REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DEL MUNICIPIO DIAZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. SAN JUAN BAUTISTA. 195° y 146° El presente juicio se inicia por libelo de demanda por COBRO DE BOLÍVARES (Intimación), intentado por el abogado FRANCISCO BALESTRINI MORONTA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.455.275, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 18.055, procediendo en su propio nombre e interés, contra el ciudadano MARIO OLIVEROS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.541.698. Consta en auto de fecha 04 de Abril de 2.005 (f 4) del Cuaderno Principal. Se anota en el Libro de Entrada de Causas bajo el N° 272-05, y por cuanto la misma no es contraria a derecho, al orden público ni a las buenas costumbres, se admite cuanto a lugar en derecho y en consecuencia, de conformidad con el artículo 647 del Código de Procedimiento Civil, se ordena que se intime al ciudadano Mario Oliveros. En cuanto a la medida de embargo, el Tribunal proveerá por auto aparte y a tal efecto ordena aperturar el Cuaderno de Medidas. Consta en autos de fecha 06 de Abril de 2005 (f 1), se abre el Cuaderno de Medidas y vista la solicitud de medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad del demandado, este Tribunal considera llenos los extremos señalados en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia se decreta la medida preventiva de embargo sobre bienes propiedad del demandado. Consta en autos que en fecha 07 de Abril de 2005 (f 4) del Cuaderno de Medidas, se comisiona al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo, Gómez, Marcano y Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a los fines de practicar la medida preventiva de embargo. Consta en autos que en fecha 23 de Mayo de 2005 (f 24, 25 y 26) del Cuaderno de Medidas, el Juzgado ejecutor de Medidas se abstiene de practicar dicha medida en razón de que el patrimonio del demandado es distinto del patrimonio de la empresa, y estando presente el abogado Francisco Balestrini Moronta expuso que se reserva el derecho de seguir embargando bienes propiedad del demandado. Consta en autos que en fecha 30 de Septiembre de 2005 (f 6) del Cuaderno de Medidas se reciben las actuaciones practicadas por el Juzgado Ejecutor de Medidas. En fecha 07 de Abril de 2005, fue elaborada Boleta de Intimación, la cual fue entregada al ciudadano Alguacil del Despacho para su práctica, pero es el caso que hasta la presente fecha la parte actora no se ha presentado ni por si ni por medio de apoderado a gestionar la intimación del demandado. En base a ello el Tribunal hace las siguientes consideraciones: En relación a lo transcrito en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil establece: “También la instancia se extingue cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”. Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlo bajo amenaza de perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, por cuanto la Ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante a los efectos de la práctica de la citación, para evitar que se produzca la perención, es decir, si el actor cumple, es evidente que no opera la aplicabilidad del supuesto de hecho del ordinal 1° del artículo 267, el cual exige para aplicar la sanción allí prevista que no se cumpla con la obligación impuesta por la Ley. A propósito de estas obligaciones o cargas que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 06 de Julio de 2004, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, en el caso seguido por José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual, por Cumplimiento de Contrato de Seguro, ha estimado necesario y oportuno conciliar bajo el nuevo principio de la justicia gratuita, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos, ya que nada se ha dicho sobre la obligación contemplada en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puesto que las obligaciones a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ordinal 1° destinadas al logro de la citación, no son solamente de orden económico. El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala: “Cuando haya que cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas, la parte promoverte o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia, se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal,Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500)metros de su recinto.” Las obligaciones a que se contrae el ordinal 1° del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; en primer lugar la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del Libelo, libramiento de boleta de citación y liquidación de las planillas de arancel, normas que perdieron vigencia por contrariar la gratuidad de la justicia, contemplada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que dada su derogatoria no cumple con los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el que se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gasto de manutención y hospedaje, cuando haya de cumplirse en lugares que disten a más de 500 metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero jamás mediante planillas o recibos, pero que su incumplimiento a juicio de la Sala de Casación Civil, generan efectos de Perención. No existe norma alguna que imponga a estos funcionarios a soportar en su patrimonio tales gastos, habida cuenta que tales diligencias, son del único y exclusivo interés del peticionante o demandante, para la obtención de la citación, por cuanto la gratuidad de la justicia hace solo referencia al arancel judicial o ingreso público tributario. Así mismo ha sostenido la Sala que con lo dicho no debe entenderse que la citación debe ser practicada dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de su reforma, por el contrario, lo que debe cumplirse dentro del lapso de treinta días, son las obligaciones previstas en la Ley, destinadas a lograr la citación, importando poco que esta se practique efectivamente después de esos treinta días, quedando de esta forma modificado el criterio sostenido por esta Sala en sentencias anteriores relacionadas con la Perención Breve. Con base a las anteriores consideraciones, este Tribunal observa que desde la fecha 04 de Abril de 2005 que fue admitida la demanda, el demandante no ha cumplido con la obligación que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado, y desde esa fecha hasta el día de hoy han transcurrido siete (07) meses sin que la parte actora haya impulsado el proceso, motivo por el cual de conformidad con el artículo 267 ordinal 1° y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley decreta de Oficio la Perención de la Instancia en el presente Juicio.- En consecuencia se suspende la medida preventiva de embargo decretada. Regístrese, publíquese, diarícese y déjese copia. Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juzgado del Municipio Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva esparta. San Juan Bautista, a los Veinticinco días del mes de Noviembre de Dos Mil Cinco.- La Juez Provisoria; _________________________________________ Abogada: MERCEDES HENRIQUEZ SUBERO.- La Secretaria Temporal; _____________________________________ Abogada: MILAGRO GONZÁLEZ LUGO.- En esta misma fecha, 25-11-05, siendo las 10:00 de la mañana, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, se dio cumplimiento a la anterior decisión conforme está ordenada. CONSTE.- _________________________________ La Secretaria Temporal.- EXP. N° 272-05.- MHS/mgl/al.