REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO N° 2

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta. Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio Nro. 2. La Asunción, 23 de abril del 2004. 193º y 144º Revisada la anterior solicitud del abogado Cruz Daniel Carreño, en su carácter de defensor privado del acusado Dilson Alejandro Medina Rincón, venezolano, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 16 de febrero de 1979, titular de la cédula de identidad N° 15.856.322, juzgado por la presunta comisión del delito de abuso sexual a niño, previsto y sancionado en el artículo 259, ordinal 1°, de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, este juzgador para decidir observa: Manifiesta el defensor que Dilson Alejandro Medina Rincón, se encuentra privado de su libertad desde el día 16 de marzo del 2002, fecha en la cual se le decretó su privación judicial preventiva por el juzgado tercero en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta. Desde entonces y hasta la fecha de la interposición de su escrito, han transcurrido más de dos (02) años privado de su libertad sin que se haya verificado su juicio oral y público, es decir, más del tiempo previsto en el artículo 244, primer aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone que en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, violándose de esta manera disposiciones relacionadas con la libertad personal, debido proceso y derecho a la defensa, previstas y sancionadas en los artículos 44, 49 de la Constitución Nacional y artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido, según sentencia nro. 2389 de fecha 28 de agosto del 2003 del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando, con relación a las medidas de coerción personal cuya duración haya sido mayor de dos años, se dispuso que: “....En este orden de ideas, el mismo imputado o acusado tiene el derecho de solicitar tal decreto, una vez que se verifique el transcurso de un lapso superior al establecido como máximo, de forma que al constatar tal supuesto, el juez está obligado a declarar el decaimiento de la medida privativa de la libertad, debido al mandato expreso contenido en el citado artículo 244 de la ley procesal penal, a fin de evitar que una medida que fue dictada conforme a derecho se convierta en ilegítima al vulnerar un derecho de rango constitucional. Sin embargo, debe aclararse que lo anterior no impide que de ser necesario para garantizar la finalidad del proceso, el juez deba, simultáneamente, una medida cautelar sustitutiva, para evitar que renazca el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad...”. Por otra parte, este juzgador, congruente con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia nro. 479, fecha 07 de marzo del 2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, según la cual, no puede favorecer al acusado la actitud torpe del defensor cuando su conducta indebida haya contribuido a dilatar el proceso a tal punto de extenderse la detención por un lapso mayor de dos años, pasó a revisar la presente causa y no constató la existencia de táctica dilatoria alguna por parte del defensor previo, ni del actual defensor que contribuyere a ese fin. En consecuencia, vencido como está el lapso de los dos años establecido en el artículo 244, único aparte del Código Orgánico Procesal Penal, sin que se haya verificado el juicio oral y público en la presente causa seguida a Dilson Alejandro Medina Rincón, lo procedente y ajustado a derecho es acordarle una medida cautelar sustitutiva menos gravosa, que consistirá en caución personal y prohibición de salida del estado Nueva Esparta, de conformidad con los artículos 256, ordinal 4° y 258, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, a fin de garantizar su presencia para el día del juicio oral y público. En razón de ello, el acusado deberá prestar fianza personal de dos fiadores, de reconocida buena conducta, responsables y tener capacidad económica para atender las obligaciones que contraen, para lo cual deberán demostrar tener un ingreso mensual equivalente a un salario mínimo, a objeto de poder cumplir con las cargas previstas en el artículo 258 del citado texto adjetivo. Una vez cumplidas las exigencias antes expuestas, se otorgará la medida sustitutiva de libertad, para lo cual se trasladará al acusado a los fines previstos en el artículo 260 del Código Adjetivo Penal. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el Código Orgánico Procesal Penal. El Juez Abg. Eduardo Capri Rosas La Secretaria Abg. Lírida Rosas Rosas. C: 2M-056.