TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-
PARTE ACTORA: ciudadana ANA CECILIA HERNÁNDEZ DE DÍAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°. 1.863.183, domiciliada en la Ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado PEDRO POLEO SILVA, inscrito en el inpreabogado bajo el N°. 14.2654.
PARTE DEMANDADA: JUNTA DE CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL JUMBO.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inicia la presente demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, presentada por la ciudadana ANA CECILIA HERNÁNDEZ DE DÍAZ, asistida por el abogado PEDRO POLEO SILVA, en contra de la JUNTA DE CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL JUMBO.
Alega la parte actora en el libelo de la demanda que es arrendataria del local comercial N°. 2 ubicado en el Nivel Jumbo 1, del Centro Comercial Jumbo, Avenida 4 de Mayo, con Calle Campo, donde funciona el Fondo de Comercio LA LOCURA DE LA ABUELA SALA SHOW NIGTH CLUB, C.A., en la Ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta, dicho fondo de comercio realiza su actividad comercial como Tasca Restaurante, música en vivo y todo lo inherente a reunión de personas para el sano esparcimiento y disfrute; asimismo, alega que ha sido perjudicada económicamente durante ciento veintinueve (129) días como consecuencia de haber colapsado por falta de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, tuberías de los drenajes de los diversos locales comerciales donde se expide alimentos, de lo que le atribuye responsabilidad directa a la Junta de Condominio del Centro Comercial Jumbo, como Institución privada encargada de velar por el buen funcionamiento de los servicios en la copropiedad aludida y a sus actuales representantes legales, ciudadanos JUAN MIGUEL ARRIZABALAGA y ANITA ARTICO.
Recibida por distribución el 22.02.06 (f. vuelto del 4).
En fecha 22.02.06 (f. 5 al 48), comparece el abogado PEDRO POLEO SILVA, en su carácter de autos y consigna los recaudos señalados en el libelo de la demanda.
Por auto de fecha 01.03.06 (f. 49 y 50), se admitió la demanda ordenando emplazar a la parte demandada, JUNTA DE CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL JUMBO, en la persona de los ciudadanos JUAN MIGUEL ARRIZABALAGA y ANITA ARTICO, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, a objeto de dar contestación a la demanda incoada en su contra, asimismo se ordenó aperturar el cuaderno de medidas, a los fines de proveer sobre la medida solicitada. Dejándose constancia en esa misma fecha de haberse aperturado el cuaderno de medidas.
En fecha 05.04.06 (f. 52), comparece el abogado PEDRO POLEO SILVA, en su carácter de autos y manifiesta suministrar al alguacil los medios necesarios para el transporte y práctica de la citación correspondiente.
CUADERNO DE MEDIDAS.
Por auto de fecha 01.03.06 (f. 1), se aperturó el cuaderno de medidas y se ordenó a la parte solicitante constituir caución o garantía de las establecidas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, hasta cubrir la suma de Bs. 296.700.000,00 que comprende el doble de la suma demandada más las costas procesales.
En fecha 15.03.06 (f. 2 al 5), comparece el abogado PEDRO POLEO SILVA, en su carácter de autos y ofrece constituir garantía hipotecaria sobre el bien inmueble de su exclusiva propiedad ubicado en el Distrito El Pao del Estado Cojedes, a objeto de que se decrete la medida preventiva de embargo solicitada.
El día 21.03.06 (f. 6), se dictó auto ordenando la consignación de un avalúo realizado sobre el bien ofrecido en garantía hipotecaria realizado por un ingeniero o experto.
En fecha 27.03.06 (f. 7), comparece el abogado PEDRO POLEO SILVA, en su carácter de autos y solicita la constitución de otra garantía de posible aporte por la demandante en virtud de su avanzada edad.
Por auto de fecha 03.04.06 (f. 8), se le ordenó a la parte solicitante a los efectos de proveer sobre el decreto de la medida cautelar solicita constituir caución o garantía de las contempladas en el artículo 590 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue ordenado en el auto de fecha 01.03.06.
Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-
El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”.
El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”.
Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…”

De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal.
Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte accionante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición del alguacil los medios de transporte necesarios para que se llevara a cabo su traslado a los fines de la practica de la citación de la demandada, JUNTA DE CONDOMINIO DEL CENTRO COMERCIAL JUMBO pues emerge de las actas que lo hizo el día 05.04.06 cuando ya había precluído dicho lapso, lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV.- DISPOSITIVA.-
Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Se ordena agregar el Cuaderno de medidas al principal.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, (11) de Abril del año Dos Mil Seis (2006). Años: 195º y 147º.
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-
EXP: N°. 9062-06.-
JSDC/CF/nv.-
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión, previa las formalidades de Ley. Conste,
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-