérico, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal.
Los supuestos de hecho de la norma señalada encuadran dentro de la conducta desplegada por la adolescente de marras, y considerando el iter/criminis o trayectoria del comportamiento criminal, el comportamiento o acción desarrollada por la adolescente, la cual bajo la antigua tesis del apoderamiento en los delitos contra la propiedad, en donde no se configurado el perfeccionamiento o momento consumativo de estos delitos, cuando el sujeto activo del hecho punible se ha aprovechado de la cosa hurtado o robada. Tesis esta que en recientes jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de forma sostenida, se ha establecido todo lo contrario vale decir, que no vasta que el agente del delito se apodere y aproveche de la cosa hurtada, sino que el solo hecho de haberle arrebató el objeto a la víctima aunque sea por breves instantes, constituye el perfeccionamiento del delito y en consecuencia no puede sostenerse la frustración o tentativa. Así entonces el delito cometido por el adolescente y la admisión de los hechos que el mismo efectuase tal como se desprende anteriormente, conlleva a determinar que el delito de Robo Genérico, se ha consumado. (Sentencias de la Sala de Casación Penal, decisión Nro.-460 de fecha 24.11.2004 y decisión Nro.- 0348/2004).
En consecuencia establecidos estos hechos, dentro de la norma jurídica encontramos ciertamente que, con lo antes expuesto y basándose en las reglas del derecho penal, que existe la comisión de un hecho punible y consecuentemente la responsabilidad penal del acusado antes identificado, en el hecho ilícito antes descrito y analizado.
V
SANCION APLICABLE
En consecuencia cumplidos como han sido los requisitos para la procedencia de la Admisión de los Hechos este Tribunal admite el mismo y procede a dictar la sanción, la cual vista y estudiadas las circunstancias del artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en consideración a las pautas para determinar las mismas no puede obviar este juzgador que ciertamente estamos en presencia de una adolescente, que requiere intervención de conducta, con familia desestructurada, reincidente sin duda realizar determinadas actividades que permitan un patrón de vida, un patrón de conducta.
Debe destacarse también, que de conformidad con lo establecido en el artículo 629 de la Ley Especial que el objetivo primordial tanto para la imposición de las sanciones como para su cumplimiento, consiste en lograr que los sometidos al Sistema Penal que nos ocupa puedan lograr un equilibrio entre sus derechos y el de las demás personas, a través de la convivencia familiar, social y cultural y que esta sea de forma sana, de forma positiva para el bienestar no sólo del sometido si no de los que le rodean; por ello es que la LIBERTAD ASISTIDA preceptuada en el artículo 626 de la citada Ley Especial, motivado al contenido de los informes psicológico y psiquiátrico cursante a los folios 110, 111 y 112; si bien es cierto el artículo 570 literal g “ibidem” obliga al Ministerio Público a especificar la sanción definitiva que este considere así como el plazo de cumplimiento; no es menos cierto que la determinación de la sanción está a cargo del Juez decisor quien debe obligatoriamente examinar las pautas para la determinación y aplicación de las medidas contenidas en el artículo 620, tomando como directriz lo contenido en el artículo 622 “ejusdem; el cual establece motivos penales y extra-penales que deben ser examinados por el juez siempre y cuando no le agrave la condición al acusado más allá que la que el Ministerio Público en ejercicio del Principio de Oficialidad ha requerido. La adolescente necesita apoyo y orientación más allá del ámbito familiar, requiere entonces la medida de Libertad Asistida contenida en el artículo 626 “ejusdem”, la cual se desarrollará con el apoyo y la supervisión asistencia y orientación de técnicos capacitados, como el psicólogo, el psiquiatra y el trabajador social, quienes van a intervenir en la vida de esta adolescente tomando en cuenta las carencias afectivas y emocionales que le afectan, a los fines de dotarla de herramientas idóneas que le permitan un mejor desarrollo emocional y psicológico, para atender la vida ciudadana. Por estas razones este decisor considera necesarias proporcional y pertinente la imposición de la sanción de LIBERTAD ASISTIDA por el lapso de un (01) año, siendo la rebaja de la sanción discrecional, toda vez que el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente señala que el juez podrá, este vocablo definitivamente dota al juez del poder de determinar de acuerdo a su libre arbitrio en armonía con las pautas del artículo 622 “ejusdem” de disminuir o no la sanción solicitada; en este sentido tratese de una adolescente producto de una familia patológica con reincidencia delictiva, analfabeta, rebelde lo cual requiere sin duda una sanción que le permita superar todos los factores de riesgo que circundan su mundo familiar y social para poder encaminarlo en la vida del respeto de los derechos humanos de él mismo y de las demás personas de allí que el tiempo de un año se considera racional y proporcional al hecho atribuido y en la respectiva publicación de la sentencia se ampliara las razones que tuvo este juzgador para no rebajar la sanción solicitada por el Ministerio Público. Sanción esta que deberá cumplir el adolescente ante el departamento de Consulta Externa del Instituto de Atención al Menor del Estado Nueva Esparta ubicado en la ciudad de Porlamar. Así se decide.-
VI
DISPOSITIVA
Con fuerza en la motivación precedente, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE ME CONFIERE LA LEY se hace en los siguientes términos: AUTORIDAD QUE ME CONFIERE LA LEY se hace en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara penalmente responsable a la adolescente IDENTIDAD OMITIDA, antes plenamente identificado, por la comisión del delito de ROBOP GENERICO previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal. SEGUNDO: Se impone la sanción de LIBERTAD ASISTIDA POR UN PERIODO DE UN AÑO. Sanción esta que deberá cumplir la adolescente ante el departamento de Consulta Externa del Instituto de Atención al Menor del Estado Nueva Esparta ubicado en la ciudad de Porlamar. TERCERO: Se revoca la Medida Cautelar impuesta por este Tribunal, la cual consistía en presentaciones ante la oficina de alguacilazgo cada ocho (08) días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 578 literal c) de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide. En esta misma fecha se publicó la presente sentencia siendo las 2:30 horas de la tarde, a los 195° años de la Federación y 147° de la Independencia.
LA JUEZ DE CONTROL NRO.-O1
Dra. Cristell Erler Navarro
LA SECRETARIA,
Abg. Cristina Narváez Naar
En esta misma fecha, se publicó la sentencia a las 2.30 horas de la a tarde del día de hoy.
LA SECRETARIA,
Abg. Cristina Narváez Naar.
Asunto: OP01-P-2005-002214
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