REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DEL MUNICIPIO DIAZ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. SAN JUAN BAUTISTA. 193° y 144° En fecha 25 de Junio del 2001, el abogado CARLOS RAFAEL HERNANDEZ, Inpreabogado N° 27.208, procediendo en su carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), presentó por ante este Juzgado formal demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE VENTA A PLAZOS, contra la ciudadana MIRIAM VIZCAINO DE VILLARROEL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.427.499. Se le dio entrada y se anotó en el Libro de Entrada de Causas Civiles bajo el N° 197-01. Por auto de fecha 28-06-01 se admite por no ser contraria a derecho, al orden público y a las buenas costumbres. Se ordena emplazar a la demandada, ciudadana Miriam Vizcaíno de Villarroel en la Urbanización Praderas de Valle Verde, Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta para que comparezca a este Juzgado dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a su citación, a dar contestación a la demanda. En cuanto a la medida de secuestro solicitada, el Tribunal proveerá por auto aparte y a tal efecto ordena abrir el correspondiente Cuaderno de Medidas. Por auto de fecha 06 de Julio de 2001, se abre el cuaderno de medidas y de conformidad con el artículo 599, ordinal 7° del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 41 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario se decreta medida de secuestro sobre un inmueble ubicado en la Avenida 01, N° 02 de la Urbanización Praderas de Valle Verde, Jurisdicción del Municipio Díaz del Estado Nueva Esparta. A los fines de hacer efectiva la medida decretada, se ordena comisionar al Juez ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendi, Antolín del Campo, Gómez, Marcano y Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. En fecha 17 de Julio de 2001 se libró el Exhorto, y la medida de secuestro se ejecutó en fecha 03 de Octubre de 2001, recibiéndose dichas actuaciones en fecha 17-10-01.- Por todo lo antes expuesto, el Tribunal pasa hacer las siguientes Consideraciones. La Sala Constitucional en fallo 1° de Junio de 2.001, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, sentencia N° 956 estableció: “La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la Instancia.” Para que corra la perención, la clave es la Paralización de la Causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la inactividad de las partes. La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se potentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie. Del fallo antes transcrito se desprende que para que declare la perención, es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, y surja una inactividad absoluta. ¿Para qué mantener viva una acción, si uno de los elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe? De igual manera la Sala Político Administrativa, en sentencia de fecha 13 de Junio del 2.001, ha señalado la nueva interpretación de Perención de la Instancia, establece lo siguiente: Sin embargo, esta sala observa que la Perención de la Instancia opera por la inactividad procesal de las partes, es decir la no realización de actos de procedimientos destinados a mantener en curso el proceso, en un período de al menos un (01) año, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia o cuando transcurre el lapso previsto en los supuestos de hecho del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La Perención de la Instancia se verifica ope legis al vencerse el año de inactividad procesal atribuible a las partes. Para el cómputo del lapso del año establecido en el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, hay que partir de la última actuación; en el presente caso, en fecha 28 de Junio del año 2.001, se admitió la presente demanda y se abre el Cuaderno de Medidas, y en fecha 17 de Julio de 2001 se oficia al Juez Ejecutor de Medidas de los Municipios Arismendí, Antolin del Campo, Gómez, Marcano y Díaz, a los fines de practicar la Medida de Secuestro decretada, la cual fue ejecutada en fecha 03 de Octubre del 2001, y las actuaciones se reciben en fecha 17-10-01, ordenándose en la misma fecha agregar al expediente; observándose que la última actuación fue el 08 de Agosto de 2002, y desde la fecha antes indicada hasta el día de hoy, transcurrió un (1) año, sin que la parte actora haya impulsado el proceso, motivo por el cual de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley decreta de Oficio la Perención de la Instancia en el presente Juicio. Regístrese, publíquese, diarícese y déjese copia. Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juzgado del Municipio Díaz de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva esparta, a los trece días del mes de Octubre de dos mil tres.- La Juez Provisoria; ___________________________________________ ABOGADA: MERCEDES HENRIQUEZ SUBERO.- La Secretaria; ______________________________________________ ABOGADA: ANNY FERNANDEZ DE VELASQUEZ.- En esta misma fecha, 13-10-03, siendo las 10:30 de la mañana, previo cumplimiento de los requisitos de Ley, se dio cumplimiento a la anterior decisión. CONSTE.- _________________________________ La Secretaria.- EXP. N°| 197-01.- MHS/afdv/alm.-