La Asunción, 02 de Agosto de 2006.
196° y 147°
Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nro.- 01 de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, emitir la publicación de la Sentencia por Admisión de los Hechos de fecha 27 de Julio del año 2006, en la presente causa conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 583, 604 y 605 segundo aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo dispuesto artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado supletoriamente tal como lo ordena el artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.
PUNTO UNICO
El artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, norma rectora de la institución de la Admisión de los Hechos en nuestro Derecho Penal Juvenil contempla, que esta figura procede en la audiencia preliminar, es decir, ante el Juez de Control al cual le ha sido atribuido y de forma excepcional, toda vez que es al Juez de Juicio a quién por excelencia le corresponde la actividad de juzgar y en consecuencia determinar la inocencia o culpabilidad de la persona acusada. No obstante el legislador estableció en aras de depurar los proceso y solo llevar a juicio los casos realmente relevantes para ahorrarle a la justicia costos, tiempo y en definitiva hacer de la justicia penal, mediante estas figuras alternativas un proceso más rápido y así cumplir con la tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 26 de nuestra Carta Magna y así mismo una recompensa para aquéllos acusados que acogiéndose al procedimiento por Admisión de los Hechos, dándole al juez la facultad mediante la discrecionalidad reglada, de rebajar la sanción de un tercio a la mitad, considerando la magnitud del delito y el arrepentimiento del acusado.
Corolario de lo anterior. Vistas las actas que integran el presente expediente, se puede apreciar lo siguiente:
I
DE LOS HECHOS
La ciudadana Fiscal Séptimo (s) del Ministerio Público Dra. Sikiu Angulo de Silla, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente, acusó formalmente en Audiencia Preliminar al adolescente, IDENTIDAD OMITIDA, venezolano, natural de Porlamar, Estado Nueva Esparta, donde nació en fecha 11 de febrero de 1990, de 16 años de edad, titular de la cédula de identidad no porta, hijo de los ciudadanos IDENTIDADES OMITIDAS, residenciado en el Sector OMITIDA, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, por considerarlo responsable de la comisión del delito de ROBO AGRAVADO y LESIONES INTENCIONALES LEVES previsto en el artículo 416 y artículo 458 ambos del Código Penal vigente y como sanción la siguiente: Privación de Libertad por un lapso de cuatro años.
Los hechos ocurrieron, siendo aproximadamente las ocho y treinta horas y minutos de la mañana del día 30 de Junio del año 2006, cuando el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en compañía de otro sujeto que no logró ser identificado, a la altura de la Calle Principal de Mata de Coco, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, abordó a la ciudadana Verusca Cenaida Escalona cuando la misma se dirigía para su trabajo, utilizando un arma blanca (cuchillo), mediante agresiones físicas la despojaron de una cadena que llevaba en el cuello e igualmente intentaron despojarla de su cartera, no logrando este último cometido, en virtud de que los ciudadanos Juan Carlos Camacaro y Saturnino José Murguey al percatarse de lo que estaba sucediendo auxiliaron a la victima, atrapando al adolescente imputado, no así a su acompañante quien logro huir del lugar; siendo entregado el citado adolescente al adolescente a funcionarios adscritos a la base operacional N° 08 de la Policía del Estado Nueva Esparta conjuntamente con el cuchillo utilizado para la ejecución del hecho punible; resultando lesionada la victima en virtud de las agresiones físicas a las que fue sometida.
La Defensa Pública N° 01, Dra. Besada Luna, de este domicilio solicito: Ciudadana Juez en primer lugar solicito se pronuncie en relación a la admisión del escrito acusatorio previo análisis del mismo, tomando en consideración que el delito que nos ocupa quedó en grado de frustración y no consumado como lo señala la representante del Ministerio Público, por cuanto el adolescente fue detenido por dos personas cuando forcejeaban con la víctima, en tal virtud le solicito el cambio de calificación tomando en cuenta lo antes señalado y sobre esta petición de ser decidida favorablemente pueda el adolescente admitir los hechos y en virtud de que las formas inacabadas establecidas en el artículo 628 en su último aparte de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente no amerita la aplicación de la sanción privativa de libertad. En consecuencia pido le sea concedida una sanción en libertad, que estime pertinente el tribunal. Luego cédasele la palabra a mi representado previa imposición de sus derechos y garantías legales, posteriormente concédame la palabra a los fines de manifestar lo que considere pertinente”.
La víctima en ejercicio del derecho que le otorga la ley, expuso: “…Estoy de acuerdo con la acusación fiscal, solicito que el adolescente pague por lo que hizo, él está consciente de lo que hizo, lo que más me duele son los golpes que tanto éste adolescente me dio como el otro, uno sale a trabajar y es muy injusto que venga alguien a despojarlo de las cosas que con esfuerzo uno ha logrado”.
Así una vez impuesto el acusado, por este por el Tribunal de los derechos y garantías, libre de todo apremio, juramento y coacción, manifestó lo siguiente, cito: “YO LE PIDO PERDON A LA SEÑORA, QUE YO NO LO VUELVO A HACER, YO ADMITO LOS HECHOS, YO HE APRENDIDO QUE ESTAR EN LA CARCEL NO ES BUENO”.
Una vez admitidos los hechos por parte del acusado de marras, la defensa pública de autos, requirió la aplicación de la sanción en forma inmediata tal como lo prevé el artículo 583 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con lo dispuesto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, tomando como base las pautas contenidas en el artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente así como la rebaja correspondiente.
II
DE LA ADMIISÓN DE LOS HECHOS
Vista la acusación presentada por la Vindicta Pública de autos, la cual fue ADMITIDA TOTALMENTE, en cuanto a la calificación jurídica atribuida para el acusado plenamente identificado, se procedió a calificarlos como ROBO AGRAVADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES, ambos previstos en los artículos 458 y 416 ambos del Código Penal vigente. Declarándose sin lugar el cambio de calificación jurídica solicitada por la defensa pública de autos, en estos términos: “…toda vez que de los hechos acaecidos y de los supuestos de la norma, estos señalada encuadran dentro de la conducta desplegada por el acusado de marras, siendo entonces CONSUMADA a pesar de que los objetos se recuperaron parcialmente, según lo expuesto por la víctima y lo contenido en las actas policiales, a pesar de no habérsele practicado la experticia de rigor. Esta calificación del estado de la forma en que el delito se produjo, obedece a la superación de la jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal, específicamente en la Sala de Casación penal, la cual abolió la antigua tesis del apoderamiento en los delitos contra la propiedad, en donde no se configurado el perfeccionamiento o momento consumativo de estos delitos cuando el sujeto activo del hecho punible se ha aprovechado de la cosa hurtado o robada. Tesis esta que en recientes jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de forma sostenida, se ha establecido todo lo contrario vale decir, que no vasta que el agente del delito se apodere y aproveche de la cosa hurtada o robada sino que el solo hecho de haberle despojado a la víctima el objeto, aunque sea por breves instantes, constituye el perfeccionamiento del delito y en consecuencia no puede sostenerse la frustración o tentativa. Así entonces el delito cometido por el adolescente acusado y la admisión de los hechos realizada por el joven adulto IDENTIDAD OMITIDA, conlleva a determinar que el delito de ROBO AGRAVADO, CONSUMADO. (Sentencias de la Sala de Casación Penal, decisión Nro.-460 de fecha 24.11.2004 y decisión Nro.- 0348/2004).
Así los hechos admitidos consistieron en los siguientes: “…Siendo aproximadamente las ocho y treinta horas y minutos de la mañana del día 30 de Junio del año 2006, el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, en compañía de otro sujeto que no logro ser identificado, a la altura de la Calle Principal de Mata de Coco, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, abordo a la ciudadana Verusca Cenaida Escalona cuando la misma se dirigía para su trabajo, utilizando un arma blanca (cuchillo), mediante agresiones físicas la despojaron de una cadena que llevaba en el cuello e igualmente intentaron despojarla de su cartera, no logrando este último cometido, en virtud de que los ciudadanos Juan Carlos Camacaro y Saturnino José Murguey al percatarse de lo que estaba sucediendo auxiliaron a la victima, atrapando al adolescente imputado, no así a su acompañante quien logro huir del lugar; siendo entregado el citado adolescente al adolescente a funcionarios adscritos a la base operacional N° 08 de la Policía del Estado Nueva Esparta conjuntamente con el cuchillo utilizado para la ejecución del hecho punible; resultando lesionada la victima en virtud de las agresiones físicas a las que fue sometida”.
Establecidos así los hechos, tenemos que el acusado antes identificado, procedió en la Audiencia Preliminar a admitir los hechos antes descritos; en tal sentido este juzgador ordenó obviar la recepción de las pruebas y en consecuencia pasó a analizar la procedibilidad del referido proceso especial, estableciéndose a criterio de este juzgador que dicha institución, es un asunto propio del acusado en este caso y de su defensor, sustrayendo así la gran esfera discrecional del Ministerio Público, lo cual conmina al decisor a verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 2.1) Voluntariedad en la declaración, dada y comprobada en el desarrollo de la audiencia por cuanto se les exhorto del contenido de esta forma de fórmula de solución anticipada del proceso, explicándoles las consecuencias que de ello deriva y siendo interrogados por este Tribunal si no recibió ninguna presión, amenaza o promesa ilícita para que reconociera los hechos plasmados en el libelo acusatorio de la Fiscalia y habiendo manifestado éste, de manera negativa, se entendió en consecuencia que su declaración y el reconocimiento de los hechos fue libre y voluntaria. 2.2) Comprensión de la Declaración, en iguales circunstancias que el punto anterior este Tribunal garantizando los principios, derechos y garantías de este proceso especial, preguntó al acusado sí entendía lo expresado por el Tribunal y si comprendía la sanción y sus consecuencias y lo más importante, que este comprendiera que la admisión de los hechos engloba la renuncia de los derechos y garantías constitucionales y legales, a lo que respondieron afirmativamente. 2.3) Exactitud de su Declaración, el mismo señaló en su declaración que los hechos descritos por la fiscal del Ministerio Público eran ciertos, que lo realizó en un momento de inconciencia, de inmadurez y que está arrepentido de los mismos. De tal manera que la admisión fue exacta con respecto a los hechos acusados y señalados por la fiscalía.
Requisitos estos debidamente analizados y cumplidos tal como se refleja en el acta de Audiencia de Juicio antes indicada, lo cual conllevó a este decisor a la plena convicción que la Admisión de los Hechos, fue voluntaria, exacta y comprendida por parte del acusado de marras, trayendo consigo la imposición de la sanción inmediata.
III
DEL DERECHO
Observa este Tribunal que el Procedimiento por Admisión de los Hechos, conforma uno de los Procedimientos Especiales en donde el acusado renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la auto incriminación compulsoria, su derecho a juicio y derecho a carearse con sus acusadores, renuncia esta voluntaria garantizada no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescentes sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos ratificados por la República; a razón del Principio de la Economía Procesal, la cual evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso.
En doctrina estos Procedimientos Especiales, también pueden percibirse como reales alternativas procesales que permitan la resolución más efectiva y expedita de los conflictos de naturaleza penal, de forma que podríamos decir que ellos procuran abreviar y simplificar el procedimiento ordinario, para la autora María Trinidad Silva (p.186/Cuartas Jornadas UCAB) “… expresa que los procedimientos especiales se nos presentan como útiles medios procesales, que nos permiten adaptar y allanar el proceso penal…”.
Corolario de lo anterior, verificada la admisión de los hechos conlleva en definitiva a simplificar el proceso penal de modo tal que, le ahorra al Estado costos y tiempo para abonarlos a otros procesos para su adecuada respuesta. De hecho la finalidad del proceso penal, es la búsqueda de la verdad, la verdad de los hechos por la vía jurídica y la justicia en la aplicación del derecho, tal como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal destacándose que el Juez debe atender a esta finalidad para la toma de su decisión.
En consecuencia debe el juez para juzgar, tomar en cuenta los nuevos principios que orientan y facilitan el acto de sentenciar, los cuales y a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 y vigente, nos encontramos con el artículo 26 del texto indicado y adminiculado con el artículo 2 “ejusdem”, los cuales imponen al Juez amplios, reales y efectivos poderes para dirigir el proceso en forma eficaz, pero con un sólo objetivo y tal como lo expresa Italo Cañas Rivera: “… la solución de conflictos con vista al caso concreto tomando en cuenta la verdad verdadera y dentro de los principios de congruencia, igualdad, equidad, buena fé, y sin permitirle quedarse sólo en los límites de la consideración de aspectos formales, por eso la constitución es determinante al establecer que el Estado garantiza una justicia sin dilaciones indebidas y sin formalismos o reposiciones inútiles…”.
Sentado lo anterior, este decisor discurre, que ciertamente el principio de la legalidad adjetiva, nos conmina a ceñirnos por las normas procedimentales contenidas en el Ordenamiento Jurídico; no obstante existen exclusiones al principio de la legalidad, cuando el mismo legislador autorizó en el artículo 257 de la Constitución la República Bolivariana de Venezuela, que el aplicador de la ley para la realización de la justicia, debe no sacrificarla por los excesos de formalismo; así las leyes procesales establecerán simplificación, uniformidad y eficacia en los trámites adoptando un procedimiento breve y oral; ello comporta el Principio de Celeridad Procesal el cual, sirve de objetivo como un ente acelerador de lograr una decisión de manera rápida y oportuna la cual revestida de justicia y equidad, beneficiara a todos, es decir, al Estado, a la sociedad y al condenado.
En este mismo orden de ideas, la figura de la Admisión de los Hechos, en donde el imputado o acusado puede consentir libre de todo apremio y coacción de solicitarle al Juez la no culminación de todos los pasos de la fase del proceso, admitiendo de manera clara, precisa y voluntaria los hechos imputados por el Ministerio Público. La respuesta procesal dada por el legislador penal venezolano, a este procedimiento especial está basado, precisamente en uno de los criterios acogidos por los sistemas modernos del derecho procesal penal, denominados “persecución selectiva”, los cuales han generado respuestas procesales ante la necesidad del estado de no sobrecargarse de trabajo, por cuanto ha comportado dilaciones indebidas que han conllevado a sentir, que el estado es impune ante los delitos, que no resuelve, que no da respuesta.
Ante esta circunstancia, contempló mecanismos de simplificación procesal para arribar a la sentencia, los llamados procesos monitorios por el autor Binder, en donde la idea básica consiste en que, sí el acusado admitió los hechos y además ha manifestado su consentimiento para la realización de este tipo de procedimiento, SE PUEDA PRESCINDIR DE TODA LA FORMALIDAD DEL DEBATE Y DICTARSE SENTENCIA DE UN MODO SIMPLIFICADO.
Bajo estas mismas razones el legislador Penal Juvenil Venezolano y el de adultos también, estableció que estos procesos especiales también eliminan posibilidades de estigmatización, discriminación e institucionalización, que significan siempre someterse a un proceso penal, evitando así llevar sólo a juicio los casos graves y relevantes.
En base a ello, no debe obviarse el cumplimiento de las garantías que asisten a todo sometido a un proceso penal y pretender burlarlas, en ocasión de la aplicación a ultranza de estos medios de simplificación del proceso, de hecho el legislador les dio pautas para su aplicación, destacándose para la Admisión de los Hechos, que el acusado debe entender el alcance de la acusación fiscal y que la admisión de los hechos engloba la renuncia de unos derechos, entre los cuales está el derecho a un juicio oral y en nuestro caso privado; en virtud de ello consagra el artículo 543 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, que el acusado debe ser informado de manera clara y precisa tanto por el órgano investigador como por el tribunal, sobre el significado de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollan en su presencia, y del contenido(destacado propio).
Esto previene una garantía que caracteriza nuestro Derecho penal juvenil, a razón del sujeto a quien es dirigido, del contenido del acta de juicio oral y privado que este Juez decisor en estricto apego de la garantía del Juicio educativo, preguntó al adolescente sí entendía los hechos que el Fiscal del Ministerio Público presentó y por los cuales formuló la acusación admitida por este Tribunal Unipersonal encuadrándolos dentro del tipo penal ROBO AGRVADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto en los artículo 458 y 416 ambos del Código Penal vigente.
IV
CONDUCTA ANTIJURIDICA
Al realizarse un análisis y estudio exhaustivo de los hechos admitidos por los acusados antes identificados, se evidencia que efectivamente el tipo penal solicitado por la Vindicta Pública de autos, encuadrara los hechos donde resultó acusado el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, por la comisión del delito de ROBO AGRVADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto en los artículo 458 y 416 ambos del Código Penal vigente.
Los supuestos de hecho de la norma señalada encuadran dentro de la conducta desplegada por el acusado de marras, siendo entonces CONSUMADA Y NO FRUSTRADA, ello obedece a la superación de la jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal, específicamente en la Sala de Casación penal, la cual abolió la antigua tesis del apoderamiento en los delitos contra la propiedad, en donde no se configurado el perfeccionamiento o momento consumativo de estos delitos cuando el sujeto activo del hecho punible se ha aprovechado de la cosa hurtado o robada. Tesis esta que en recientes jurisprudencia de la Sala de Casación Penal y de forma sostenida, se ha establecido todo lo contrario vale decir, que no vasta que el agente del delito se apodere y aproveche de la cosa hurtada sino que el solo hecho de haberle arrebato el objeto a la víctima aunque sea por breves instantes, constituye el perfeccionamiento del delito y en consecuencia no puede sostenerse la frustración o tentativa. Así entonces el delito cometido por los adolescentes acusados y la admisión de los hechos realizada por el adolescente IDENTIDAD OMITIDA, conlleva a determinar que el delito de ROBO AGRVADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES, consumado, previstos en los artículo 458 y 416 ambos del Código Penal vigente (Sentencias de la Sala de Casación Penal, decisión Nro.-460 de fecha 24.11.2004 y decisión Nro.- 0348/2004).
En consecuencia establecidos estos hechos, dentro de la norma jurídica encontramos ciertamente que, con lo antes expuesto y basándose en las reglas del derecho penal, que existe la comisión de un hecho punible y consecuentemente la responsabilidad penal del acusado antes identificado, en el hecho ilícito antes descrito y analizado.
V
SANCION APLICABLE
En consecuencia cumplidos como han sido los requisitos para la procedencia de la Admisión de los Hechos este Tribunal admitió el mismo y procedió a dictar la sanción, la cual vista y estudiadas las circunstancias del artículo 622 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente NO compartió la sanción solicitada por la Representación Fiscal, en su totalidad la cual se encuentra referida a privación de libertad por un lapso de cuatro años preceptuada en el artículo 628 de la citada Ley Especial, motivado al contenido de los informes psicológico y psiquiátrico cursante a los folios 47,48,49,50 y 51; si bien es cierto el artículo 570 literal g “ibidem” obliga al Ministerio Público a especificar la sanción definitiva que este considere así como el plazo de cumplimiento; no es menos cierto que la determinación de la sanción está a cargo del Juez decisor quien debe obligatoriamente examinar las pautas para la determinación y aplicación de las medidas contenidas en el artículo 620, tomando como directriz lo contenido en el artículo 622 “ejusdem. En consecuencia cumplidos como han sido los requisitos para la procedencia de la Admisión de los Hechos, este Tribunal admitió el mismo y procede a dictar la sanción, la cual se encuentra referida a la de PRIVACIÓN DE LIBERTAD preceptuada en el artículo 628 de la citada Ley Especial, por un lapso de UN AÑO Y OCHO MESES Y SUCESIVAMENTE SEMI-LIBERTAD POR UN LAPSO DE SEIS MESES, todo ello motivado al contenido del informe de trabajo social y así mismo el psiquiátrico y psicológico cursante a los folios 47 al 51; si bien es cierto el artículo 570 literal g “ibidem” obliga al Ministerio Público a especificar la sanción definitiva que este considere así como el plazo de cumplimiento; no es menos cierto que la determinación de la sanción está a cargo del Juez decisor quien debe obligatoriamente examinar las pautas para la determinación y aplicación de las medidas contenidas en el artículo 620, tomando como directriz lo contenido en el artículo 622 “ejusdem; el cual establece motivos penales y extra-penales que deben ser examinados por el juez siempre y cuando no le agrave la condición al acusado más allá que la que el Ministerio Público en ejercicio del Principio de Oficialidad ha requerido. Se considera pertinente, idónea y necesaria la medida sancionatoria solicitada por el Ministerio Público, pero con un cambio sustancial en el tiempo, ello obedece a la admisión de los hechos, el grado de participación del adolescente y los resultados de los informes psico-sociales. Por ello que las sanciones de conformidad con lo previsto en el parágrafo primero del artículo 622, pueden imponerse simultáneamente, sucesivamente o alternativamente dependiendo de la individualidad del adolescente, acá tenemos un adolescente con depravación socio-cultural, mentalmente sano, influenciable, agresivo, impulsivo, pero lo más importante que de las pruebas obtenidas el mismo no reportó conducta disocial, lo cual nos hace inferir las grandes posibilidades que éste tiene en superar las carencias y adaptarse a la vida ciudadana. Recordemos que la finalidad de las medidas es socio-educativa y a ello debe atender el juez al momento de aplicación y monto de la sanción. Si bien es cierto el artículo 583 de la ley especial, consagra la rebaja de la sanción, esta si es pertinente se hará en base siempre de las pautas del artículo 622 “ejusdem”, de tal forma que la discrecionalidad dada al juez depende de una medida pertinente para en base al interés superior, pueda el adolescente superar sus errores y encauzarse a la vida ciudadana y en este caso se acuerda rebajar la sanción a de cuatro años a UN AÑO Y OCHO MESES DE PRIVACIÖN DE LIBERTAD Y SUCESIVAMENTE SEMILIBERTAD POR UN LAPSO DE SEIS MESES, ambas de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 628 y 627 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide. Sanción que deberá ser cumplida a más tardar y dentro de un mes después de haberse dictado la correspondiente sentencia.
Así mismo no puede dejar de obviarse, que el objetivo primordial de las sanciones como para su cumplimiento, consiste en lograr que los sometidos al Sistema Penal, puedan lograr un equilibrio entre sus derechos y el de las demás personas a través de la convivencia familiar, social y cultural y que esta sea de forma sana, de forma positiva para el bienestar no sólo del sometido sino de los que le rodean; por ello es fehaciente el cambio de conducta que debe evidenciar el adolescente sancionado a través de la vigilancia y control de la sanciones previstas para que el mismo, por el hecho vivido en el período de su adolescencia, logre afianzar en él conductas positivas y alejar las negativas lo cual conduce a un verdadero arrepentimiento sobre los hechos que por producto de la impulsividad, la rebeldía natural que caracteriza este periodo del desarrollo evolutivo puede precisamente en la adolescencia, hacerlos cometer hechos delictivos y los cuales incluso son perfectamente entendibles en ese momento.
e allí que este Sistema penal es Especializado, precisamente por su sujeto y las condiciones que circundan la vida de éstos así si bien es cierto como lo estableció la Fiscal a pesar de ser un hecho grave y dada la facultad discrecional al juez para rebajar el tiempo y así mismo determinar si es necesario o no la imposición alternativa, simultanea o sucesiva de las sanciones a imponer. Por ello dada las razones anteriormente esbozadas lo que se pretende es como se señaló anteriormente, un cambio positivo en la Conducta de IDENTIDAD OMITIDA, se pretende que cumpla por el hecho cometido pero que ese cumplimiento no irrumpa el plan de vida y que se adapta a lo que el legislador penal juvenil pretende, por ende siendo un adolescente responsable se le sanciona con Privación de libertad y semi -libertad realizándose la respectiva rebaja a dicha sanción.
VI
DISPOSITIVA
Con fuerza en la motivación precedente, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la Sección Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE ME CONFIERE LA LEY se hace en los siguientes términos: AUTORIDAD QUE ME CONFIERE LA LEY se hace en los siguientes términos: PRIMERO: Se declara penalmente responsable al adolescente IDENTIDAD OMITIDA, antes plenamente identificado, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO Y LESIONES INTENCIONALES LEVES ambos previstos en los artículos 458 y 416 ambos del Código Penal vigente. SEGUNDO: Se impone la sanción de UN AÑO Y OCHO MESES DE PRIVACIÖN DE LIBERTAD Y SUCESIVAMENTE SEMILIBERTAD POR UN LAPSO DE SEIS MESES, ambas previstas en los artículos 628 y 627 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. TERCERO: Se revocaron las Medidas Cautelares impuestas al acusado por el Tribunal de Control Nº 01 de esta Sección de Adolescentes, en fecha 30 de junio del año 2006 contenida en el artículo 559de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide. En esta misma fecha se publicó la presente sentencia siendo las 12:10 horas de la tarde, a los 195° años de la Federación y 147° de la Independencia.
LA JUEZ DE CONTROL NRO.-01
Dra. Cristell Erler Navarro
LA SECRETARIA
Abg. Cristina Narváez Naar
Asunto: OP01-P-2006-002716
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