TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-
PARTE ACTORA: Empresa MIPLAN RECÍPROCO MIPLAN, S.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 26 de Enero de 1.994, bajo el N°. 65, Tomo 14-A Segundo, reformado sus Estatutos según consta de asiento debidamente inscrito por ante la citada Oficina de Registro Mercantil, en fecha 05 de Septiembre de 1.994, bajo el N°. 43, Tomo 80-A Segundo y cuya última modificación esta inscrita por ante la misma Oficina de Registro Mercantil, en fecha 23 de Septiembre de 2004, bajo el N°. 67, Tomo 157-A Segundo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogada HILDA MARINA DURAN, inscrita en el inpreabogado bajo el N°. 89.714.
PARTE DEMANDADA: ciudadano CARLOS ANTONIO FERRER VÁSQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 10.196.765, domiciliado en la Ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No acreditó.
II.- BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS DEL PROCESO.-
Se inicia la presente demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA CON RESERVA DE DOMINIO, presentada por la abogada HILDA MARINA DURAN TORO, en su carácter de apoderada judicial de la Empresa MIPLAN RECÍPROCO MIPLAN, S.A, en contra el ciudadano CARLOS ANTONIO FERRER VÁSQUEZ.
Alega la parte actora en su libelo de la demanda que en fecha 29.11.02 la Empresa NISSMAR ORIENTAL, C.A., dio en venta con reserva de dominio al ciudadano CARLOS ANTONIO FERRER VÁSQUEZ un vehículo clase: Automóvil, Tipo: Sedan, Marca: Nissan, Modelo: Sentra Clásico, Año: 2003, Color: Blanco, Capacidad: 5 puestos, Serial Motor: GA16880875R, Serial Carrocería: 3N1EB31S73K462606, Placa: EV700T, destinado al uso de taxi, según consta del contrato de venta con reserva de dominio inscrito y autenticado por ante la Notaría Pública Segunda de Caracas, en fecha 08.08.03, bajo el N°. 53 de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaría, con tal objeto se le otorgó un crédito para su pago, en el vencimiento mensual establecido en el contrato, donde aparece claramente establecido que el vehículo debía ser cancelado por el ciudadano CARLOS ANTONIO FERTRER VÁSQUEZ, en los siguientes términos y condiciones Quince Millones de Bolívares (Bs. 15.000.000,00) como precio base de contrato; Dos Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 2.500.000,00) como el total de inicial entregada en efectivo; Doce Millones Quinientos Mil (Bs. 12.500.000,00) como saldo a financiar y Doce Millones Quinientos Mil (Bs. 12.500.000,00) como saldo deudor a financiar, para ser pagados en Cincuenta (50) cuotas. Asimismo, alega que la Empresa NISSMAR ORIENTAL, C.A., en esa misma fecha le cedió los derechos de los cuales era titular en virtud del contrato; que el comprador es deudor de plazo vencido de capital e intereses de ocho (8) cuotas íntegramente vencidas por la cantidad total de Tres Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 3.796.468,00), siendo infructuoso todo cobro extrajudicial intentado.
Recibida por distribución el 02.06.05 (f. vuelto del 4)
En fecha 02.06.05 (f. 5 al 11), comparece la abogada HILDA DURAN, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y consigna parte de los recaudos señalados en el libelo de la demanda.
Por auto de fecha 09.06.05 (f. 12 y 13), se admitió la demanda ordenando emplazar al ciudadano CARLOS ANTONIO FERRER VÁSQUEZ, a los fines de que compareciera por ante este Tribunal al segundo (2do) día de despacho siguientes a su citación, a objeto de dar contestación a la demanda incoada en su contra, y se ordenó aperturar el cuaderno de medidas, a objeto de proveer en relación a la medida solicitada. Dejándose constancia de haberse aperturado el cuaderno de medidas en esa misma fecha.
El día 09.06.05 (f. 14 al 26), comparece la abogada HILDA DURAN, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora y consigna la totalidad de los recaudos enunciados en el libelo de la demanda.
CUADERNO DE MEDIDAS.
En fecha 09.06.01 (f. 1), se dictó auto aperturando el cuaderno de medidas y se exigió a la parte actora, a los fines de proveer en relación a la medida de secuestro solicitada la constitución de caución o garantía hasta cubrir la cantidad de Bs. 34.162.659,00, que comprende el doble de la suma demandada más las costas procesales.
Siendo la oportunidad para decidir sobre la misma este tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:
III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISION.-
El Numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“..Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”.
El procesalista RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329, comenta:
“...La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función Pública del proceso ( cfr comentarios al Art. 14) exige que éste, una, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
Por ello, el juez pueda denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la Instancia...”.
Sobre este particular el Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 06.07.2004 de la Sala de Casación Civil, estableció lo siguiente:
“…Que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plana aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha Ley y que igualmente debe ser estricta y oportunamente satisfecha por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencia en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del tribunal; se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de las obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especia o de otra forma, entre tanto que la obligación que aún subsiste de transportación de los funcionarios auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se publicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.
Estos nuevos argumentos doctrinales como ya se indicó, no son aplicables al caso en estudio, pero si para aquellos que se admitan a partir de la publicación de esta sentencia. De este modo bajo criterio imperante para el momento, la denuncia analizada debe ser declarada procedente. Y así se decide…”
De lo anterior se colige que dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda el actor mediante presentación de diligencia está en la obligación de suministrar o poner a la disposición del alguacil los medios estrictamente necesarios de transporte para su traslado o por lo menos suministrar la dirección de la parte demandada cuando la citación deba efectuarse en un sitio que diste a más de 500 metros de la sede del tribunal, pues de lo contrario, dicha omisión acarrearía inevitablemente la perención de la instancia conforme al numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Como se evidencia la Sala Civil de nuevo le da vida a la perención breve con la particularidad de que las obligaciones del actor no estarán centradas en el pago de emolumentos o derechos arancelarios como operaba antes de la promulgación del texto fundamental, sino en proporcionarle al funcionario encargado de llevar a cabo la citación el transporte necesario para su traslado al sitio donde se encuentra el demandado, cuando éste- se reitera- se encuentre a más de 500 metros de la sede del tribunal.
Establecido lo anterior, se desprende de las actas que la parte accioanante incumplió con la carga procesal que le fue impuesta según el fallo parcialmente trascrito, toda vez que durante los treinta (30) días siguientes a la admisión no concurrió al proceso a los efectos de poner a la disposición del alguacil los medios de transporte necesarios para que se llevara a cabo su traslado a los fines de la practica de la citación del demandado, ciudadano CARLOS ANTONIO FERRER VÁSQUEZ, todo lo cual conduce a declarar la consumación de la perención de la instancia con fundamento en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.
IV.- DISPOSITIVA.-
Por los anteriores señalamientos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: Agréguese el cuaderno de medidas al principal.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, DÉJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. La Asunción, Veintiocho (28) de Julio del año Dos Mil Cinco (2005). Años: 194º y 145º.
LA JUEZA,

Dra. JIAM SALMEN DE CONTRERAS.
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-
EXP: N°. 8705-05.-
JSDC/CF/nv.-
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión previa las formalidades de Ley. Conste,
LA SECRETARIA,

Abg. CECILIA FAGUNDEZ.-