REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
196º y 147º
Suben las presentes actuaciones a este juzgado superior en virtud del recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 19.03.2003 (f. 165) por el abogado en ejercicio Carlos Briceño Peña, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.156, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), domiciliado en la población de Robledal, Municipio Península de Macanao de este Estado, parte demandada, contra la decisión proferida por la Jueza Unipersonal N° 1 de la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial en fecha 12.03.2003, que declaró sin lugar la solicitud de nulidad de contrato de venta incoada por el mencionado ciudadano contra las ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), respectivamente, domiciliadas en la población de Robledal, Municipio Península de Macanao del Estado Nueva Esparta y las adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), en el expediente N° 2938/02, nomenclatura de ese tribunal.
Se recibe el día 02.04.2003, mediante oficio N° 794/03 de fecha 24.03.2003, constante de 169 folios útiles, el expediente N° 2939/02, procedente del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Sala Única de Juicio, Jueza Unipersonal Nº 1, y de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil se fija el acto de informes para el vigésimo día de despacho siguiente a esa fecha.
En fecha 09.04.2003, (f.172) mediante diligencia la abogada Marlyn Carreño, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 64.592, en su condición de apoderada judicial de la parte demandada, solicita copias certificadas de la sentencia dictada por el tribunal de la causa en fecha 12-03-2003, las cuales fueron acordadas mediante auto dictado por este tribunal en fecha 10.04.2003 (f. 173) y en fecha 15.04.2003, (f.175) suscribe diligencia el apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual solicita al tribunal subsane la omisión contenida en el auto de admisión de la presente causa la cual se debe regir de conformidad con la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la cual establece que el juzgado superior debe fijar el día y la hora para la formalización del recurso de apelación, pronunciamiento que fue emitido en fecha 09.06.2003 (f. 178) revocándose por contrario imperio de conformidad con el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, el auto dictado el día 02.04.2003, y fijándose el quinto (5to) día de despacho siguiente a esa fecha para la formalización del recurso de apelación de conformidad con el artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
En fecha 29.04.2003 (f.176) se recibió Oficio Nº 10366-03, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, mediante el cual solicita se le informe sobre el estado en que se encuentra la presente causa.
Mediante diligencia de fecha 07.05.2003, (f.177) el apoderado judicial de la parte actora solicita al tribunal se pronuncie en base a la solicitud de fecha 15.04.2003.
Formalización del recurso
En fecha 16.06.2003 (f. 179 al 184) oportunidad fijada para la formalización del recurso de apelación, compareció el abogado Carlos Briceño, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.156, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), parte actora; asimismo comparece el abogado Cruz Carreño, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 42.736, actuando en su carácter de apoderado judicial de las ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), parte demandada.
En el acto oral de formalización el apelante expresó, como se desprende del acta en la cual se recogió su exposición oral, lo siguiente:
“…Comparezco en la oportunidad de formalizar el recurso de apelación conforme a lo dispuesto por el artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; (…) como punto previo de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, solicito respetuosamente a esta superioridad que declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva de fecha 12 de marzo de 2003 dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de este Estado, Sala de Juicio Única, Juez Unipersonal Nº 1, la cual textualmente dice en su dispositivo: “Declara sin lugar la presente solicitud de nulidad de contrato de venta incoado por el ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA)...(omissis)... y en consecuencia declara que la venta realizada entre las partes es perfecta”.
La sentencia apelada esta infectada, con el vicio conocido procesalmente como incongruencia negativa, por cuanto la misma viola flagrantemente lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra que: “Toda sentencia debe contener: …5º.Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida...”.
En este sentido el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, mediante fallo de fecha 22 de febrero de 2001, dictaminó lo siguiente: “…no cumple el tribunal con el principio de exhaustividad e incurre en el vicio de incongruencia, cuando no resuelve sobre lo alegado y sobre todo lo alegado en el libelo...(omissis)... en tal sentido, esta Sala ratificando los criterios supra transcritos indica, que para no incurrir en vicio de incongruencia negativa, el juez deberá conectar la pretensión del actor... para así llegar a una sentencia congruente” (…) (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Oscar Pierre Tapia. Volumen II; Tomo II; febrero de 2001; paginas 671 ss).
Observe que la demanda intentada por mi representada lo es primeramente por nulidad de venta por simulación absoluta; y en segundo lugar como pretensión acumulada ex artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, por nulidad de venta por dolo, (vicio del consentimiento); y dice textualmente la demanda en el folio 8 que: “..En el supuesto de ser rechazada la pretensión anterior de nulidad por simulación absoluta, asimismo demandamos a dichas ciudadanas, en los términos siguientes: ...”.
Es decir, que el Juez a-quo debía necesariamente decidir primero la pretensión de nulidad de venta por simulación absoluta, y luego, si la declaraba sin lugar, entrar a decidir en la pretensión acumulada de nulidad de venta por dolo (vicio del consentimiento).
En el caso sub examen el juez de primera instancia no se pronunció (omitió todo pronunciamiento) sobre la pretensión principal de nulidad de venta por simulación absoluta, por lo que obviamente violó el principio de exhaustividad que lo obliga a decidir sólo sobre lo alegado y sobre todo lo alegado, por lo cual el fallo apelado no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida... como lo exige el numeral 5º del artículo 243 ejusdem, por lo que evidentemente la decisión apelada es totalmente nula como lo consagra el artículo 244 del citado texto adjetivo que reza: “Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicada en el artículo anterior...” Es importante resaltar, como lo sostiene la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, que el vicio de la incongruencia (negativa o positiva) es de orden público, por cuanto la congruencia del fallo está ligada estrechamente a las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho de defensa que son inviolables en todo estado y grado del proceso (artículos 26 y 49 ordinal 1º, de la Carta Magna).
En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil por cuanto la declaratoria del vicio de incongruencia negativa no es motivo de reposición, pido respetuosamente a esta superioridad, que resuelva también sobre el fondo del presente litigio, después de haber declarado la nulidad de la sentencia apelada. La pretensión de nulidad de venta por simulación absoluta debe ser declarada con lugar, por la sencilla razón que la prueba testimonial promovida por mi representado concuerda entre si y con las demás pruebas del presente proceso, como lo indica el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil. Debe esta alzada como lo establece el artículo 510 ibidem apreciar los indicios que resulten de autos en su conjunto, teniendo en su consideración su gravedad, concordancia entre sí, y en relación con las demás pruebas de autos. Se trata pues, de las presunciones hominis: aquella que el juzgador acepta a su prudente arbitrio para formarse una convicción cuando son graves, precisas y concordantes y sean admisible la prueba de testigos. En el libelo de demanda se señalan seis (06) indicios por lo menos demostrativos de simulación absoluta, los cuales tienen que ser analizados y valorados por esta superioridad, con base a un análisis serio de los testigos promovidos por ambas partes, tomando muy en cuenta las pruebas documentales traídas al proceso.
En la prueba de indicio, como dice Delepiani, la inferencia la hace el juez a través de una máxima de experiencia que le enseña que de un hecho probado en el expediente (indicio) se puede establecer como cierto otro hecho que ocurrió o puede ocurrir en el mundo exterior (fuera del expediente) o sea, el hecho indiciado. Existe evidentemente una divergencia entre la voluntad declarada y la voluntad real, ya que, son por demás abundantes los indicios (por graves, precisos y concordante) de que no hubo venta por parte de mí representado a su esposa e hijas; ni hubo transmisión de propiedad de éste a aquellas, las cuales tampoco pagaron precio alguno. Es evidente pues la simulación absoluta; y así pido lo declare esta superioridad. Por otra parte, la prueba de testigos promovida por la parte demandada pretendió probar el pago de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00) como precio de venta a mi mandante, es evidentemente inadmisible por cuanto el valor excede de dos mil bolívares (Bs. 2.000,00), como lo establece el artículo 1.387 del Código Civil; y así pido lo declare esta alzada.
Como tercer punto en el supuesto de que el tribunal declare improcedente la nulidad de venta por simulación absoluta, solicito sea declarada con lugar su nulidad por vicio del consentimiento (dolo), por cuanto las testimoniales promovidas por mi representado prueban suficientemente, mediante declaraciones serias y contestes, que las demandadas (madre e hijas) se valieron de artimañas, engaños y maquinaciones dolosas, para arrancar dolosamente el consentimiento a mi poderdante (error provocado). El juzgador debe hacer un análisis serio de dichas testimoniales, respecto a su concordancia entre si y con las demás pruebas del proceso sin desarticular las mismas, tal como lo sostiene la doctrina reiterada de la Sala de Casación Civil. Llama a la reflexión que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente dicte una sentencia tan ilegal y traída por los cabellos como decimos en el argot cotidiano. No se requiere ser un connotado jurista para auscultar con facilidad los innumerables vicios de que adolece el fallo apelado. La razón debe estar del lado del que la tiene. No es suficiente ni justo que el sólo hecho de ser niño y adolescente signifique que éstos siempre tienen la razón. La razón no tiene edad ni sexo. Como dice la máxima: “Quien sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque la causa sea justa es injusta la sentencia”.
Queda así formalizada la apelación interpuesta por mi mandante contra el fallo de primera instancia de fecha 12 de marzo de 2003, el cual solicito sea anulado por las consideraciones anteriores, y declarada con lugar la pretensión de nulidad de dicha venta interpuesta por mi representado. Así lo pido expresamente. Consigno constante de cinco (05) folios útiles el escrito de formalización del recurso.”.
Este tribunal ante la presencia en el acto de formalización del abogado Cruz Daniel Carreño, apoderado judicial de las co-demandadas ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA) procedió a oírlo conforme a la precitada disposición legal. En esa oportunidad expresó:
“…Oída en forma textual y fidedigna el escrito de apelación traído por mi colega Dr. Carlos Briceño es por lo cual solicito a este tribunal ratifique en todas y cada una de sus partes la sentencia emanada en fecha 12 de marzo del presente año por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, Sala Única, Juez Unipersonal N° 1 de este Estado, por cuanto la misma se encuentra ajustada a derecho; debo hacer notar ciudadana Juez Superior de esta Circunscripción Judicial que la parte actora en ningún momento en la secuela del proceso llegó a probar que las menores (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA) conjuntamente con sus hermanas (IDENTIDAD OMITIDA) e (IDENTIDAD OMITIDA) en su carácter de madre (sic) e hija respectivamente del ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA) lo hayan inducido con artificios y artimañas a cometer el error de cederle el cincuenta por ciento (50%) de la embarcación Don Teodoro ya que es temerario e infundado que estas menores con su madre hayan obtenido de forma autentica ante una Notaría Pública y posteriormente ante el Registro Subalterno del Municipio Díaz la venta del cincuenta por ciento (50%) de la embarcación Don Teodoro; quiere la parte actora hacer valer tanto en su escrito libelal como en todas las actuaciones que el ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA)fue engañado, se le indujo al dolo, cometió un error para así pudiese (sic) traspasar, ceder el cincuenta por ciento (50%) de sus derechos, es decir, que la parte actora nunca jamás llegó a probar que existía dolo, que existía el error o vicio en el consentimiento para realizar la venta que el pretende hoy en día anular después de transcurrido más de seis (06) años por lo cual, es por lo que solicitamos declare sin lugar, la temeraria e infundada demanda por nulidad de venta absoluta y ratifique como se dijo anteriormente la sentencia antes aludida. Es todo.”
Consideraciones para decidir
El artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece: “… El día y hora señalados, el apelante deberá formalizar oralmente el recurso ante la Sala de Apelaciones, con indicación precisa del o de los puntos de la sentencia con las cuales no está conforme y las razones en las cuales se funda. Si la parte contraria asiste se le oirá…”
Con respecto a la formalización del recurso de apelación en alzada, la Sala de Casación Social ha establecido en forma reiterada y con carácter vinculante, lo siguiente:
“…se evidencia que el formalizante está en la obligación de cumplir con el requisito de la formalización, al establecer el legislador “deberá formalizar”, lo cual demuestra que no es una facultad, sino por el contrario, una imposición a la parte que ejerce el medio de impugnación, la cual además debe hacerse en forma oral, tal y como lo prescribe la norma citada. En la formalización se expondrá los puntos de la sentencia con los cuales no está conforme, con lo cual se evidencia que en relación a la norma en comento, es necesario realizar la formalización de la apelación para que surta los efectos legales pertinentes. En este sentido, la doctrina patria sobre la materia ha señalado que para evitar recursos injustificados o por el simple prurito de dejarlos ejercidos, se impone la obligación de formalizar las apelaciones, ampliándose así el espectro de los legitimados para incoar dicho recurso, extendiéndose la posibilidad de ejercerlos a las partes, al Ministerio Público y a quienes tengan interés directo e inmediato en la materia del juicio.
Concluye por tanto esta Sala de Casación Social, que en lo referente al recurso de apelación en esta materia, como antes se indicó, cuando se ejerza tal medio de impugnación contra una decisión dictada en primera instancia, es menester, una vez fijada la oportunidad, formalizar dicho recurso por ante el Juzgado Superior que ha de conocer la misma (…) que impone al apelante el deber de formalizar con indicación precisa de los puntos de la sentencia con los cuales no está conforme, así mismo fundamentar las razones en que se basa (sentencia N° RC-218 de fecha 04.04.2002).
La disposición legal en referencia establece que el formalizante debe indicar en forma precisa el o los puntos de la sentencia recurrida con los cuales no está de acuerdo y en virtud de la formalización se tiene que el apelante plantea para ser analizados dos (2) puntos, el primero la nulidad del fallo de acuerdo al artículo 244 del Código de Procedimiento Civil y segundo, la nulidad de la recurrida con fundamento en el numeral 5° del Código de Procedimiento Civil. El resto de los alegatos no atañe a la sentencia recurrida y sus vicios sino a la aplicación del artículo 209 del texto adjetivo, lo cual analizará este tribunal luego del examen de las denuncias efectuadas para determinar su procedencia.
Primer punto apelado
El apelante expresa: “…como punto previo de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código de Procedimiento Civil, solicito respetuosamente a esta superioridad que declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva de fecha 12 de marzo de 2003 dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de este Estado, Sala de Juicio Única, Juez Unipersonal Nº 1, la cual textualmente dice en su dispositivo: “Declara sin lugar la presente solicitud de nulidad de contrato de venta incoado por el ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA)...(omissis)... y en consecuencia declara que la venta realizada entre las partes es perfecta”.
Para decidir se observa
El artículo 244 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicadas en el artículo anterior, por haber absuelto de la instancia; por resultar la sentencia de tal modo contradictoria, que no pueda ejecutarse o no aparezca que sea lo decidido; y cuando sea condicional o contenga ultrapetita”
La anotada disposición legal recoge los denominados requisitos intrínsecos de la sentencia, de forma tal que la falta de alguno provoca la nulidad de la sentencia. La absolución de la instancia es cuando queda indeciso la suerte del demandado dándolo por absuelto por los datos del proceso o cuando sobre la materia del juicio no recae decisión precisa, dejándose incierta la pretensión del demandante, de manera que el sentenciador ni condena ni absuelve; la sentencia condicional que según el Dr. Leopoldo Márquez Añez, el juez no es libre ni tiene autonomía de voluntad para someter la eficacia de sus pronunciamiento a la realización de acontecimientos futuros e inciertos, ya que a ello se opone la propia índole de la función que ejerce, y principios capitales de su actividad, como lo son el principio dispositivo y el que le impone emitir en la causa un pronunciamiento dirimente del conflicto de interés que se le somete”; en tanto que la ultrapetita es aquel dictamen que concede más de lo pedido o que se pronuncia sobre una cosa no demandada; y finalmente la contradicción en el fallo se refiere es que el juez en el dictamen declare la procedencia y a su vez la improcedencia de la acción intentada. El procesalista Humberto Cuenca expresa: “…todos los ejemplos que se imaginen conducen a la violación de los principios de lógica formal, especialmente el de contradicción: dos resoluciones contradictorias no pueden ser verdaderas, por tanto son inejecutables”
La recurrida expresa: “… Declara sin lugar la presente solicitud de nulidad de contrato de venta incoada por el ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 9.322.650, contra las ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA)y las adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA) (…) y en consecuencia se declara que la venta realizada entre las partes es perfecta…”
En el libelo de la demandada el actor expresó: “… Por todos los razonamientos que anteceden , es por lo que ocurro por (sic) ante su competente Autoridad (sic) para demandar como en efecto formalmente demando a las ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA); (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) o (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), (…) en lo siguiente: Primero: Que son ciertos y verdaderos los hechos narrados en esta demanda y en consecuencia que mi representado no vendió derechos algunos a sus mencionadas hijas sobre la citada embarcación “Don Teodoro”, no habiéndole trasmitido ningún derecho de propiedad a las mismas, las cuales no pagaron suma alguna por concepto de precio. Segundo: que es nula de simulación absoluta la venta de los derechos equivalentes al 50% sobre la citada embarcación por parte de mi representado a dichas codemandadas. Tercero: como consecuencia de dicha nulidad absoluta para que convengan o en su defecto sean condenadas por el tribunal en restituir a mi representado en la posesión material y efectiva de la aludida embarcación “Don Teodoro” y Cuarto en pagar las Costas Procésales (sic)…”
Consta de autos que el ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA) mediante documento autenticado ante la Notaría Pública Segunda de Porlamar, en fecha 20.06.1997 bajo el N° 39, tomo 29 de los libros de autenticaciones posteriormente inscrito en fecha 06.11.2001 en la Oficina Subalterna de Registro Público del Distrito Díaz del Estado Nueva Esparta bajo el N° 45, folios 202 al 206 del protocolo primero, tomo tercero, cuatro trimestre de 2001, dio en venta pura, simple, perfecta e irrevocable a sus hijas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), mayor de edad la primera y menores las últimas, todos los derechos que le corresponden sobre una embarcación de madera que forma parte de la comunidad conyugal que mantiene con su esposa (IDENTIDAD OMITIDA), que la embarcación tiene por nombre L/M DON TEODORO; que el precio de la venta es la cantidad de Bs. 2.000.000,00 los cuales declara recibir en dinero en efectivo a su cabal y entera satisfacción. De la nota estampada por el Notario Público se desprende que en el acto de otorgamiento estuvieron presentes el vendedor, la compradora (IDENTIDAD OMITIDA) e (IDENTIDAD OMITIDA) quien actúa en su propio nombre y en representación de las menores (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA).
Ahora bien, se observa que lo pedido es la nulidad de la venta realizada por supuesta simulación y el juez de la causa en la dispositiva ha declarado sin lugar la demanda y en consecuencia perfecta la venta. Por consiguiente del análisis efectuado se evidencia que la recurrida no contiene los vicios que le atribuye el formalizante, de allí que la presente denuncia se declara improcedente y en consecuencia se desecha: Así se decide.
Segundo punto apelado
El formalizante expresó: “La sentencia apelada esta infectada, con el vicio conocido procesalmente como incongruencia negativa, por cuanto la misma viola flagrantemente lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual consagra que: “Toda sentencia debe contener: …5º.Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida...”.
En este sentido el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, mediante fallo de fecha 22 de febrero de 2001, dictaminó lo siguiente: “…no cumple el tribunal con el principio de exhaustividad e incurre en el vicio de incongruencia, cuando no resuelve sobre lo alegado y sobre todo lo alegado en el libelo (…) Observe que la demanda intentada por mi representada lo es primeramente por nulidad de venta por simulación absoluta; y en segundo lugar como pretensión acumulada ex artículo 77 del Código de Procedimiento Civil, por nulidad de venta por dolo, (vicio del consentimiento); y dice textualmente la demanda en el folio 8 que: “..En el supuesto de ser rechazada la pretensión anterior de nulidad por simulación absoluta, asimismo demandamos a dichas ciudadanas, en los términos siguientes: (…) Es decir, que el Juez a-quo debía necesariamente decidir primero la pretensión de nulidad de venta por simulación absoluta, y luego, si la declaraba sin lugar, entrar a decidir en la pretensión acumulada de nulidad de venta por dolo (vicio del consentimiento). En el caso sub examen el juez de primera instancia no se pronunció (omitió todo pronunciamiento) sobre la pretensión principal de nulidad de venta por simulación absoluta, por lo que obviamente violó el principio de exhaustividad que lo obliga a decidir sólo sobre lo alegado y sobre todo lo alegado, por lo cual el fallo apelado no contiene decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida... como lo exige el numeral 5º del artículo 243 ejusdem, por lo que evidentemente la decisión apelada es totalmente nula como lo consagra el artículo 244 del citado texto adjetivo que reza: “Será nula la sentencia: por faltar las determinaciones indicada en el artículo anterior...” Es importante resaltar, como lo sostiene la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, que el vicio de la incongruencia (negativa o positiva) es de orden público, por cuanto la congruencia del fallo está ligada estrechamente a las garantías constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho de defensa que son inviolables en todo estado y grado del proceso (artículos 26 y 49 ordinal 1º, de la Carta Magna).
Para decidir se observa
El referido artículo establece:…omissis…
“Toda sentencia debe contener:
5° Decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y alas excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia.”
En cuanto a lo establecido en el numeral 5° del artículo 243, este se refiere expresamente a la congruencia, es decir, que la recurrida se ajuste a las pretensiones del actor y del demandado, dando lugar el vicio a la incongruencia en dos modalidades y tres aspectos: incongruencia positiva cuando el juez extiende su examen más allá de los limites del debate judicial que le fue sometido a consideración, incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial y la denominada ultrapetita, extrapetita y citrapetita; la primera cuando se otorga más de lo pedido, la segundo, cuando se otorga algo distinto a lo pedido; la tercera, cuando se deja de resolver sobre algo pedido o excepcionado.
El formalizante denuncia que la sentencia recurrida incurrió en el vicio de incongruencia negativa, es decir, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial.
El actor en su demanda solicita: “… Por todos los razonamientos que anteceden , es por lo que ocurro por (sic) ante su competente Autoridad (sic) para demandar como en efecto formalmente demando a las ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA); (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) o (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), (…) en lo siguiente: Primero: Que son ciertos y verdaderos los hechos narrados en esta demanda y en consecuencia que mi representado no vendió derechos algunos a sus mencionadas hijas sobre la citada embarcación “Don Teodoro”, no habiéndole trasmitido ningún derecho de propiedad a las mismas, las cuales no pagaron suma alguna por concepto de precio. Segundo: que es nula de simulación absoluta la venta de los derechos equivalentes al 50% sobre la citada embarcación por parte de mi representado a dichas codemandadas. Tercero: como consecuencia de dicha nulidad absoluta para que convengan o en su defecto sean condenadas por el tribunal en restituir a mi representado en la posesión material y efectiva de la aludida embarcación “Don Teodoro” y Cuarto en pagar las Costas Procésales (sic)…”
La recurrida estableció
El fallo expresa: “… la presente acción se interpuso con la finalidad de que esta Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del estado Nueva Esparta declare la NULIDAD DE LA VENTA realizada entre el ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA) (sic) y sus hijas entre las cuales se encuentran dos adolescentes de nombre (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), por lo cual al momento de definir la competencia del tribunal que debe conocer de la presente causa nos remite al artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente , que en su Parágrafo Segundo referido a los Asuntos Patrimoniales y del Trabajo, en su literal “C” , el cual establece…omissis… Así se declara.
Por otra parte se hace necesario acotar los siguientes puntos, a los fines de analizar la norma que rige la materia relativa a las nulidades de los actos o instrumentos, por lo cual este Juez Unipersonal N° 1, para decidir observa lo siguiente:
Primero: el artículo 1141 (sic) del Código Civil establece: …omissis…
Siendo que a los efectos de la anulabilidad de los contratos procede, según lo establecido en el artículo 1142 (sic) eiusdem: …omissis…
Resultando imperioso verificar, como podríamos definir esos vicios de (sic) consentimiento , dado que este constituye , el motivo por el cual la parte demandante pretende la nulidad del contrato de compra venta en el caso de marras, por lo que: Consentimiento, quedaría definido como: ”Acción y efecto de consentir. Conformidad de voluntad entre los contratantes o sea, entre la oferta y la aceptación, que es el principal requisito de los contratos. Acatamiento voluntario, licencia, autorización, acuerdo deliberado, consciente y libre de la voluntad respecto de un acto externo, sin cortapisas ni vicios que anulen o destruyan la voluntad…” (...)
De igual forma encontramos que en el artículo 1146 (sic) del Código Civil se nos habla de los vicios del consentimiento calificándolo como: el error, la violencia y el dolo, al establecer “Aquel cuyo consentimiento haya sido dado como consecuencia de un error excusable o arrancado por violencia o sorprendido por dolo, puede pedir la nulidad del contrato…” debiendo así analizar cada uno de estos conceptos para entender el ánimo del legislador al colocarlos como causales de nulidad de un contrato, teniendo entonces que el error …consiste , el error se clasifica error de derecho (…) error de hecho (…); la violencia (…). La anulabilidad relativa del contrato con un lapso para ejercer la acción de cinco años desde el momento que cesa la violencia; la acción de responsabilidad civil contractual… la acción de responsabilidad extracontractual…
De todo lo anterior y de lo probado en autos, a criterio de esta juez (sic) Unipersonal N° 1, se desprende que no existen razones para pretender la nulidad del contrato de venta realizado entre los ciudadanos (IDENTIDAD OMITIDA) y sus hijos (IDENTIDAD OMITIDA) y las adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA) y (IDENTIDAD OMITIDA), ya quedó suficientemente demostrado, la evidente intención del padre de resguardar el futuro, así como el bienestar de sus hijas a través de la prenombrada venta, asegurando un medio de sustento para ellas. Por otra parte, se hace menester acotar que para el momento de la venta realizada entre las partes intervinientes en este proceso, las hijas del demandante contaban con las edades de: (IDENTIDAD OMITIDA) contaba con 20 años de edad; (IDENTIDAD OMITIDA) contaba con la edad de 17 años; (IDENTIDAD OMITIDA) (sic) contaba con la edad de 07 años y (IDENTIDAD OMITIDA)contaba con la edad de 07 años y de acuerdo con lo dicho por las adolescentes al momento de ser oídas por este despacho manifestaron que lo que recordaban de este evento, era que su hermana se encontraba realizando estudios en la ciudad de Cumaná, y que fue trasladada a esta ciudad a los efectos de firmar la mencionada venta, por lo cual mal podría pretenderse que a estas edades y a distancia pudieran las mencionadas ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA)y las adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA) Y (IDENTIDAD OMITIDA) realizar algún acto destinado a influir de manera directa, injusta, grave o determinante o que representara alguna amenaza que originará (sic) en el demandante temor insuperable , como en el caso de la violencia o engañar de tal modo a su padre, que sin ese engaño jamás hubiere celebrado el contrato y que además vale la pena señalar que ninguno de estos supuesto (sic) de ley fueron probados en autos, y en consecuencia se declara que la venta realizada entre las partes es perfecta ya que o se demostró den actas la existencia de alguno de los vicios para la invalides (sic) del contrato previstos en el artículo 1.142 del Código Civil. ASI SE DECLARA…”
De la recurrida se extrae que no existe incongruencia negativa como lo afirma el apelante por cuanto la misma se pronunció en forma expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las defensas opuestas; es decir, el fallo se encuentra suficientemente motivado. De otra parte, se verifica del libelo de la demanda que aún cuando el demandante acumuló pretensiones, es decir, la nulidad por simulación y subsidiariamente la nulidad de la venta por dolo, el juez de la recurrida abrazó ambas pretensiones en su pronunciamiento, al extremo que concluyó así: “Por otra parte, se hace menester acotar que para el momento de la venta realizada entre las partes intervinientes en este proceso, las hijas del demandante contaban con las edades de : (IDENTIDAD OMITIDA)contaba con 20 años de edad; (IDENTIDAD OMITIDA)contaba con la edad de 17 años; (IDENTIDAD OMITIDA) (sic) contaba con la edad de 07 años y (IDENTIDAD OMITIDA) contaba con la edad de 07 años y de acuerdo con lo dicho por las adolescentes al momento de ser oídas por este despacho, manifestaron que lo que recordaban de este evento, era que su hermana se encontraba realizando estudios en la ciudad de Cumaná, y que fue trasladada a esta ciudad a los efectos de firmar la mencionada venta, por lo cual mal podría pretenderse que a estas edades y a distancia pudieran las mencionadas ciudadanas (IDENTIDAD OMITIDA), (IDENTIDAD OMITIDA) y las adolescentes (IDENTIDAD OMITIDA) Y (IDENTIDAD OMITIDA) realizar algún acto destinado a influir de manera directa, injusta, grave o determinante , o que representara alguna amenaza que originará (sic) en el demandante temor insuperable , como en el caso de la violencia o engañar de tal modo a su padre, que sin ese engaño jamás hubiere celebrado el contrato y que además vale la pena señalar que ninguno de estos supuesto (sic) de ley fueron probados en autos, y en consecuencia se declara que la venta realizada entre las partes es perfecta ya que o se demostró den actas la existencia de alguno de los vicios para la invalides (sic) del contrato previstos en el artículos 1.142 del Código Civil. ASI SE DECLARA…”.
En virtud de lo expresado la presente denuncia se declara improcedente y por tanto se desecha. Así se decide.
Ahora bien, por cuanto los puntos apelados se han declarado improcedentes; esto es, no se ha encontrado del análisis efectuado vicio en la sentencia que la haga nula, se concluye la improcedencia de la aplicación del artículo 209 del Código de Procediendo Civil. Así se establece.
En cuanto a los alegatos de la parte contraria en la audiencia de formalización, esta alzada observa que la parte demandada no apeló del fallo de fecha 12.03.2003 dictado por la Jueza Unipersonal N° 1 de la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, ni se adhirió en segunda instancia a la apelación ejercida, por lo cual este tribunal se circunscribe sólo a examinar los puntos apelados y debidamente fundamentados por el formalizante, y para legitimar esta actuación se comprueba que el artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente establece: “…Si la parte contraria asiste, se le oirá…”. De tal forma, que el derecho del contrario fue respetado en alzada tal como lo dispone la mencionada norma, pues este juzgado no está en la obligación de hacer pronunciamiento alguno en torno a sus alegaciones por cuanto –se insiste- la parte demandada, no ejerció el recurso ordinario de apelación contra sentencia dictada por el a quo, ni se adhirió a la apelación ejercida. Así se decide.
Decisión
En merito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara:
Primero: Sin lugar el recuso de apelación interpuesto por el abogado Carlos Briceño, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 59.156, en su condición de apoderado judicial del ciudadano (IDENTIDAD OMITIDA), contra la sentencia de fecha 12.03.2003, dictada por la Jueza Unipersonal Nº 1 de la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
Segundo: Se confirma en todas sus partes el fallo apelado dictado en fecha 12.03.2003 por la Jueza Unipersonal Nº 1 de la Sala de Juicio Única del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta.
Tercero: No hay condena en costas por imperio del artículo 484 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
Cuarto: Notifíquese a las partes por haberse dictado el fallo fuera del término legal de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, Regístrese, Diarícese y déjese copia. Remítase el expediente en su forma original al juzgado de la causa en su oportunidad
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, a los ocho (08) días del mes de junio de dos mil seis (2006). Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.
La Jueza,
Ana Emma Longart Guerra
La Secretaria,
Alexandra Carreño Granadillo
Exp. N° 06093/03
AELG/acg.
Definitiva
En esta misma fecha (08.05.2006) siendo las 2:00 de la tarde se dictó y publicó la anterior decisión. Conste.
La Secretaria,
Alexandra Carreño Granadillo.
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