TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-
PARTE ACTORA: GASTON RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular e la Cédula de identidad N° 4.276.378, domiciliado en la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta. -
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado LUIS A. ALFONZO, inscrito en el inpreabogado bajo el N°. 17.695.
PARTE DEMANDADA: ciudadana ELIZABETH ORIOL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 5.310.486, domiciliada en el local N° 04, Plata Baja del Centro Comercial Los Robles, Jurisdicción del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inicia la presente demanda por COBRO DE BOLIVARES (intimación), presentada por el ciudadano GASTON RODRIGUEZ, debidamente asistido por el abogado LUIS A. ALFONZO, en contra de la ciudadana ELIZABETH ORIOL.
Alega la parte actora en su libelo de la demanda que en fecha 30-01-05, fue librada en la ciudad de Porlamar una letra de cambio la cual fue aceptada por la demandada para ser pagada sin aviso y sin protesto a la fecha de vencimiento es decir el 30-03-05, por la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 200.000.000,00).
Así mismo alega que en virtud de las infructuosas gestiones de cobros realizadas y de la imposibilidad de la cancelación de dicha deuda es por lo que procede a demandar a la ciudadana ELIZABETH ORIOL por el procedimiento intimatorio contemplado en los artículos 640, 641 y 644 y siguientes del Código de Procedimiento Civil
Recibida por distribución el 14-07-05 (f. vuelto del 04)
En fecha 14-07-05 (f. 05 al 15), comparece el actor con la debida asistencia jurídica y consigna los recaudos indicados en el escrito libelar.
Por auto de fecha 20-07-05 (f. 16 y 17), se admitió la demanda ordenando la intimación del la demandada ciudadana ELIZABETH ORIOL, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a su intimación, para que apercibido de ejecución cancele o acredite haber cancelado las sumas de dinero que se especifican en el escrito libelar, dejándose constancia de haberse desglosado la letra de cambio que sirve de fundamento de la acción, asi como de la apertura del cuaderno de medida correspondiente.-
En fecha 28-07-05 (f. 18), se recibió diligencia suscrita por el ciudadano GASTON RODRIGUEZ, debidamente asistido de abogado, mediante la cual consigna copia simples del escrito libelar conjuntamente con el auto de admisión, con el fin de librar la compulsa correspondiente a objeto de efectuar la intimación de la demandada..
Por diligencia de fecha 28-07-05, ( 19) el actor ciudadano GASTON RODRIGUEZ, le otorga poder apud-acta al abogado LUIS A. ALFONZO, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 17.695.-
En fecha 02-08-05 (f. 20), se dejó constancia de haberse librado compulsa.
Por diligencia de fecha 11-10-05, el alguacil de este Juzgado consignó en seis (06) folios útiles compulsa que le fue suministrada a los fines de efectuar la intimación de la demandada en virtud de la imposibilidad de su ubicación.
CUADERNO DE MEDIDAS.-
Por auto del 20-07-05, se aperturó el cuaderno de medidas y se decretó medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un inmueble propiedad de la demandada con fundamento en los artículos 585 y 661 del Código de Procedimiento Civil, librándose el Oficio N° 13.925-05 de fecha 20-07-05 al Registro Inmobiliario del Municipio Maneiro del Estado Nueva Esparta.
Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-
El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”.
El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”.
Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…”

De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal.
Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte accionante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición del alguacil los medios de transporte necesarios para que se llevara a cabo su traslado a los fines de la practica de la citación de la demandada, ciudadana ELIZABETH ORIOL, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV.- DISPOSITIVA.-
Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Se ordena la suspensión de la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada en fecha 20-07-05 y agréguese el Cuaderno de medidas al principal.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, trece (13) de Octubre del año Dos Mil Cinco (2005). Años: 194º y 145º.
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-
EXP: N°. 8756-05
JSDC/CF/pbb.-

En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión. Conste,
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-